Por espacio de 43 años el programa de asistencia alimentaria estuvo a cargo del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), desde su creación en 1968, hasta que en 2011, a través de la Ley del Plan de Desarrollo se tomó la determinación de retornarle esta responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional (MEN), que lo había agenciado desde 1926, dizque “con el fin de alcanzar las coberturas universales en el PAE”.
Esta finalidad no sólo no se ha alcanzado, sino que el Programa viene en un franco deterioro, en medio de los escándalos por las malas prácticas de sus operadores, por las irregularidades en su contratación y ejecución y por los casos de corrupción aberrantes detectados y denunciados por los organismos de control. Pero, a decir verdad, los inconvenientes que se presentan con el PAE no se reducen a las tropelías que se vienen cometiendo con los dineros del programa.
Desde el 2013 los gobernadores prendieron las alarmas al constatar que el PAE estaba desfinanciado; es así cómo, según el estudio de costos adelantado por el ICBF, su operación para el 2015 demandaba una suma de $1.5 billones y sólo se le asignaron en el Presupuesto General de la Nación (PGN) por parte del Ministerio de Educación $789.000 millones, a todas luces insuficiente.
Ello condujo a que después de haber suscrito convenios por parte de 31 departamentos con el MEN para operar el PAE en 2013, 21 de ellos, antes de iniciar la ejecución del mismo, los dieron por terminado por mutuo acuerdo. Es por ello que actualmente en 19 de los 32 departamentos del país, el MEN opera directamente el PAE y en muchos de ellos se han presentado situaciones que han sido piedra de escándalo.
De allí que el MEN no pueda eludir su responsabilidad, toda vez que, además de ejecutor del Programa es responsable también de su supervisión, monitoria y control, los cuales han fallado estruendosamente.
