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Jorge Moreno Ojeda, «el duro» de la seguridad privada del país

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La sombra del poderoso empresario de la seguridad privada en la UNP, es el título con el que el portal las 2 orillas relaciona el dossier de jorge Moreno Ojeda, quien desfalcó a la Caja Popular cooperativa, una entidad financiera que nació en Boyacá y que prestó sus servicios además en Casanare.

La historia

Jorge Moreno controla un ejército urbano de más de mil hombres, maneja la seguridad de los personajes más amenazados del país y está señalado de ser el cerebro del cartel de la seguridad privada en Colombia

Desde el primer día que el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Mora tomó posesión de su cargo, de la primera persona que escuchó hablar fue del contratista Jorge Moreno Ojeda. No era para menos, Mora tenía que entregar los contratos de servicio de escoltas, alquiler de vehículos y de armas que garantizarían el funcionamiento de la entidad que les cuida la vida a ocho mil personas amenazadas en Colombia y Moreno estaba rondado. Los pocos que se atreven a hablar de él en la UNP lo hacen en voz baja. El nombre del contratista es un común denominador allí y en los círculos de poder, ministerios y otras entidades donde Moreno Ojeda tiene a cargo la seguridad de funcionarios públicos, de las instalaciones de las entidades y de las personas amenazadas.

De él se escuchó en 1998 durante el gobierno de Ernesto Samper, padrino de bautizó a su primer hija, Angélica, cuando salió de la gerencia de la Caja Popular acusado de un desfalco de $90 mil millones desviados a inversiones familiares como un campo de golf y apoyos financieros a un equipo de fútbol de su departamento, Boyacá.

 

 Desde su aparatosa salida de la Caja Popular, Moreno Ojeda, entró a la mira de los organismos de control. Había enviudado y en el apogeo de su éxito empresarial contrajo segunda nupcias con Ana María Laguado, vigilante de una de sus empresas a quien convirtió en secretaria y luego en su esposa. Con ella tendría sus otros dos hijos: Jorge Arturo y Sara Sofía. Pronto se separó, se alejó de la vida pública y optó por perfilarse de lleno como empresario, mientras tuvo su tercer matrimonio con una modelo chocoana, su actual esposa Tracy Andrade.

Jorge Moreno había pasado años difíciles, pero paradójicamente en ellos se disparó como empresario. Entendió cómo navegar entre aguas espesas con un pie en la política y otro en los negocios. Fue candidato a la Cámara por La U en el año 2012, pero una investigación por presunta financiación irregular tumbó su candidatura; en su hoja de vida aparecen referencias de políticos como el actual presidente del Congreso, José David Name, el viceministro del Interior Carlos Ferro y los excongresistas Dilian Francisca Toro, Efraín Torrado, Violeta Niño y Carlos Cárdenas, y recientemente se ha conectado con los Gaviria a través de Jorge Muñóz, cuñado del expresidente César gaviria; Moreno también apoyó abiertamente a la representante María Fernanda Cabal durante su candidatura a la Cámara en 2014, con un respaldo económico, como lo ha hecho con muchos de los candidatos a los que se ha acercado durante su acenso empresarial.

Su emporio de seguridad radica en el control de varias empresas como Guardianes, Starrcop, y uniones temporales como Protección 33 y Siglo 21 entre otras. A través de sus negocios de finca raíz ha adquirido propiedades en el barrio La Castellana de Bogotá y con sus utilidades ha realizado inversiones de palma en los llanos, adquirido agencias de viaje y acciones en explotación minera en Perú y México.

Su tranquilidad se terminó en abril de 2015 cuando los ojos de la Fiscalía y el súperintendente Pablo Felipe Robledo –tío de Mauricio Hernández, funcionario de la UNP vinculado a las investigaciones- se habían posado sobre él y su círculo más cercano: Jorge Moreno y sus familiares, Carlos Moreno Cubillos y Aurora Moreno Ojeda, fueron acusados de ser la cabeza de un cartel de empresas de seguridad que supuestamente se aliaron para engañar al Estado y quedarse con 252 contratos por $320 mil millones con entidades como la Contraloría, la Fiscalía General, ministerio de Trabajo, ministerio de Hacienda y el ICBF, así como con 13 gobernaciones y 17 alcaldías a las que sus empresas le han prestado servicios de seguridad. También es investigado otro de sus socios, el excoronel retirado Leonidas Aponte quien representa a la firma ISEVIG.

De las ocho empresas investigadas las tres más grandes tiene relación directa con Jorge Moreno: La principal, su centro de operaciones en el barrio La Castellana , es la firma Guardianes, en la que figuró como representante legal hasta el año 2013, pero que aún sigue siendo de su propiedad, y tiene el control de las firmas Starcoop, y Cobalsec, en la cual es socio del exgerente del Fondo de Vigilancia de Samuel Moreno, Polo Ávila. Esta última, una empresa en la que son socios desde que ésta prestaba seguridad en el Palacio de Justicia el día de la toma y retoma del M19 y el Ejército en 1985.

