En desarrollo de una operación de vigilancia y seguridad fluvial de manera conjunta entre Unidades de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se llevó a cabo la incautación de 490 kilos de pescado que eran transportados sin el cumplimiento de las condiciones técnicas para mantener la cadena de frío necesaria, de acuerdo a lo establecido en la conservación de alimentos perecederos destinados al consumo humano.

La operación fue desarrollada por tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N°31 sobre aguas del río Caquetá, en el sector del muelle principal del municipio de Cartagena del Chairá cuando realizaron la interdicción y posterior verificación a un bote tipo deslizador que navegaba por la zona.

Durante la inspección, hallaron nueve termos de icopor que contenían en su interior 400 kilogramos de pescado de la especie Bagre, 47 kilogramos de Cachama y 42 kilogramos de Pintadillo, el cual fue incautado debido a que no cumplía con la cadena de conservación ni las medidas sanitarias obligatorias para su transporte, según lo establecido en la Ley 13 de 1990, representando un riesgo para el consumo humano.

El material fue puesto a disposición de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – Aunap. Durante la operación no se presentaron capturas.

La Armada de Colombia ratifica su compromiso con la protección de las comunidades y continuará desarrollando operaciones de vigilancia, interdicción y seguridad fluvial sobre los ríos de la Amazonía, con el fin de proteger sus recursos naturales, a la vez que invita a la comunidad a denunciar a las organizaciones criminales y a los particulares, que afectan de forma irreparable al ecosistema amazónico y la salud de los pobladores de esta región del país.

Las autoridades detuvieron este lunes a dos agentes de la Policía Nacional por la muerte de Santiago Murillo, un joven de 19 años que recibió un disparo en el pecho durante una manifestación en Ibagué.

Santiago es uno de los rostros más visibles de las violaciones de derechos humanos por las que es acusada la Policía de Colombia, responsable, según organizaciones civiles, de actuar con fuerza desmedida contra los ciudadanos que protestan de manera pacífica desde el 28 de abril en varias partes del país.

El joven caminaba hacia su casa cuando recibió el disparo con arma de fuego, según relató su madre al responsabilizar a la Policía por el crimen.

“Le informo al país que el día de hoy fueron capturados dos oficiales de la institución vinculados a la investigación por la muerte del joven Santiago Andrés Murillo, que fue herido durante los disturbios ocurridos el primero de mayo cerca a un centro comercial”, dijo el inspector de la Policía Nacional, general Jorge Ramírez.

EL oficial agregó que los dos uniformados “quedan inmediatamente suspendidos de sus funciones” y que la investigación del caso fue “asumida por el poder preferente de la Procuraduría General (Ministerio Público)”.

Indicó además que hasta el momento se han iniciado desde la Inspección de la Policía “62 investigaciones disciplinarias por distintos comportamientos presuntamente irregulares desde el comienzo de las manifestaciones del 28 de abril”.

De esas investigaciones, 10 fueron entregadas al Ministerio Público y cinco agentes de la institución han sido suspendidos de la Policía.

Desde que comenzaron las manifestaciones, la fuerza pública ha sido acusada de múltiples agresiones contra los protestantes, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias, así como varios agentes han sido denunciados por la muerte de civiles que se manifestaban de manera pacífica.

La Fiscalía anunció el miércoles pasado que imputará a varios oficiales por los homicidios de tres civiles durante las manifestaciones, mientras que el jueves fue detenido el mayor de la Policía Carlos Javier Arenas por la muerte de Brayan Niño, un joven de 24 años que falleció el pasado sábado durante una protesta en el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca.

Desde que comenzaron las protestas el 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del país en un documento, en el que aclara que, de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, siete están “en verificación” y hay nueve que no tienen relación con las protestas.

Fuente, Publimetro

Un fiscal del Grupo Gedes del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv) de Bogotá logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del ciudadano extranjero Davier Antonio Prieto González, quien al parecer abusó sexualmente de cinco mujeres en el humedal Juan Amarillo de la localidad de Suba.

De acuerdo con la investigación adelantada por servidores del CTI de Bogotá, alias el Monstruo de Juan Amarillo supuestamente utilizaba un perfil en redes sociales con el nombre de Xiomara Maritza López, con el que ofrecía empleo a mujeres, para servicio doméstico o cuidando niños.

Se conoció que citaba a las aspirantes en la localidad de Suba a través de mensajes de texto y allí, eran recogidas al parecer por él, quien supuestamente las llevaría hasta el lugar del trabajo; sin embargo, se presume que las amenazaba con arma cortopunzante y las llevaba hasta el humedal, donde las accedía carnalmente y luego les hurtaba sus pertenencias.

Este hombre estaría vinculado a 5 eventos delictivos perpetrados entre el 18 de marzo y el 6 de mayo último.

Las víctimas fueron mujeres de diferentes edades, entre los 16 y los 52 años, interesadas en conseguir trabajo en casas de familia.

Este 8 de mayo, en horas de la mañana, Prieto González fue capturado en plena vía pública, en la calle 82 con carrera 13 de Bogotá.

En audiencias concentradas, el investigado no aceptó los cargos que la Fiscalía le formuló por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.