BOGOTÁ – El pulso por el bolsillo de los colombianos entró en una nueva etapa. El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves, desde una concurrida Plaza de Bolívar, que el salario mínimo para 2026 mantendrá el aumento del 23,7% fijado en diciembre pasado. Con la firma de un nuevo decreto «blindado» técnicamente, el Gobierno busca reactivar el pago de los $2.000.000 (incluyendo auxilio de transporte) que habían quedado en el limbo tras una suspensión del Consejo de Estado.
La jugada jurídica del Gobierno
Ante la medida cautelar que frenó el incremento la semana pasada, el Ejecutivo optó por no retroceder en la cifra, sino por robustecer el argumento. El nuevo documento incorpora los estudios de productividad, salario relativo y canasta básica que el magistrado Juan Camilo Morales consideró ausentes en el decreto original.
«Hicimos caso, metimos los estudios de productividad… ahora tenemos un nuevo decreto más grueso y técnico», señaló Petro, defendiendo que la cifra de dos millones de pesos cumple con el mandato constitucional de ser un «salario mínimo vital y móvil».
Empresarios y gremios: Alerta por la inflación
La ratificación de la cifra no cayó bien en todos los sectores. Desde la ANDI y la Fenalco, las asociaciones gremiales han manifestado su preocupación por el impacto que un aumento de casi el 24% puede tener en la economía real.
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Costos no salariales: Los empresarios advierten que este incremento disparará los costos de producción y servicios, lo que inevitablemente se trasladará al consumidor final.
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Informalidad: Expertos de diversos centros de pensamiento económico señalan que, en regiones con economías menos dinámicas, este nivel salarial podría empujar a muchas pequeñas empresas hacia la informalidad al no poder costear las cargas prestacionales.
El frente político y las reformas
El anuncio también sirvió como plataforma para que el mandatario cuestionara el «estancamiento» de su agenda legislativa. Petro lanzó fuertes críticas al Congreso por tener «presa» la reforma a la salud en la Comisión Séptima, y a la Corte Constitucional por no pronunciarse sobre la reforma pensional, que ya completa ocho meses aprobada sin entrar en vigencia.
Sectores de la oposición, por su parte, han calificado la firma del nuevo decreto como un «desafío peligroso» a la independencia judicial, argumentando que el Gobierno está presionando a las altas cortes mediante la movilización popular.
¿Qué significa esto para el ciudadano?
A pesar de la controversia jurídica, el mensaje de la Casa de Nariño es que el incremento sigue vigente. Las empresas deberán ajustar sus nóminas bajo este nuevo decreto provisional, mientras el Consejo de Estado revisa de fondo si los nuevos estudios técnicos presentados por el Ministerio de Trabajo son suficientes para sustentar el aumento más alto de las últimas décadas.