En este escenario, el director de la UNP debía iniciar el nuevo proceso de licitación. Diego Mora puso las antenas y ordenó elaborar un estudio confidencial que se tituló “El Cartel de la Seguridad”. Este reafirmó sus preocupaciones. El elaborado informe apuntaba a Jorge Moreno como el cerebro detrás del entramado que ya investigaban las autoridades. Mora pidió entonces un acompañamiento de la Procuraduría. Su intención era abrir el proceso de licitación para contratar el alquiler de vehículos blindados, escoltas y armas, para que participaran nuevos proponentes, de modo que las empresas de Moreno Ojeda estuvieran marginadas del proceso, dadas las investigaciones en su contra y su aparente relación con varios de los casos de corrupción en la UNP.

El director de la UNP tenía indicios de que el último Secretario General nombrado por el exdirector Andrés Villamizar, Alonso Miranda, le habría entregado en octubre de 2014 un contrato de forma directa a una de las empresas de Jorge Moreno por valor de $650 millones. Este contrato correspondería a un servició de alquiler de vehículos que ya prestaba otra de las empresas de Moreno, es decir que la UNP habría pagado dos veces por el mismo servicio al contratista.

El mismo funcionario, Alonso Miranda, con el consentimiento del anterior director, había aceptado una reclamación administrativa por parte de Moreno Ojeda que junto a otros consorcios pedían cerca de $300 mil millones como indemnización por pérdidas económicas en uno de los contratos, que según su reclamación habría sido mal liquidado. Extrañamente el caso paso del Consejo de Estado a tribunales de arbitramento donde el Estado tiene más riesgo de perder ante los particulares.

Fueron épocas en que naufragaron las denuncias de los sindicatos y del exsecretario general Julián Marulanda respecto de estas aparentes irregularidades y de supuestos sobrecostos que las empresas de Jorge Moreno le estarían cargando a la UNP por el servicio de un grupo de escoltas especializados llamado UNP500, más otras irregularidades en materia de contratación y cobro de viáticos.

Todos estos indicios no fueron suficientes para que Diego Mora pudiera apartar a Jorge Moreno y a sus empresas del proceso. Un concepto de la Procuraduría terminó abriéndole el camino a Jorge Moreno para participar en la nueva licitación. La Procuraduría pidió que se le garantizara la equidad de condiciones y recomendó cambiar el pliego de licitación.

Moreno Ojeda logró quedarse con cerca del 60% de los dos contratos por más de 80 mil millones. Hoy maneja 1.300 de los 3.000 escoltas que trabajan en la UNP y tiene a cargo un porcentaje importante en el alquiler de vehículos blindados y convencionales así como de armas para uso de los escoltas. Contratos que ganó en la sombra, sin figurar, a través de una nueva estratagema mediante un consorcio llamado UT Seguridad Avanzada en el que familiares y cercanos colaboradores aparecen como representantes legales.

Sin embargo, sus antecedentes en la UNP comienzan en el 2012, cuando ya lideraba un cartel de Seguridad según afirma la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los contratos de la UNP para el servicio de alquiler de carros, suministro de armas y de escoltas eran manejados entre varias empresas, por dos consorcios en los que tenia participación de Jorge Moreno:Protección 33 y la Unión Temporal Siglo XXI. Estas empresas terminaron investigadas por la Fiscalía por los hechos de corrupción que dejaron al director administrativo Luis Eduardo Molino capturado y al exsecretario General Julián Marulanda acusado y fuera del país. Las investigaciones de entonces giran en torno al pago de un soborno realizado por uno de los directivos de las empresas de Moreno Ojeda, Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien al parecer le entregó diez millones de pesos al coordinador administrativo de la UNP, Luis Eduardo Molinares.

Desde la repartición de los primeros contratos en el 2012, el nombre de Moreno Ojeda también estuvo en la lupa de las autoridades: un día antes de declarar desierto el contrato en 2012 para escoger el operador de los servicios de protección en el que competían la firma VISE y la de Jorge Moreno Ojeda en alianza con Jorge Berrio bajo la figura de “Unión Temporal 17“, el hombre jefe de gabinete de Andrés Villamizar, encargado de definir la adjudicación de contrato, se suicidó.

En una glosa a uno de los informes balísticos que se realizaron a las empresas proponentes, Germán Escobar dejó una nota de su puño y letra en la que ordenaba que no se le entregaran los contratos a las empresas e Moreno. Escobar no fue escuchado, la licitación fue declarada desierta y las empresas de Moreno Ojeda se quedaron con una porción importante de la contratación.

