La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un millonario entramado de corrupción que afectó los recursos destinados al servicio de aseo en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso. Según la investigación, una red delictiva logró recaudar de manera ilícita más de 6.829 millones de pesos por concepto de servicios de reciclaje que nunca se prestaron.
Los implicados y el «Modus Operandi»
Los principales señalados por las autoridades son Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, quienes actuaban como representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos. Junto a ellos fue vinculada Ingrid Yineth Amaro Guavare, señalada de participar en la articulación de la entrega de información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La red reportaba al Sistema Único de Información (SUI) cantidades inexistentes de material reciclable recolectado y clasificado. Para sustentar estas cifras, las empresas habrían incluido en sus informes nombres de habitantes de calle y recicladores de oficio sin su consentimiento, justificando así el cobro de la tarifa de aprovechamiento que contempla la ley.
Lujos y maniobras para evadir la justicia
Las investigaciones permitieron establecer que las sociedades implicadas no contaban con bodegas operativas ni con el personal necesario para cumplir con las labores reportadas. Al parecer, el dinero obtenido fue desviado para la compra de bienes inmuebles y vehículos de gama alta.
Además, se detectaron maniobras posteriores para ocultar el rastro del dinero, como la alteración de documentos ante la DIAN y la simulación de registros contables con el fin de obstaculizar la labor de la justicia.
Cargos imputados
Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres capturados, según su grado de participación, los delitos de:
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Concierto para delinquir.
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Falsedad en documento privado.
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Enriquecimiento ilícito.
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Alteración de elemento material probatorio.
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