Por Mauricio Gómez
Hay que decirlo muy claro: las víctimas de la violencia en este país y sus familias buscamos justicia y buscamos verdad; la justicia y la verdad. Lo uno es imposible sin lo otro, porque una justicia hecha con mentiras y encubrimientos no lo es en absoluto y porque además es una revictimización de quienes llevamos años esperando que se esclarezcan las razones por las cuales mataron o desaparecieron a los nuestros.
En el caso de Álvaro Gómez Hurtado, mi padre, asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, se configura un ejemplo perfecto de lo que es la impunidad en Colombia; la falta absoluta de justicia y de verdad. Y no deja de ser muy doloroso y paradójico, pues la justicia fue una de sus principales banderas y obsesiones en su vida política, al punto de que en su última campaña presidencial en 1990, su lema era: ‘Que no maten a la gente’.
Sé perfectamente que al decir esto lo que viene luego, siempre, es una discusión sobre la violencia política en Colombia y sobre el pasado sectario de nuestros partidos. Suele ser una discusión muy sectaria también, llena de prejuicios y odios heredados que no hacen más que perpetuar una narrativa de buenos y malos en la que a Álvaro Gómez le toca por lo general el papel de lo segundo. Así fue toda la vida.
Esa es una discusión válida, y los historiadores, con el paso del tiempo, tienen una visión cada vez más seria y rigurosa de lo que fue esa tragedia. Mi padre fue un hombre de partido y fue un aguerrido defensor de sus ideas; y sin duda, en muchos momentos de su juventud participó en el espíritu sectario de aquella época, como lo hicieron todos los protagonistas en ambos partidos, el Liberal y el Conservador.
Pero mi padre fue también un defensor infatigable de la paz cuando se hizo el Frente Nacional. Y fue siempre un abanderado de la democracia y del debate de las ideas; sus iniciativas políticas en ese sentido son incontables, e incluyen la elección popular de alcaldes, por ejemplo. Rechazó toda su vida el uso de la violencia como un medio legítimo en la política y decía que el país no tiene por qué acostumbrarse a oír solo la voz de las metralletas.
Álvaro Gómez fue uno de los artífices y firmantes de la Constitución de 1991, y allá coincidió, lo cual reivindica sus credenciales como demócrata y un hombre de paz, con sus secuestradores de la víspera, el M-19. Con ellos y muchos otros más, ayuda a concebir esa carta que para él fue un acuerdo sobre lo fundamental: un pacto de convivencia y un relato de un país mucho más justo, democrático e incluyente.
Foto: Archivo EL TIEMPO
También dijo después de 1991 que el problema de Colombia no estaba en la Constitución, recientemente reformada y escrita con un texto generoso e impecable, sino en la corrupción del sistema todo, en una especie de engendro inmoral y turbio al que él llamaba el Régimen y que no es sino el robo y la distorsión de lo público y del Estado por las mafias del poder que lo vuelven un negocio.
Por eso decía Álvaro Gómez que la política colombiana ya no se rige por el valor supremo de la solidaridad, sino por el vínculo oscuro de la complicidad. Eso lo dijo precisamente cuando Colombia vivía una crisis moral de proporciones elefantiásicas, si se me permite la expresión, al comprobarse que el narcotráfico había pagado y comprado la elección presidencial de Ernesto Samper Pizano en 1994.
Samper sostiene que ese hecho fue a sus espaldas, lo cual constituye, cuando menos, un hito memorable en la historia universal del crimen, pues sería una conspiración secreta para llevarlo a él, a sus espaldas, al poder. Ah ¡pobrecito! El único beneficiario de semejante intriga que nunca supo ni por qué ni cómo ganó esas elecciones, cuyo resultado fue el que fue, gracias al dinero de la mafia. Colombia le salió a deber a Ernesto Samper.
Ese y no otro fue el contexto del asesinato de mi padre, cuya voz era una de las más críticas y contundentes contra el gobierno ilegítimo de Samper. Sus editoriales en el periódico El Nuevo Siglo no daban tregua contra la inmoralidad que campeaba desde la Casa de Nariño, y en uno de ellos, poco antes de que lo mataran, dijo: “El presidente Samper no se cae, nadie lo está tumbando. Pero tampoco se puede quedar”.
Y lo mataron por decir eso, lo mató el Régimen. Y hay pruebas de que la policía secreta del DAS le hacía un seguimiento diario. A un político intachable, pero sobre todo a un periodista y un profesor que fue asesinado en el ejercicio de esos dos oficios maravillosos. Y desde el principio lo que hubo en su caso fue una labor dolosa y deliberada de la Fiscalía, con sus sucesivos fiscales generales, por desviar la investigación del magnicidio.