Funcionarios de la UNP que estuvieron presentes en todos los confusos hechos que han ensombrecido la entidad, como Carlos Cuchimaque, exdirectivo encargado de la contratación en la UNP; José Luis Aguilar, primer subdirector y director en encargado; y Diana Botero, ex asistente de Andrés Villamizar, han terminado trabajando para Jorge Moreno Ojeda en su staff de empresas.

Ante el poder de Moreno en la UNP, Diego Mora ya comenzaba a comprender el nuevo mundo en que se movía en medio de empresarios que controlaban ejércitos armados y que tenían importantes intereses en juego.

Su posición más radical ante la millonaria reclamación administrativa de Moreno Ojeda contra la UNP y su intención de democratizar la contratación, que le costó críticas hasta de su antecesor, Andrés Villamizar, que quería dejar la idea de que él había dejado todo listo para contratar el personal de forma directa y sin intermediación de contratistas, lo harían pasar su peores momentos desde que tomó posesión del cargo. Por primera vez Mora reaccionó exaltado contra su antecesor: “Quisiera ver dónde están las actas que soportan esas decisiones’’, le respondió a Villamizar desde su cuenta de Twitter.  Luego, una llamada diplomática de Villamizar calmó la tensión pero al final, las actas no aparecieron y la decisión de contratar los servicios con terceros era un hecho hace un par de semanas.

Horas más tarde de la discusión, su hija, Daniela Mora, sería secuestrada en la ciudad de Cúcuta en confusos hechos atribuidos a la “delincuencia común”, hechos por los que hay tres hombres capturados. Diego Mora ha cambiado la versión en varias oportunidades y cuando se le pregunta si el secuestro de su hija tuvo que ver con presiones por la pasada entrega de los millonarios contratos en la UNP solo baja la mirada, dice que tiene miedo, que no se atreve a señalar a nadie, pero que espera que las autoridades puedan decirle quién fue el responsable para saber el costo de haber aceptado un cargo público que le cambió la vida después de trabajar como exitoso empresario en el sector privado.

Por su parte Jorge Moreno había construido buenas relaciones con agentes retirados del liquidado DAS. Contrató a muchos en sus empresas y fue a través ellos con quienes siempre mantuvo canales directos con la UNP, funcionarios que provenían en su mayoría del esa entidad eliminada por corrupción.

Sus buenas conexiones fortalecidas por sus vínculos políticos le permitieron levantar un imperio, que aunque tiembla, sigue dominando la contratación pública. La investigadora que tiene su nuevo caso fue misteriosamente relevada en una entidad donde el hijo del expresidente Samper, Miguel Samper, oficia como consejero del Fiscal Eduardo Montealegre.

Chivas del Dia

Detienen a una monja colombiana en Argentina, acusada de abuso sexual

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La religiosa de 64 años pertenece a la congregación las Hermanas Trinitarias de Buenos Aires y fue capturada por presuntamente abusar a una menor de edad.

Los presuntos hechos delictivos se produjeron en 2020, concretamente en un hogar de las Hermanas Trinitarias del municipio de Boulogne, Argentina, donde —según la denunciante, una menor de 14 años— la colombiana le habría hecho tocamientos la cocina y en un depósito del hogar; además, también la habría espiado mientras estaba desnuda, informó EFE.

La monja señalada, que es conocida como ‘Sor Marina’, pero su nombre es María Tellez Fajardo, fue imputada por la Fiscalía argentina de “ abuso sexual simple agravado, por haber sido cometido por el culto religioso y por ser una persona encargada de la guarda de las menores“, indicó Clarín.

La abogada de la denunciante, Soledad Molina, confirmó al canal noticioso TN que el miércoles sehizo la indagatoria a la monja y que ella permanece detenida por orden del fiscal Marcelo Fuenzalida de San Isidro (provincia de Buenos Aires).

“Ahora lo que tenemos que esperar es el recorrido normal del proceso y ver si alguna de las chicas puede sumarse a prestar declaración testimonial, esto sería fundamental para la causa también”, aseveró la jurista.

Y es que Molina manifestó que existe la posibilidad de que haya otras denuncias de abuso sexual y que, de hecho, hay otra causa judicial relacionada con Sor Marina “que todavía figura en trámite”.

“(La otra denuncia) No sería sobre la misma religiosa, sino que habría un encubrimiento con otra de las religiosas (…). Sí es muy importante que también habría sido trasladada la religiosa denunciada, Sor Marina, a otras sedes para enfriar la denuncia”, aclaró la abogada.

Tras la detención de la religiosa colombiana, la orden de las Hermanas Trinitarias de Buenos Aires emitió un comunicado en el que manifestó su “apoyo incondicional a la hermana Marina”, al tiempo que subrayó el “perjuicio irreparable” que supone esta noticia para la congregación.

