Fiscalía pide cárcel para dos polémicos magistrados de Villavicencio

Alcibiades Vargas y  Joel Trejos dieron casa por cárcel a 16 condenados. Segundo caso en su contra.

Los magistrados Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos tuvieron que colgar su toga durante al menos 10 horas el pasado jueves para asistir a una audiencia de imputación de cargos en su contra.

Se trata de los mismos togados del Tribunal Superior de Villavicencio que, en 2017, fueron señalados de pertenecer a una estructura que recibió al menos 3.000 millones de pesos en dádivas de todo tipo para favorecer a delincuentes.

Se les acusó de recibir pagos, algunos entregados en balnearios que incluían gastos de licores y la compañía de prostitutas.

Aunque la Fiscalía recopiló 1.500 evidencias y hay tres jueces condenados, ya ha pasado un año sin que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia reinicie el juicio contra Vargas y Trejos por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

Y aunque ambos se declaran inocentes y siguen impartiendo justicia en nombre de la República de Colombia, su panorama judicial se acaba de complicar.

Conceder detención domiciliaria por fuera de los límites legales pone en riesgo a la comunidad, que se ve enfrentada al actuar criminal de quienes ya han sido  condenados

EL TIEMPO estableció que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia los sindicó el jueves de un nuevo delito: prevaricato por acción. Y no se trata de un asunto menor.

Durante la audiencia, la fiscal exhibió abundante evidencia para probar que Vargas y Trejos otorgaron de manera irregular beneficios judiciales a delincuentes, incluso algunos ya condenados por homicidio y narcotráfico, por encima de la ley y de fallos de primera instancia que se los negaban.

De hecho, el ente acusador le pidió al magistrado a cargo del caso, Ramiro Riaño Riaño, que se extiendan de inmediato medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para Vargas y Trejos, bajo el argumento de que “peligra gravemente la independencia de la administración de justicia”, al ser ellos superiores de los jueces de primera instancia e imponer un criterio contrario a la ley.

‘Carrusel’ corrupto

La Fiscalía sustenta su solicitud en al menos 16 casos en los que condenados e indagados por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y narcotráfico recibieron beneficios judiciales –preacuerdos, con prisión domiciliaria– después de que sus casos llegaron, en segunda instancia, a manos de los magistrados.

Para la Fiscalía, se trata de un ‘carrusel’ de corrupción judicial, en el que están involucrados fiscales locales (que ya están siendo individualizados y procesados), jueces y los dos magistrados.

“Conceder detención domiciliaria por fuera de los límites legales pone en riesgo a la comunidad, que se ve enfrentada al actuar criminal de quienes ya han sido condenados”, aseguró la fiscal delegada en la audiencia de imputación.

Dos de los beneficiados fueron Éderson Anzola y José Hernán Romero Hernández, procesados por homicidio agravado y simple, respectivamente. Un juzgado les negó el preacuerdo, en primera instancia, pero los togados se los aprobaron y les concedieron prisión domiciliaria. Anzola ha sido condenado cuatro veces.

También aparece en el listado de la Fiscalía Fabián Camilo Barrera Pinzón, quien luego de obtener casa por cárcel, volvió a incurrir en el delito de hurto agravado. Igual pasó con Yeiner Andrés Olaya y con Gustavo Adolfo Perdomo, condenado por narcotráfico en 2013.

El caso más fresco documentado por la Fiscalía data de este año y se lo otorgaron a Juan Carlos Rodríguez Niño, quien fue condenado por hurto hace dos años.

“La ley es clara en que para otorgar un principio de oportunidad deben haber pasado al menos 5 años de la última condena, pero esto nunca se tuvo en cuenta”, explicaron funcionarios judiciales.

Para la Fiscalía, se configuran los requisitos para que los imputados continúen profiriendo decisiones contrarias a la ley desde la única sala penal del distrito judicial de Villavicencio, en donde ellos hace la mayoría a la hora de votar.

¿Qué dicen los magistrados?

La suerte de Vargas y de Trejos está ahora en manos del magistrado Riaño, quien tiene un salvamento de voto en el que una de las compañeras de los procesados se aparta de sus decisiones: la magistrada Patricia Rodríguez Torres, del Tribunal Superior de Villavicencio.

La defensa de los dos magistrados pidió plazo para analizar las pruebas y les fue concedido.

Al parecer, la audiencia en la que el magistrado Riaño tomará una medida de fondo quedó programada para el 8 de noviembre.

En cuanto al otro proceso, el de los sobornos, la Corte Suprema de Justicia tiene desde hace meses  la palabra.

Mientras tanto, varios testigos han denunciado supuestas amenazas.

Sobre este nuevo caso, Vargas y Trejos hicieron circular un comunicado en el que aseguran que no se trata de actos de corrupción. Además, que en el caso de los preacuerdos, estos se realizan por iniciativa de la propia Fiscalía.

Y sobre el caso que está en la Corte Suprema, aseguraron que “no fueron avalados por el Tribunal de Bogotá, por cuanto la Fiscalía no entregó las pruebas que permitieran razonablemente inferir su existencia”.

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