Connect with us

judicial

Jorge Moreno Ojeda, «el duro» de la seguridad privada del país

Published

on

La sombra del poderoso empresario de la seguridad privada en la UNP, es el título con el que el portal las 2 orillas relaciona el dossier de jorge Moreno Ojeda, quien desfalcó a la Caja Popular cooperativa, una entidad financiera que nació en Boyacá y que prestó sus servicios además en Casanare.

La historia

Jorge Moreno controla un ejército urbano de más de mil hombres, maneja la seguridad de los personajes más amenazados del país y está señalado de ser el cerebro del cartel de la seguridad privada en Colombia

Desde el primer día que el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Mora tomó posesión de su cargo, de la primera persona que escuchó hablar fue del contratista Jorge Moreno Ojeda. No era para menos, Mora tenía que entregar los contratos de servicio de escoltas, alquiler de vehículos y de armas que garantizarían el funcionamiento de la entidad que les cuida la vida a ocho mil personas amenazadas en Colombia y Moreno estaba rondado. Los pocos que se atreven a hablar de él en la UNP lo hacen en voz baja. El nombre del contratista es un común denominador allí y en los círculos de poder, ministerios y otras entidades donde Moreno Ojeda tiene a cargo la seguridad de funcionarios públicos, de las instalaciones de las entidades y de las personas amenazadas.

De él se escuchó en 1998 durante el gobierno de Ernesto Samper, padrino de bautizó a su primer hija, Angélica, cuando salió de la gerencia de la Caja Popular acusado de un desfalco de $90 mil millones desviados a inversiones familiares como un campo de golf y apoyos financieros a un equipo de fútbol de su departamento, Boyacá.

 

 Desde su aparatosa salida de la Caja Popular, Moreno Ojeda, entró a la mira de los organismos de control. Había enviudado y en el apogeo de su éxito empresarial contrajo segunda nupcias con Ana María Laguado, vigilante de una de sus empresas a quien convirtió en secretaria y luego en su esposa. Con ella tendría sus otros dos hijos: Jorge Arturo y Sara Sofía. Pronto se separó, se alejó de la vida pública y optó por perfilarse de lleno como empresario, mientras tuvo su tercer matrimonio con una modelo chocoana, su actual esposa Tracy Andrade.

Jorge Moreno había pasado años difíciles, pero paradójicamente en ellos se disparó como empresario. Entendió cómo navegar entre aguas espesas con un pie en la política y otro en los negocios. Fue candidato a la Cámara por La U en el año 2012, pero una investigación por presunta financiación irregular tumbó su candidatura; en su hoja de vida aparecen referencias de políticos como el actual presidente del Congreso, José David Name, el viceministro del Interior Carlos Ferro y los excongresistas Dilian Francisca Toro, Efraín Torrado, Violeta Niño y Carlos Cárdenas, y recientemente se ha conectado con los Gaviria a través de Jorge Muñóz, cuñado del expresidente César gaviria; Moreno también apoyó abiertamente a la representante María Fernanda Cabal durante su candidatura a la Cámara en 2014, con un respaldo económico, como lo ha hecho con muchos de los candidatos a los que se ha acercado durante su acenso empresarial.

Su emporio de seguridad radica en el control de varias empresas como Guardianes, Starrcop, y uniones temporales como Protección 33 y Siglo 21 entre otras. A través de sus negocios de finca raíz ha adquirido propiedades en el barrio La Castellana de Bogotá y con sus utilidades ha realizado inversiones de palma en los llanos, adquirido agencias de viaje y acciones en explotación minera en Perú y México.

Su tranquilidad se terminó en abril de 2015 cuando los ojos de la Fiscalía y el súperintendente Pablo Felipe Robledo –tío de Mauricio Hernández, funcionario de la UNP vinculado a las investigaciones- se habían posado sobre él y su círculo más cercano: Jorge Moreno y sus familiares, Carlos Moreno Cubillos y Aurora Moreno Ojeda, fueron acusados de ser la cabeza de un cartel de empresas de seguridad que supuestamente se aliaron para engañar al Estado y quedarse con 252 contratos por $320 mil millones con entidades como la Contraloría, la Fiscalía General, ministerio de Trabajo, ministerio de Hacienda y el ICBF, así como con 13 gobernaciones y 17 alcaldías a las que sus empresas le han prestado servicios de seguridad. También es investigado otro de sus socios, el excoronel retirado Leonidas Aponte quien representa a la firma ISEVIG.

