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El niño encontrado en la alcantarilla sí es Juan Sebastián Fuentes

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 Terminó la búsqueda. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este miércoles que el cuerpo de un niño hallado el pasado sábado por los bomberos en Soacha (Cundinamarca), es el pequeño Juan Sebastián Fuentes, desaparecido desde el 22 de diciembre del 2015 en ese municipio al sur de Bogotá.

Comprobar la identidad del pequeño no fue sencillo. Este lunes Carlos Valdés, director de Medicina Legal, había dicho que el cuerpo estaba en alto grado de descomposición y no se tenían los suficientes datos, ni antropológicos ni médicos, para determinar que sí se trataba del menor de dos años.

Ahora se está a la espera de que el instituto entregué el cuerpo del niño a sus padres y familiares en Soacha.

¿Cuándo lo encontraron?

El hallazgo no fue fácil. El cuerpo fue encontrado luego de que los bomberos utilizaran cámaras especializadas con las que se pudo detectar la figura de un niño. Posteriormente, personal de Acueducto de Bogotá confirmó la triste noticia.

De inmediato se iniciaron labores para determinar en la superficie el punto exacto en donde podría estar el cuerpo del menor. Con una retroexcavadora abrieron un hueco y perforaron el tubo. Buzos profesionales del cuerpo de Bomberos se sumergieron y sacaron los restos de un niño que estaba en alto grado descomposición y que coincide con las características de Juan Sebastián.

El cuerpo estaba a escasos 500 metros de la vivienda en donde vivía el menor, el mismo lugar en el que hace dos días encontraron una prenda que fue enviada al Instituto de Medicina Legal, y tras un análisis forense, la Fiscalía determinó que pertenecía al niño.

Las mismas fuentes del ente acusador que hablaron con Semana.com, señalaron que el cuerpo del menor, al parecer, sufrió un proceso de descomposición conocido como adipocira, es decir, un fenómeno en el que el tejido blando se torna resbaloso lo que generó que las prendas de vestir se desprendieran.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a Medicina Legal, para proceder con el proceso de identificación.

«Yo siempre desde que vi el vídeo supe. Esa fue la verdad y el niño se cayó en ese hueco. De todas maneras estoy tranquila porque ahora sí voy a poder enterrar a mi hijo como quería y se debía», dijo Clara Rojas, madre del menor.

La historia

Este caso mantuvo la atención de los colombianos. Desde el primer momento en que se inició la búsqueda se entregaron volantes, su imagen ocupó los primeros minutos de los noticieros de televisión, las aperturas y primeras planas de los portales y los periódicos nacionales. Incluso, la fotografía del niño apareció en la torre Colpatria.

Los familiares sospecharon desde un principio de antiguos enemigos como los causantes del secuestro y por todos los medios suplicaron que lo entregaran. Pedían que lo dejaran en algún lugar y que luego avisaran para recogerlo.

Luego a mediados de enero, la hipótesis de la desaparición fue más allá. Se tenía la sospecha de que al menor los habían sacado fuera del país. Primero, se dijo que estaría en Ecuador, luego en México, pero Migración Colombia descartó esa posibilidad.

En un comunicado y tras revisar la base de datos de los movimientos migratorios, “no se encuentra registro alguno que permita establecer la salida regular del menor del territorio nacional”.

Desde el primer día la familia se rehusó a creer que Juan Sebastián había caído en el hueco, pero tras el análisis del terreno, las autoridades encontraron una alcantarilla de tres metros destapada y se reinició búsqueda. Con equipo especializado hicieron pruebas con cámaras robóticas y elementos flotantes para encontrar algún rastro.

La exploración se extendió a la rivera y el cauce del río Bogotá hasta el Salto del Tequendama, pero todo fue infructuoso y las autoridades suspendieron las labores.

REVISTA SEMANA 


 

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Chivas del Dia

Ataque al Ejército deja dos soldados muertos y otros once heridos

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A los heridos los atienden en centro médico. Ataque al Ejército deja dos soldados muertos y otros once heridos.

Las autoridades de Norte de Santander informaron sobre un atentado que sufrieron miembros del Ejército Nacional.

Según los primeros informes, mientras se movilizaban por la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, un artefacto improvisado ubicado en la carretera hizo explosión y provocó el volcamiento del vehículo.

Además de la explosión, a los soldados los atacaron con ráfagas de disparos, según detalló Noticias Caracol.

Reportan que la explosión dejó dos soldados muertos y otros 11 gravemente heridos.

Los hombres heridos están siendo atendidos en la clínica Medical Duarte de la ciudad de Cúcuta.

El General Marcos Pinto, Comandante de la segunda división del Ejército, dio detalles a Noticias Caracol, donde además atribuyó el atentado al ELN.

“Al parecer por integrantes del grupo armado organizado ELN, mediante un artefacto explosivo improvisado que ocasionó el volcamiento del vehículo en el que se movilizaba la tropa”, detalló el General Marcos.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

Cárcel para sujeto que asesinó a una venezolana embarazada y le robó su bebé

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En cumplimiento del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para esclarecer los hechos que atentan contra la integridad de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, la Seccional Cali logró la judicialización de Luis Felipe Victoria Arenas.