Respecto a la denuncia, la congregación sostuvo que Sor Marina “no comprende los motivos por los cuales la joven pudo haberse sentido incómoda”, ya que su trato como cocinera del hogar “siempre fue muy cordial”.

“Jamás tuvo de su parte algún reproche en ningún sentido, con lo cual no sale de su asombro por lo que está viviendo y así se lo explicó a las autoridades”, agregó la orden religiosa.

En cualquier caso, desde la congregación aseguraron que colaborarán con la justicia en “todo lo necesario”, puesto que están convencidos de que “todo esto se aclarará debidamente con una investigación judicial.

Fuente, Pulzo

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Chivas del Dia

Miembros de la Sijín estarían involucrados en la muerte de Lucas Villa

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Un testigo clave en el proceso aseguró a las autoridades que miembros de la Sijín estarían involucrados en la muerte de Lucas Villa.

Al parecer, esta persona también hace parte de la institución y está pidiendo protección para poder entregar los nombres.

Según conoció Caracol Radio, Villa habría muerto en Pereira en medio de un operativo ilegal entre el grupo delincuencial Cordillera y varios agentes de esta dirección de investigaciones de la Policía Nacional.

Lucas Villa es una de las víctimas mortales que deja el paro nacional en el país. Él murió después de varios días en los que batalló por su vida.

Este universitario resultó herido en el viaducto de Pereira en la noche del 5 de mayo. Ahí, recibió ocho impactos de bala.

La información sobre el nuevo detalle en el caso de Villa se filtró en la Mesa Nacional de Víctimas.

Ahí, Eisenhower Zapata, miembro de la mesa, dijo que un testigo clave pidió a las autoridades asilo político para él y toda su familia.

Esta sería la única forma en la que el testigo clave del caso podría contar quiénes participaron en este hecho.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

Autoridades civiles y militares evaluaron condiciones de seguridad en dos municipios del Meta

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En desarrollo del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras, la Fuerza Pública informó que en lo corrido de año 2021, no se reportan homicidios en el municipio de Mesetas, mientras que, en Uribe se registra una significativa reducción de los diferentes delitos.

Asimismo, las autoridades militares dan cuenta de la presencia de los Grupos Armados Organizados residuales (GAO) (disidencias de las Farc) en este territorio, donde se mantienen las actividades de búsqueda y de investigación criminal que permitan dar con el paradero de los integrantes de la comisión desaparecida desde el pasado 27 de mayo en esa zona y que está integrada por Karen Sulay Garay Soto, Jhon Steven Cagua, Yamilf Cortés Uribe y Sandra Milena Cortés Uribe.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, informó que la Fuerza Pública determinó que para facilitar las labores de búsqueda de los desaparecidos, se suspendió el trámite administrativo de restitución en esos dos municipios por el lapso de un mes; tiempo que se destinará a la planeación de las actividades de georreferenciación y salidas a terreno enmarcadas en la política de restitución de tierras.

Así las cosas, en una próxima reunión del Comité Operativo Local de Restitución de Tierras, se revisarán las condiciones de seguridad en la zona para continuar con las labores de restitución. En Mesetas hay 523 solicitudes de restitución y en Uribe se reportan 526 reclamaciones.

El Comité semipresencial llevado a cabo en el auditorio del Hotel Jaque de la IV División del Ejército en Villavicencio, contó con la presencia del General Raúl Hernando Flórez, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA; el Brigadier General Roger Gómez Herrera, Comandante Fuerza de Despliegue Rápido N° 1; el Coronel Héctor Murillo, Comandante Séptima Brigada; y el Coronel Diego pinzón, jefe del Comando Operativo de seguridad Ciudadana de la Policía Meta.

Además, participaron los representantes de las autoridades civiles: Nelson Ordoñez, Procurador Judicial 25 Especializado en Restitución de Tierras; Danny Usma, coordinador del Grupo de Prevención, Protección y Seguridad de la Unidad de Restitución de Tierras; Alexander Bejarano, coordinador regional de la Unidad Nacional de Protección en la Orinoquia; Deisy Olaya, secretaria de Gobierno del municipio de Mesetas; Liliana Roa, secretaria de Gobierno del municipio de Uribe; Margarita Bolívar, coordinadora de DD.HH de la ONU en el departamento del Meta; al igual que delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección Seccional de Fiscalías.

La directora territorial Meta de la URT, Jenny Capote, reiteró el llamado a las autoridades locales de los municipios de Mesetas y Uribe, y a la ciudadanía en general de estos municipios para que continúen apoyando la búsqueda de las personas desaparecidas a fin de que pronto regresen sanos y salvos al seno de sus hogares.

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