La Dirección de Vivienda Departamental, en cabeza de Danitza Toca, aclaró lo relacionado con el no pago de honorarios o nómina del personal (mano de obra calificada y no calificada) vinculado al proyecto de vivienda de interés social multifamiliar Las Mariselas, que se desarrolla en el municipio de Yopal.
La Gobernación de Casanare no tiene responsabilidad directa respecto al no pago de honorarios, nómina y seguridad social del personal vinculado al proyecto de vivienda en mención; esa obligación es competencia absoluta del contratista de la obra, que para este caso corresponde al Consorcio Mariselas.
El proyecto fue adjudicado a través de un proceso de licitación, mediante el cual se realizó la selección de un cogestor constructor encargado de la ejecución de las unidades habitacionales, y quien debería contar con músculo financiero que asegurará el normal desarrollo de las obras, sin necesidad de depender exclusivamente de los recursos que girara la Gobernación de Casanare.
La Gobernación de Casanare otorgó subsidios de vivienda en la modalidad de vivienda nueva a los beneficiarios, los cuales sumados completan solo el 30% del valor total del proyecto; en razón a que, los recursos restantes del cierre financiero corresponden a los aportes que realizan los beneficiarios (ahorro programado) y el Ministerio de Vivienda, a través del FONVIVENDA, quien aporta entre 26 y 25 millones de pesos, de acuerdo con la cantidad de salarios mínimos que recibe cada uno de los beneficiarios.
En lo que respecta al aporte de la Gobernación de Casanare, representado en los subsidios de vivienda, es de aclarar que los mismos se encuentran en una fiducia (Fiduciaria Central), lo que garantiza que los recursos se consigan directamente al contratista, de acuerdo con las condiciones establecidas para ese trámite y según el avance de la obra.
Por parte de la Gobernación de Casanare, en este momento no hay obligación pendiente de giro de recursos de pagos anticipados, por concepto de los subsidios que fueron otorgados a los beneficiarios.
En ese sentido, la Administración Departamental ya giró el 60% de los 10 mil 800 millones de pesos que obedecen a esta responsabilidad. El valor restante está sujeto al avance de la obra y a las gestiones propias del cogestor.
