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Chivas del Dia

Familia desplazada por la violencia en Granada, será compensada con una nueva vivienda

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La alegría regresó a familia Torres* que luego de 23 años de abandono de su predio por causa de la violencia paramilitar volverá a tener casa propia. Tras las labores de representación judicial ejercidas por la Unidad de Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Bogotá les protegió el derecho a la restitución y ordenó la compensación por equivalencia.

En 1997, Héctor Torres*`y su esposa adquirieron el predio de 1.419 metros cuadrados, ubicado el casco urbano del municipio de Granada, Meta por un valor $22 millones, de los cuales pagaron $7 millones con recursos propios y los restantes $15 millones mediante un crédito hipotecario con el banco Colmena.

La tragedia para los Torres* comenzó a mediados de diciembre, cuando su vecino Manuel Gómez*, al verse perseguido por paramilitares irrumpió en la vivienda para tratar de ocultarse, pero desafortunadamente allí mismo fue asesinado. Los hombres armados al mando del jefe paramilitar Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ amenazaron a la familia Torres, quienes tuvieron que desplazarse hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas.

Esta situación generó dificultades económicas que le impidieron a la familia continuar pagando el crédito hipotecario, por lo cual en el año 2000 se decretó el remate del inmueble. Tiempo después, los Torres acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que ejerciera su representación judicial como víctimas de abandono forzado.

Por su parte, los nuevos propietarios del predio se declararon en oposición argumentando que compraron el inmueble lícitamente, por lo tanto el Tribunal Superior de Bogotá declaró la buena fe exenta de culpa y les asiste el derecho de continuar ocupando el predio.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad en Meta, informó que la familia Torres* será compensada con una nueva vivienda como garantía del ejercicio y goce del derecho a la restitución de tierras y podrá acceder a los demás beneficios que otorga el Estado en materia de reparación integral.

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