Es recordado por la quiebra de la Caja Popular Cooperativa. Formulan cargos
La Fiscalía imputará cargos contra cartel de licitaciones de la seguridad privada, entre quienes se encuentra el exfuncionario del Gobierno, Jorge Arturo Moreno, según reveló Noticias Caracol.
Son por lo menos doce entidades, que según aseguran los investigadores del CTI, montaron una red de contratación y de licitaciones con falsa documentación.
Jorge Arturo Moreno Ojeda es el nombre entre una lista de por lo menos 25 personas que aparece con más reseñas en las investigaciones que siguieron los detectives del CTI de la Fiscalía a esta red de la contratación de empresas de seguridad que fue desmantelada por las autoridades.
Moreno Ojeda sería uno de los ‘cerebros’ de la organización que resultó beneficiada con licitaciones públicas y privadas con millonarios contratos. Muchas de las empresas fueron montadas de la noche a la mañana sin contar con una experiencia rigurosa. Evadieron tributos y hasta estafaron a decenas de personas con ofertas laborales a las que contrataban sin cumplir con mayores requisitos para prestar servicios de seguridad.
Las investigaciones que se venían dando desde hace más de dos años tienen en la picota pública a por lo menos 12 empresas. También implicadas a 30 personas.
Informaron las autoridades que estas empresas participaban en concursos de adjudicaciones privadas y públicas y así pudieron ser beneficiados con multimillonarios contratos.
Falsificaron documentos para suplantar a ejecutivos y hacerse pasar como importantes empresarios. Entre una lista de por lo menos 25 personas implicadas se reseña el nombre de Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien sería uno de los ‘cerebros’ de la organización
La vinculación penal
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Por la presunta participación en el carrusel de la seguridad privada, establecida mediante una investigación paralela entre la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación, el Vicefiscal General Jorge Fernando Perdomo Torres indicó que la entidad “ha tomado la decisión, en una primera fase, de imputar el delito de acuerdos restrictivos de la competencia a 16 personas naturales pertenecientes a una organización delictiva encargada de engañar al Estado en los procesos licitatorios”.
La decisión se deriva de la actuación administrativa adelantada desde 2011 por la Superintendencia, que le permitió evidenciar, preliminarmente, que varias empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, aparentemente competidoras entre sí, habrían realizado acuerdos (colusorios) para asegurar que una de las empresas pertenecientes al grupo concertado, resultara beneficiada en los procesos licitatorios en los que participaban, afectando con ello a los oferentes que no hacían parte del acuerdo colusorio y también al Estado, que por tal motivo veía incrementado los precios de los servicios contratados, generando así un desequilibrio en el gasto público.
El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que a partir de estas actuaciones “se formuló pliego de cargos contra 8 empresas del citado sector, como Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Gaurdianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group; que se cartelizaron en 252 contrataciones públicas adelantadas ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012”.
Tras la denuncia de la Superintendencia, la Fiscalía abrió investigación por estos hechos, en la que logró establecer que en procesos licitatorios adelantados en diversas entidades públicas del orden municipal, regional y nacional, entre ellas la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Contraloría de Bogotá, el SENA regional Cundinamarca y la Gobernación del Meta, presuntamente se habrían realizado esos acuerdos colusorios, que terminaron alterando los procesos licitatorios de estas instituciones.
Al respecto, el Vicefiscal Perdomo manifestó que “se logró determinar que este presunto cartel no solo tiene un contenido ilícito para la actividad de la Superintendencia, sino que también tiene o puede tener una connotación de carácter penal. Es decir, aquí, en este presunto cartel se cometieron delitos, se pudieron haber cometido delitos”.
Agregó que “el delito que la Fiscalía ha identificado como posible a imputar en estas actividades es el delito consagrado en el artículo 410ª del Código Penal, que se denomina acuerdos restrictivos de la competencia y que tiene una pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años”.
Así, dentro de las hipótesis delictivas de la Fiscalía se tiene que las empresas de seguridad, quienes dentro de los diversos procesos licitatorios figuraban como competidoras, al parecer habrían acordado previamente los términos y la forma como intervendrían para que cualquiera de aquellas resultara beneficiada con la adjudicación de los contratos estatales correspondientes. Ello se evidenciaría, entre otras, en la uniformidad de las observaciones y objeciones que se proponían en los pliegos de condiciones, las que en últimas estaban orientadas a favorecer a alguna de las empresas que hacia parte del acuerdo.
La solicitud de imputación para algunos representantes legales, gerentes o asesores comerciales de las citadas empresas de vigilancia será presentada el día de hoy ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.