De las ocho empresas investigadas las tres más grandes tiene relación directa con Jorge Moreno: La principal, su centro de operaciones en el barrio La Castellana , es la firma Guardianes, en la que figuró como representante legal hasta el año 2013, pero que aún sigue siendo de su propiedad, y tiene el control de las firmas Starcoop, y Cobalsec, en la cual es socio del exgerente del Fondo de Vigilancia de Samuel Moreno, Polo Ávila. Esta última, una empresa en la que son socios desde que ésta prestaba seguridad en el Palacio de Justicia el día de la toma y retoma del M19 y el Ejército en 1985.

En este escenario, el director de la UNP debía iniciar el nuevo proceso de licitación. Diego Mora puso las antenas y ordenó elaborar un estudio confidencial que se tituló “El Cartel de la Seguridad”. Este reafirmó sus preocupaciones. El elaborado informe apuntaba a Jorge Moreno como el cerebro detrás del entramado que ya investigaban las autoridades. Mora pidió entonces un acompañamiento de la Procuraduría. Su intención era abrir el proceso de licitación para contratar el alquiler de vehículos blindados, escoltas y armas, para que participaran nuevos proponentes, de modo que las empresas de Moreno Ojeda estuvieran marginadas del proceso, dadas las investigaciones en su contra y su aparente relación con varios de los casos de corrupción en la UNP.

El director de la UNP tenía indicios de que el último Secretario General nombrado por el exdirector Andrés Villamizar, Alonso Miranda, le habría entregado en octubre de 2014 un contrato de forma directa a una de las empresas de Jorge Moreno por valor de $650 millones. Este contrato correspondería a un servició de alquiler de vehículos que ya prestaba otra de las empresas de Moreno, es decir que la UNP habría pagado dos veces por el mismo servicio al contratista.

El mismo funcionario, Alonso Miranda, con el consentimiento del anterior director, había aceptado una reclamación administrativa por parte de Moreno Ojeda que junto a otros consorcios pedían cerca de $300 mil millones como indemnización por pérdidas económicas en uno de los contratos, que según su reclamación habría sido mal liquidado. Extrañamente el caso paso del Consejo de Estado a tribunales de arbitramento donde el Estado tiene más riesgo de perder ante los particulares.

Fueron épocas en que naufragaron las denuncias de los sindicatos y del exsecretario general Julián Marulanda respecto de estas aparentes irregularidades y de supuestos sobrecostos que las empresas de Jorge Moreno le estarían cargando a la UNP por el servicio de un grupo de escoltas especializados llamado UNP500, más otras irregularidades en materia de contratación y cobro de viáticos.

Todos estos indicios no fueron suficientes para que Diego Mora pudiera apartar a Jorge Moreno y a sus empresas del proceso. Un concepto de la Procuraduría terminó abriéndole el camino a Jorge Moreno para participar en la nueva licitación. La Procuraduría pidió que se le garantizara la equidad de condiciones y recomendó cambiar el pliego de licitación.

Moreno Ojeda logró quedarse con cerca del 60% de los dos contratos por más de 80 mil millones. Hoy maneja 1.300 de los 3.000 escoltas que trabajan en la UNP y tiene a cargo un porcentaje importante en el alquiler de vehículos blindados y convencionales así como de armas para uso de los escoltas. Contratos que ganó en la sombra, sin figurar, a través de una nueva estratagema mediante un consorcio llamado UT Seguridad Avanzada en el que familiares y cercanos colaboradores aparecen como representantes legales.

