La investigación
La investigación se da por irregularidades en la compra de 51 vehículos blindados. Dichos automóviles serían para el uso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría tendrá que establecer si la compra en junio de 2020 por 13.270 millones de pesos se ajustó o no a la normativa. Además, si se da el cumplimiento de los principios de contratación estatal y si el objeto contractual se ejecutó conforme a los términos de requerimiento de la compra y los estudios previos.
Se inicia el proceso porque se cuestiona el haberse ejecutado la millonaria compra en plena emergencia sanitaria de la covid-19.
Dichos vehículos tienen como objetivo el fortalecer el esquema de seguridad de los magistrados. Fueron adquiridos mediante una orden de compra a los proveedores Unión Temporal Toyonorte LTDA., Armor International Colombia LTDA. y Blindex S.A., reveló la emisora.
Adicionalmente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública reveló que también habría presuntas irregularidades por los altos costos de los accesorios y adecuaciones de los vehículos.
Fuente, Publímetro
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