Los magistrados de las altas cortes colombianas podrían verse obligados a devolverle al Estado el dinero por concepto de gastos de representación –o viáticos– que recibieron durante la cuarentena estricta en medio de la pandemia de la covid-19, y que no tendrían sustento legal porque las actividades de la Rama Judicial se desarrollaron desde la virtualidad.
Así lo explicó el abogado constitucionalista Edier Esteban Manco Pineda, quien interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que los congresistas devolvieran los recursos correspondientes a gastos en viáticos o desplazamientos y, en la respuesta concluyó que la medida también podría cobijar a los togados de las altas cortes.
Manco Pineda dialogó con EL COLOMBIANO y detalló que los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia se declararon impedidos en la acción que presentó contra los congresistas debido a que ellos también recibieron ingresos por gastos de representación, por lo que le solicitaron al Consejo de Estado ser separados del caso para que, en su lugar, se nombren conjueces.
“Solicitaré, con una nueva acción popular, a la Rama Judicial que los magistrados reintegren los dineros que recibieron por gastos de representación. En el evento en que esta prospere, los togados de tribunales y altas cortes otras al estarían vinculados, por lo que el precedente cobijaría a la Corte Suprema, Corte Constitucional, el Consejo de Estado y todos los tribunales del país”, señaló el abogado.
Demanda contra el Congreso
Manco Pineda expuso en su acción popular, radicada en junio de 2021, que buscaba proteger los derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público que, según considera, fueron vulnerados por los demandados. En ese sentido, el jurista expuso que cada congresista recibió 34 millones de pesos solo de salario y adicionalmente se les pagaron 14 millones de pesos por gastos de representación.
La reclamación del abogado se centró en que dicho pago adicional al salario se hizo durante meses a pesar de las restricciones de movilidad que implicó la llegada de la covid-19 para asistir al Congreso y para desarrollar trabajo legislativo en territorio.
“Esos 14 millones de pesos son para viáticos, tiquetes, alojamiento y movilizaciones a territorio, lo cual no pudieron hacer en la pandemia y se siguieron pagando, aunque los congresistas trabajaran desde sus casas. En mi concepto, el derecho al patrimonio público, como derecho de carácter colectivo, se vio menguado por cuanto, sin justificación, seguían recibiendo ese dinero”, le dijo Manco Pineda a este diario el año pasado.
Aunque lo parezca, esa cifra no es menor, pues de acuerdo a los cálculos de Manco Pineda, desde que se decretó la cuarentena hasta junio de 2021 fueron aproximadamente 59.000 millones de pesos correspondientes a gastos de representación de los 296 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara.
A mediados del año pasado, cuando se interpuso la acción popular, este diario buscó al entonces presidente del Senado, Arturo Char, pero este prefirió no pronunciarse al respecto. A diferencia de Char, el actual presidente de esa corporación, Juan Diego Gómez, sí respondió y aseguró que, de ser el caso, el Congreso acatará la decisión que tomen las autoridades judiciales.
“En el Congreso de la República, donde está la rama legislativa, reconocemos la independencia de poderes y acogeremos cualquier decisión que provenga de las autoridades competentes. Las decisiones de un tribunal hay que acogerlas y se acatarán”, le dijo Gómez a EL COLOMBIANO.
¿Cobijaría a las altas cortes?
Un año después de haberse interpuesto esta acción popular, el Tribunal Administrativo de Antioquia le respondió a Manco Pineda que no podía tomar una decisión al respecto debido al impedimento generalizado de los magistrados que también recibieron los gastos de representación, a pesar de que trabajaron en la virtualidad desde sus casas.
Este diario buscó al mencionado tribunal antioqueño, pero este decidió limitar su pronunciamiento a la manifestación de impedimento que firmaron los togados Jairo Jiménez Aristizábal, Susana Nelly Acosta, John Jairo Alzate, Jorge León Arango, Adriana Bernal Vélez, Álvaro Cruz Riaño, Jorge Iván Duque, Gloria María Gómez, Beatriz Elena Jaramillo, Liliana Patricia Navarro, Andrew Julián Martínez, Daniel Montero Betancur, Vannesa Alejandra Pérez, Rafael Darío Restrepo, Martha Nury Velásquez Bedoya, Gonzalo Javier Zambrano.
“Desde mi punto de vista y conforme al auto de manifestación de impedimento, los magistrados en propiedad o provisionalidad de tribunales y altas cortes estarían impedidos para conocer de ello. Por eso quien conozca de esta acción popular tendrían que ser conjueces que no recibieron esos dineros por gastos de representación”, explicó el abogado sobre el proceso a seguir.
El jurista, además, señaló que como la acción popular que está en marcha se enfoca en particular en los congresistas, los magistrados no estarían vinculados con este proceso, pero sí en una nueva acción que está preparando para que se les obligue a los togados a restituir los dineros.
Por lo pronto, se debe esperar a que sean nombrados los conjueces libres de impedimentos que tomarán el caso y, según explicó Manco Pineda, si se falla a su favor y el Congreso apela, la acción popular pasará a manos del Consejo de Estado (ver ¿Qué sigue?), que tendrá la última palabra.
Fuente: El Colombiano
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