¡Qué triste paradoja! Álvaro Gómez fue quien propuso en la constituyente la creación de la Fiscalía General de la Nación, con la idea de que este país tuviera por fin una versión tangible, pronta y duradera de lo que es la justicia y el esclarecimiento de los crímenes.
El suyo sigue en la más absoluta impunidad, después de 25 años exactos de desviaciones grotescas y malintencionadas.
¿A quiénes les convienen esas desviaciones? ¿A quienes han sido los jefes y beneficiarios de los operadores de la justicia que en vez de cumplir con su misión constitucional se dedicaron a encubrir a los verdaderos autores intelectuales del crimen? Eso debe investigarse. Mi familia lo ha pedido, como pide también que se investiguen los indicios que vinculan a Ernesto Samper con el magnicidio de mi padre.
Pero como si a esta historia de impunidad e injusticia le faltaran elementos truculentos, ahora aparece uno más que vale la pena aclarar y discutir. La señora Piedad Córdoba, conocida amiga de Ernesto Samper, por no mencionar a sus demás contertulios de Unasur, dice que tiene pruebas de que a Álvaro Gómez lo mataron las Farc. Una tesis vieja y absurda que no tiene el menor asidero probatorio.
Piedad Córdoba, conocida amiga de Ernesto Samper, dice que tiene pruebas de que a Álvaro Gómez Hurtado lo mataron las Farc. Una tesis vieja y absurda que no tiene el menor asidero probatorio
¿Por qué ahora después de tantos años sale Piedad Córdoba a agitar semejante delirio? No le corresponde a todo ciudadano de bien acudir a las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la Nación, cuando tiene información sobre los móviles y autores de un asesinato? Pero hay una opción, y es la de que el crimen de mi padre acabe en la JEP. Allá podría ser acusado y condenado alguno de los miembros de las Farc, el inimputable ‘Tirofijo’ o el senador Timochenko, y volver el caso de Álvaro Gómez cosa juzgada, además en el contexto de la justicia transicional pactada en La Habana y diseñada casi a la medida para garantizar la impunidad de los crímenes de la guerrilla.
Uno de los fundamentos de toda justicia, sea transicional o no, es la verdad, no la mentira, porque la justicia hecha con mentiras es una injusticia doble y es la revictimización de las víctimas, un crimen no menos infame que el que las volvió tales. Por eso, y no por más, el proceso de paz con las Farc tuvo desde el principio los problemas de legitimidad que ha tenido, porque la gente no acepta que la impunidad sea la gran conquista política de ese acuerdo.
Pero esto de Piedad Córdoba en el caso de Álvaro Gómez es gravísimo y hay que advertírselo al país, pues se está configurando una especie de fábrica de impunidad y blanqueamiento de los acusados de crímenes terribles, crímenes que luego se les pueden endilgar a las Farc, aun cuando no los cometieron, para que esa franquicia sea también el comodín que permita que muchos horrores sean juzgados desde la mentira por la JEP, para librar de la responsabilidad y el castigo a sus verdaderos autores intelectuales.
Sería terrible que algo así pase: sería el último golpe para la legitimidad de un proceso de paz tan cuestionado desde el principio justamente por estas razones y que lo que necesita para consolidarse es la verdad y la acción contundente de la justicia, no lo contrario. ¿O vamos a acabar en el peor de los mundos posibles, con las Farc negando los crímenes que sí cometieron y atribuyéndose los que no cometieron para limpiar el nombre y la conciencia de sus verdaderos autores?
La de la señora Córdoba es una acción más de las tantas que ha habido en estos 25 años para desviar las investigaciones en el crimen de mi padre. Pero esta vez las consecuencias pueden ser irreparables, pues lo que se busca es la impunidad absoluta y definitiva con el testaferrato de las Farc , viejos amigos de la señora Córdoba, no para cometer el magnicidio, sino para librar de su culpa a quienes sí lo planearon y lo ejecutaron y nunca pagaron por él.
¡Vivir para ver! Ahora resulta que las Farc eran el Régimen o, aun peor, ahora resulta que las Farc lo encubren. Ojalá la JEP y la Comisión de la Verdad y la Fiscalía General de la Nación no se presten para una patraña tan burda que lesiona una vez más y de manera muy dolorosa la memoria de mi padre y la de todas las víctimas que hubo por cuenta del funesto e indigno proceso 8.000.
