La Fiscalía General le imputará el próximo 4 de noviembre cargos al exmagistrado Rodrigo Alonso Escobar Gil por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon el ofrecimiento de dineros al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub para la selección de una tutela presentada por Fidupetrol S.A. en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó el pago de 22 mil millones de pesos.
Escobar Gil tendrá que responder por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio. Debido a la gravedad de los hechos materia de investigación el ente investigador le solicitará a un juez de control de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento. (Ver Presidente de Fidupetrol reiteró que le pagaron $200 millones al exmagistrado Escobar Gil)
El pasado 22 de septiembre el Consejo Superior de la Judicatura archivó el proceso disciplinario que se adelantaba en contra de Escobar Gil al considerar que no existían pruebas que permitieran inferir una falta a la profesión por parte del exmagistrado. En la misma decisión se le pidió a la Fiscalía una reivindicación del buen nombre del abogado.
“Dicha solicitud se efectúa dentro de la investigación que la Fiscalía General adelanta por la posible intervención de particulares ante la Corte Constitucional para tratar de asegurar una decisión favorable en una acción de tutela interpuesta por la fiduciaria Fidupetrol S.A. contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo.
Por estos hechos son enfrentan un proceso penal el abogado Víctor Pacheco Restrepo, quien hace poco firmó un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias en particulares. Actualmente se encuentra privado de su libertad en centro carcelario. Así como el máximo accionista de Fidupetrol Hélber Otero Pacheco, quien se declaró inocente del delito de tráfico de influencias.
Además el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub es investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sin embargo, este proceso se encuentra estancado tras la recusación presentada por la defensa del togado y la Procuraduría General en contra del representante Julián Bedoya quien funge como investigador.
Las otras dos investigaciones
La Fiscalía además abrió dos nuevas investigaciones por los hechos relacionados con el trámite de las acciones de tutela T-1082 de 2012 entre la Sociedad Recaudos y Tributos S.A. y la Alcaldía Distrital de Santa Marta y, SU-773 de 2013 entre la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Superintendencia de Sociedades.
“Por lo anterior, se ha dispuesto recibir las declaraciones de las personas que se encuentran en poder de información relacionada con estas nuevas investigaciones, así como adelantar los demás actos de investigación que correspondan”, explicó el Vicefiscal General en rueda de prensa.
