Durante el paso del oficial por Casanare se reportaron 98 muertes fuera de combate, según Fiscalía
EL TIEMPO
El 16 de marzo del 2007 aparecieron muertos en la vereda El Triunfo del municipio Aguazul, en Casanare, Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres, de 17 años. El informe de la operación entregado por miembros del Grupo Especial Delta 6, perteneciente a la Brigada XVI del Ejército, reportó que los muertos hacían parte de la compañía ‘José David Suárez’ del Eln.
Pero un expediente de 288 páginas de la Fiscalía prueba que ese día Daniel y Roque Julio salieron de su casa a recoger un ganado que debían entregarle al carnicero de la vereda Pajarito, que iban desarmados y que fueron interceptados por un grupo de soldados bajo el mando del teniente Marco Fabián García Céspedes, quienes los asesinaron a sangre fría.
Esta semana, el entonces comandante de la Brigada XVI, Henry William Torres Escalante, se convirtió en el primer general detenido por un caso de ‘falsos positivos’. En ese momento era coronel, y hasta hace unos días se desempeñaba como director del Centro de Memoria Histórica del Ejército. La Fiscalía adelanta siete procesos contra el general Torres Escalante, pero por ahora responderá por dos cargos: como coautor del homicidio de Daniel Torres y su hijo, y por omisión en el homicidio de Alcides Castillo Fonseca, otro campesino de Casanare.
Ese departamento es el tercero, después de Antioquia y Meta, con más casos de ‘falsos positivos’. A la Brigada XVI se le atribuyen 135 víctimas, de las cuales 98 habrían sido asesinadas entre el 2006 y 2007, cuando el general Torres era comandante. Cuatro de cada diez crímenes fueron cometidos por el Gaula de esa brigada.
El caso de la familia Torres tiene como particularidad que Roque Julio había testificado ante la Justicia Penal Militar y había denunciado ante la Procuraduría los homicidios de Fredy Alexánder Sanabria y Hugo Édgar Araque, casos que siguen abiertos y que habrían sido cometidos por militares.
Entre las pruebas contra el general, la Fiscalía encontró que conocía a las víctimas y sabía que habían denunciado los asesinatos. Además, había recibido un informe del DAS que los señalaba como supuestos milicianos del Eln, lo que, dice la Fiscalía, los convirtió en objetivo militar.
El expediente dice que el general –quien fue condecorado con la orden de Servicios Distinguidos por llegar a las 150 bajas– “utilizó su investidura y la confianza depositada para lograr su cometido, que no era otro que silenciar de manera definitiva a quienes venían poniendo al descubierto los homicidios que estaba cometiendo el Ejército en la zona”. Contra el general Torres también obran las declaraciones del teniente Marco Fabián García, quien aceptó cargos por la muerte de Daniel y Roque Julio. Aunque por cuatro años fue uno de los principales testigos contra el general, en diciembre pasado se retractó.
En el expediente están los oficios enviados por el defensor del Pueblo de Casanare al coronel Henry Torres, en los que pide explicaciones por las muertes de Yesid Alvarado Sánchez y Jhon Jaider Burgos, ocurridas en Tauramena el 13 de febrero del 2007. También, por las de los hermanos Luis Guillermo y Rubén Darío Avendaño, y la de Roger Acero, atribuidas a hombres bajo su mando. “Preocupa sobremanera, señor Coronel, que este tipo de denuncias se estén haciendo repetitivas en contra de miembros del Ejército”, decía la Defensoría.
Imputarán cargos al general (r) Montoya
La Fiscalía adelanta un proceso contra el general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército entre el 2006 y el 2008. La imputación de cargos contra el general se realizará el próximo 31 de mayo.
Según la Fiscalía, Montoya no solo no habría tomado las medidas para evitar que sus hombres cometieran ‘falsos positivos’, sino que habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.
Esa es la tesis con la que sustenta el llamado a imputación de cargos por al menos diez homicidios en persona protegida. Andrés Garzón, su abogado, dice que Montoya demostrará su inocencia.