El hombre de 21 años fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías de Cali (Valle del Cauca), luego de aceptar los cargos que le imputó un fiscal delegado ante el Gaula por secuestro simple, desaparición forzada y homicidio agravado.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Gaula Militar, hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en contra del indiciado.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy procesado habría sido el responsable del crimen de una mujer de 28 años, perpetrado el 8 de septiembre de 2020 en el corregimiento Villa Carmelo, zona rural del municipio de Candelaria (Valle del Cauca).

Según las evidencias y el material probatorio recolectado por los investigadores del CTI, la víctima, que se encontraba en avanzado estado de gestación, fue citada a una vivienda de dicho corregimiento por una señora, quien supuestamente le iba a regalar ropa para su bebé.

Se conoció que cuando la mujer ingresó al lugar, al parecer fue atacada con un arma cortopunzante por Victoria Arenas, quien le habría causado la muerte para robarle la bebé, ayudado presuntamente por la propietaria del inmueble.

Tras el homicidio, se presume que el hombre ocultó los restos en bolsas plásticas y luego los habría arrojado a un lago ubicado en la vía San Joaquín de El Carmelo.

Los investigadores evidenciaron que el crimen fue perpetrado porque la posible cómplice del procesado, de 49 años, aparentemente engañó a la víctima y pretendía presentar a la bebé raptada como si fuera suya, ya que durante varios meses fingió estar embarazada frente a los familiares de su esposo fallecido, quienes le ayudaban económicamente.

La Fiscalía tiene plenamente identificada a la presunta implicada y continúa la investigación para dar con su paradero. El pasado 15 de febrero, mediante inspección judicial en El Carmelo, servidores del CTI hallaron los restos del cuerpo de la joven asesinada.

Tres días después Luis Felipe Victoria Arenas fue capturado en la entrada de una vivienda de Cali, a donde habría llegado desde noviembre de 2020 para refugiarse.

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Chivas del Dia

EPS no pueden suspender servicios médicos a personas que han sido trasladadas de otras entidades de salud

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La Corte Constitucional reiteró que se vulneran los derechos fundamentales de un adulto mayor, de muy avanzada edad, cuando una entidad que asume garantizar la prestación de los servicios de salud, por decisión de traslado de la Superintendencia de Salud, suspende los servicios médicos que venía suministrando la EPS anterior.

El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al conceder una tutela a un ciudadano de 102 años de edad, a quien su EPS le suspendió el servicio de auxiliar de enfermería argumentando que el paciente solo requiere el servicio de un cuidador que debe ser prestado por un familiar, sin tener en cuenta las múltiples patologías que padece.

Su única hija, también adulto mayor de 78 años de edad, solicitó la continuación del servicio, debido a su incapacidad de atenderlo por los problemas físicos que ella misma padece y por la falta de recursos para trasladarlo cada vez que requiere atención especializada, puesto que viven de la ayuda que algunos vecinos o familiares les brindan para solventar sus necesidades básicas.

Con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Segunda de Revisión de la Corte recordó que el servicio de auxiliar de enfermería, como modalidad de atención domiciliaria, es aquel que solo puede ser brindado por una persona con conocimientos calificados en salud, mientras que el servicio de cuidador se dirige a la atención de necesidades básicas y no exige una capacitación especial.

“Para prestar cuidados especiales a un paciente en su domicilio es necesario verificar: (i)  una orden proferida por el profesional de la salud, si se trata del servicio de enfermería, y (ii) en casos excepcionales si el paciente requiere el servicio de cuidador y este no puede ser garantizado por su núcleo familiar por imposibilidad material, es obligación del Estado suplir dicha carencia y en tales casos se ha ordenado a las EPS suministrar el servicio para apoyar a las familias en estas excepcionales circunstancias, cuando el cuidador sea efectivamente requerido”, explicó la Corte.

El fallo también hizo énfasis en el derecho a la continuidad del servicio de salud cuando se trata de traslados excepcionales de EPS ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud en virtud de revocatorias de habilitación o de intervenciones forzosas para liquidación, pues los trámites administrativos no tienen por qué afectar la prestación efectiva del servicio ni poner en riesgo los derechos fundamentales de los usuarios.

“En este caso estamos en presencia de una persona de la tercera edad que supera los 100 años, por lo cual se trata de un adulto mayor entre los mayores, que son sujetos de especialísima protección constitucional y, por lo tanto, de acuerdo con el legislador estatutario, (…) su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica”, puntualizó la sentencia.

La Corte señaló que no comparte el concepto de la entidad accionada que consideraba que el adulto mayor solo necesita un servicio de cuidador, por lo que le ordenó que continúe prestando el servicio de auxiliar de enfermería en los términos dispuestos por la orden médica. Además, le advirtió a la EPS que se abstenga de suspender u obstaculizar los servicios que requiera el paciente y de imponer cargas irrazonables y desproporcionadas a su hija.

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