Sin embargo, sus antecedentes en la UNP comienzan en el 2012, cuando ya lideraba un cartel de Seguridad según afirma la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los contratos de la UNP para el servicio de alquiler de carros, suministro de armas y de escoltas eran manejados entre varias empresas, por dos consorcios en los que tenia participación de Jorge Moreno:Protección 33 y la Unión Temporal Siglo XXI. Estas empresas terminaron investigadas por la Fiscalía por los hechos de corrupción que dejaron al director administrativo Luis Eduardo Molino capturado y al exsecretario General Julián Marulanda acusado y fuera del país. Las investigaciones de entonces giran en torno al pago de un soborno realizado por uno de los directivos de las empresas de Moreno Ojeda, Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien al parecer le entregó diez millones de pesos al coordinador administrativo de la UNP, Luis Eduardo Molinares.

Desde la repartición de los primeros contratos en el 2012, el nombre de Moreno Ojeda también estuvo en la lupa de las autoridades: un día antes de declarar desierto el contrato en 2012 para escoger el operador de los servicios de protección en el que competían la firma VISE y la de Jorge Moreno Ojeda en alianza con Jorge Berrio bajo la figura de “Unión Temporal 17“, el hombre jefe de gabinete de Andrés Villamizar, encargado de definir la adjudicación de contrato, se suicidó.

En una glosa a uno de los informes balísticos que se realizaron a las empresas proponentes, Germán Escobar dejó una nota de su puño y letra en la que ordenaba que no se le entregaran los contratos a las empresas e Moreno. Escobar no fue escuchado, la licitación fue declarada desierta y las empresas de Moreno Ojeda se quedaron con una porción importante de la contratación.

Funcionarios de la UNP que estuvieron presentes en todos los confusos hechos que han ensombrecido la entidad, como Carlos Cuchimaque, exdirectivo encargado de la contratación en la UNP; José Luis Aguilar, primer subdirector y director en encargado; y Diana Botero, ex asistente de Andrés Villamizar, han terminado trabajando para Jorge Moreno Ojeda en su staff de empresas.

Ante el poder de Moreno en la UNP, Diego Mora ya comenzaba a comprender el nuevo mundo en que se movía en medio de empresarios que controlaban ejércitos armados y que tenían importantes intereses en juego.

Su posición más radical ante la millonaria reclamación administrativa de Moreno Ojeda contra la UNP y su intención de democratizar la contratación, que le costó críticas hasta de su antecesor, Andrés Villamizar, que quería dejar la idea de que él había dejado todo listo para contratar el personal de forma directa y sin intermediación de contratistas, lo harían pasar su peores momentos desde que tomó posesión del cargo. Por primera vez Mora reaccionó exaltado contra su antecesor: “Quisiera ver dónde están las actas que soportan esas decisiones’’, le respondió a Villamizar desde su cuenta de Twitter.  Luego, una llamada diplomática de Villamizar calmó la tensión pero al final, las actas no aparecieron y la decisión de contratar los servicios con terceros era un hecho hace un par de semanas.

Horas más tarde de la discusión, su hija, Daniela Mora, sería secuestrada en la ciudad de Cúcuta en confusos hechos atribuidos a la “delincuencia común”, hechos por los que hay tres hombres capturados. Diego Mora ha cambiado la versión en varias oportunidades y cuando se le pregunta si el secuestro de su hija tuvo que ver con presiones por la pasada entrega de los millonarios contratos en la UNP solo baja la mirada, dice que tiene miedo, que no se atreve a señalar a nadie, pero que espera que las autoridades puedan decirle quién fue el responsable para saber el costo de haber aceptado un cargo público que le cambió la vida después de trabajar como exitoso empresario en el sector privado.

Por su parte Jorge Moreno había construido buenas relaciones con agentes retirados del liquidado DAS. Contrató a muchos en sus empresas y fue a través ellos con quienes siempre mantuvo canales directos con la UNP, funcionarios que provenían en su mayoría del esa entidad eliminada por corrupción.

