Con un fallo de tutela pretenden que, antes de que termine este jueves, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro –quien evadió más de un debate antes de primera vuelta, pero ahora sí quiere asistir– debatan sobre sus propuestas de cara a las elecciones de este domingo.
La orden en cuestión la dio el Tribunal Superior de Bogotá en respuesta a una tutela interpuesta por varios ciudadanos que pidieron la protección de su derecho a elegir y ser elegidos.
El golpe directo es al candidato bumangués, ya que es quien se ha negado a asistir a estos encuentros, en contraste con el exalcalde de Bogotá, quien antes de la primera vuelta del 29 de mayo también le huyó a varias de las citas, pero ahora dice que sí está presto a asistir.
Según dicta la decisión del tribunal y sus magistrados –excepto por uno, que salvó su voto (ver Para saber más)– “un Estado que se pregona como democrático, no puede darse el lujo de privarse del derecho de escuchar sus candidatos presidenciales debatir públicamente sus programas de Gobierno”.
Lo anterior, porque desde su punto de vista los debates son un medio para garantizarle a la ciudadanía el derecho a “participar en la conformación del poder político”.
Hernández, que de los dos aspirantes es el que no ha querido encontrarse cara a cara con su oponente, le respondió al tribunal –antes del fallo– que él ha explicado su programa de Gobierno en TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, su propia página web, conversatorios y transmisiones en vivo.
Además, señala que ha dado entrevistas a distintos medios nacionales y locales (aunque a EL COLOMBIANO le ha sido esquivo en las últimas tres semanas) y que ha visitado distintas zonas del país.
Por lo tanto, dice, no se ha dado ninguna vulneración como alegaron quienes pusieron la tutela, por tratarse de una decisión libre de no asistir a debates.
Pero al tribunal no le pareció suficiente el listado de argumentos de Hernández y falló a favor de los ciudadanos que pusieron la tutela. Por eso, según le contó a este diario Óscar Jahir Hernández, del equipo del candidato, el santandereano pedirá aclaraciones sobre la decisión.
De todas formas, mucho se ha dicho que a Hernández no le gustaría debatir con Petro porque esto podría afectarlo en las urnas, un cálculo político similar al que aplicó su contrincante los días previos al 29 de mayo, fecha de la primera vuelta.
Ahora, como explica el constitucionalista Juan Manuel Charry –quien piensa que el fallo es una intromisión indebida en política–, las tutelas deben cumplirse así estén impugnadas.
Por lo anterior, el jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, envió una carta a RTVC, el sistema de medios públicos, invitándolo a programar el debate para este 16 de junio, confirmando su asistencia y sugiriendo contactar a la campaña de Rodolfo Hernández para lo mismo: “Nos ponemos a su disposición para asistir a las reuniones que ustedes estimen pertinentes a fin de acordar las reglas de juego”.
Sin embargo, RTVC respondió con otra misiva a ambas campañas, indicando que la solicitud la tenían que hacer de forma conjunta, porque así lo estableció el tribunal. De todas formas, resaltó que está presto a cumplir con lo ordenado en el fallo. Aún así, es poco probable que antes de que termine este jueves los candidatos se pongan de acuerdo para eso.
El camino que quedaría, según Charry, es el incidente de desacato si los candidatos no llegan a un acuerdo o no cumplen por otro motivo. Para él este fallo se basa en una inferencia del tribunal a partir de las libertades y los derechos, que no tiene asidero en alguna ley o en la Constitución, pues no existe ninguna norma que obligue a debatir.
El precedente del CNE
De hecho, esto mismo argumentó el Consejo Nacional Electoral el 8 de junio cuando negó una solicitud de Ángela María Robledo sobre solicitarle Hernández ir a debates.
Los magistrados concluyeron que si bien los candidatos tienen derecho a asistir a debates, no es un deber y la norma no se los impone, sino que les da una posibilidad.
Con todo, para David Llinás, doctor en Derecho de la Universidad Nacional, frente al fallo de tutela es válido obligar a los candidatos a ello, para garantizar la transparencia de las elecciones y porque el derecho a elegir, por ser de interés general, prima sobre el particular a no asistir. Esta es, para él, la única manera en que la ciudadanía puede acceder a la información de las propuestas.
De cualquier forma y más allá de las interpretaciones, es poco probable que el debate se lleve a cabo. La historia de hace cuatro años terminaría repitiéndose, como cuando Iván Duque y Gustavo Petro llegaron a la segunda cita en la urnas sin haberse econtrado en un debate final .
Fuente: El Colombiano
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