La Revista Cambio Colombia publica este domingo 1 de mayo, la columna de Daniel Coronell titulada La lista de otoniel. En ésta menciona a varios políticos y exfuncionarios de Casanare.
Una lista de 63 nombres de presuntos vinculados con el Clan del Golfo fue entregada por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La lista incluye a un exministro, un exdirector nacional del DAS, seis exgobernadores, un senador de la república actuante y reelegido, cuatro excongresistas y dos universidades.
De acuerdo con la declaración de Otoniel esas personas y entidades han tenido vínculos con el Clan del Golfo, organización delincuencial que opera bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o con otros grupos criminales de los que él hizo parte.
Un documento de la JEP afirma que ellos serían partícipes de “hechos de corrupción que presumen un acuerdo de cualquier clase, sin expresa facultad legal, con un grupo específico de justicia privada, paramilitar y de autodefensa”.
Alias Otoniel señala entre otros al exministro del interior y justicia Sabas Pretelt, condenado por la compra de los votos parlamentarios para la aprobación de la reforma constitucional que hizo posible la reelección de Álvaro Uribe en el proceso conocido como la yidispolítica. Sobre el exministro, alias Otoniel asegura que era cercano a Vicente Castaño.
También declaró que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, “cuadró” con los paramilitares el nombramiento de un hombre de ellos llamado Orlando Rivas como director del organismo secreto en Casanare: “Él era primero agente del DAS, subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Eso lo cuadraron aquí en Bogotá. El que ayudó eso fue Noguera y dieron una plata para que lo colocaran ahí”.
El 5 por ciento del presupuesto para obras públicas del Casanare y parte del Meta era entregado a los paramilitares, según la declaración “sí había un impuesto que tenían que pagar las alcaldías o contratistas daban el 5 % a la organización de los contratos que salieron en los municipios o en la gobernación”.
Otoniel mencionó a varios mandatarios departamentales “En Casanare allí sí se cuadraba con Gobernación total, pues con gobernadores…Con William Pérez, Miguel Ángel Pérez y Raúl Flórez. Estuvo encargado unos días Helí Cala”.
La operación de corrupción administrativa y presión armada para sacar plata de las arcas públicas y llevarla a financiar paramilitares presuntamente involucró a dos universidades: “Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”.
Los paramilitares correspondían el servicio poniendo a la gente de la zona a votar por los candidatos de sus simpatías. “No se financiaba. Se les colaboraba en las zonas en el tema político para que la gente votara realmente al gobernador que la organización veía que fuera el mejor”.
El extraditable señala también a un exgobernador del Meta, pero aclara que no tuvo contacto directo con él “pues conmigo personal no hablé, pero don Jorge hablaba con Alan Jara. Sí, sí, el que estuvo secuestrado”.
Entre las 63 personas mencionadas en el documento de la JEP, que recoge el testimonio de Otoniel, están el senador liberal Miguel Ángel Pinto, el exsenador Milton Rodríguez Sarmiento del Partido de la U, el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz también de La U, el exrepresentante a la Cámara liberal por el Casanare Jorge Camilo Abril Tarache y el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, cuyo nombre ya había sido revelado hace unos días.
Aquí puede ver la lista completa
Por cuenta del testimonio la JEP compulsó copias para que los integrantes de la lista sean investigados por quien corresponda. En algunos casos la Fiscalía General de la Nación en otros la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La declaración de Otoniel también incluye una relación de miembros de la fuerza pública que presuntamente están en la nómina del Clan del Golfo .
La suspensión temporal de la extradición de Otoniel, ordenada por el Consejo de Estado mientras resuelve una tutela interpuesta por organizaciones de víctimas, podría contribuir a que Colombia se entere de más verdades.
PS: La parcialidad e incompetencia del fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán quedó expuesta esta semana en la decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz que rechazó su infundada petición de preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por los delitos de soborno y fraude procesal. Sin embargo, los premios burocráticos siguen llegando a familiares del cuestionado fiscal.
El miércoles, mientras su papel quedaba en evidencia, su hermana Sandra Karyna Jaimes Durán era nombrada como magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Había una lista de elegibles que dejaron vencer y un dedo poderoso que le otorgó el cargo a la señora Jaimes.
En el despacho al que llega hay procesos pendientes contra los abogados Diego Cadena y Jaime Lombana.
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