Sus buenas conexiones fortalecidas por sus vínculos políticos le permitieron levantar un imperio, que aunque tiembla, sigue dominando la contratación pública. La investigadora que tiene su nuevo caso fue misteriosamente relevada en una entidad donde el hijo del expresidente Samper, Miguel Samper, oficia como consejero del Fiscal Eduardo Montealegre.

Chivas del Dia

Murió bebé herida de bala por disputa entre hinchas del Cali y el América

Published

on

Las autoridades confirmaron este martes que murió Celeste, la bebé herida de bala por una disputa entre hinchas del Cali y el América.

El desafortunado incidente ocurrió en el barrio Julio Rincón, al oriente de la ciudad de Cali.

Así ocurrieron los hechos

La menor de apenas 1 año de edad, se encontraba en el parque del barrio jugando con sus padres cuando se desató una balacera cerca.

El tiroteo empezó, al parecer, porque hinchas de ambos equipos chocaron por unos graffitis en un sardinel del barrio.

En los hechos también resultó herido un hombre de 25 años de edad cuya identidad se desconoce.

“Rechazamos esta tragedia y hacemos un llamado a los implicados a que se entreguen y asuman la responsabilidad de este hecho. No es aceptable que por temas deportivos se generen este tipo de situaciones”

General Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali

Las autoridades ofrecieron una captura de 10 millones de pesos que conduzcan a la captura de los responsables del hecho.

Murió Celeste, la bebé herida de bala

Las autoridades confirmaron este martes que lamentablemente la bebé, quien permanecía con pronóstico reservado, murió.

El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, lamentó la triste muerte de Celeste en la mañana de este martes 2 de marzo.

“Es muy triste lo que ha pasado, los niños no tienen por qué sufrir las consecuencias de estas violencias urbanas que tenemos en la ciudad. Perdónenme la expresión que voy a decir, pero estamos mamados de esto.

Carlos Rojas, Secretario de Seguridad y Justicia de Cali

Además del tema de la recompensa, el secretario dice que necesitan hacer una serie de transformaciones importantes de cara a garantizar que la seguridad de la ciudad sea un hecho real y palpable.

Fuente, Publimetro

Continue Reading

Chivas del Dia

Procuraduría pidió condenar al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte por el ‘cartel de la toga’

Published

on

La Procuraduría General de la Nación pidió condenar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte Gómez, por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero, caso conocido como ‘el cartel de la toga’.

Así lo solicitó el Ministerio Público al intervenir en audiencia pública ante el Juez 10 del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá, en la que pidió proferir sentencia condenatoria contra Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

En su alegato de conclusión, el representante del Ministerio Público señaló que las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal con el fin de cometer delitos indeterminados que afectaron la administración pública.

Igualmente, el órgano de control pidió al juez declarar la prescripción del delito de utilización indebida de información oficial privilegiada.

Continue Reading

Chivas del Dia

Cárcel para profesor que habría abusado niña de comunidad indígena

Published

on

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Tito Ruiz Cervantes, profesor de una institución educativa de Puerto Nariño (Amazonas), quien habría abusado sexualmente de una niña indígena, de 10 años.

El docente, al parecer, usó su posición dominante sobre una de sus estudiantes y, en medio de presiones, la indujo para que accediera a sus pretensiones sexuales en las aulas de clases. De acuerdo con los testimonios, entrevistas y valoraciones psicológicas hechas a la víctima, los hechos ocurrieron en 2016.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Amazonas imputó a Ruiz Cervantes el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Por disposición del juez de control de garantías, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía investiga al profesor por otro evento similar contra una de sus estudiantes. Por este caso es procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

En visita realizada recientemente a Amazonas, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con la comunidad y las autoridades de Puerto Nariño.Durante el encuentro se acordó un plan focalizado de intervención para investigar la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescente, y el hurto.

Esta priorización permitió avanzar en la captura y judicialización del profesor Tito Ruiz Cervantes; y la identificación de otras personas que estarían vinculadas a conductas contra la formación sexual de la infancia y la adolescencia en el citado municipio.

Continue Reading

Siguenos en twitter

En Tendencia