El presidente de Perú, Martín Vizcarra, no superó con éxito el segundo pedido de vacancia en su contra este lunes en el Congreso, y quedó excluido del Ejecutivo. El relevo lo tomará el Presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien deberá hacerse cargo del Gobierno hasta completar el mandato actual, que culmina el 28 de julio de 2021.
La destitución ocurre por «incapacidad moral», mientras avanza en la Fiscalía una investigación por un presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital, cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014), y a solo cinco meses de las próximas elecciones presidenciales.
Tras un extenso debate de más de cuatro horas, los detractores del mandatario en el Parlamento lograron conseguir los 87 votos necesarios de los 130 posibles para avanzar con la destitución. Así, la votación final del Congreso quedó con 105 a favor de la interrupción de su mandato, 19 que se inclinaron por la continuidad y 4 abstenciones.
Merino asumirá la Presidencia este martes, en una nueva sesión virtual del pleno del Congreso.
Mas temprano, Vizcarra acudió a la sede del Legislativo para exponer su defensa ante los parlamentarios: «Una vacancia incrementaría los temores sobre la institucionalidad», sostuvo. Fue el argumento compartido por los parlamentarios que se opusieron a la vacancia, quienes se apoyaron en el resguardo a la gobernabilidad del país, en medio de la crisis económica y sanitaria.
Por su parte, Vizcarra había pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación de este recurso. Y en cuanto a su acusación, remarcó: «No existe prueba fehaciente de delito alguno, y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno». De todos modos, afirmó que dejará avanzar las investigaciones judiciales.
Esta instancia llegó tras una votación previa, cuando el Parlamento definió concretar el juicio político con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El proceso se produjo porque Vizcarra fue acusado de tener «incapacidad moral» para gobernar, en medio de las sospechas de haber recibido coimas por la instalación del centro de salud antes de ser presidente.
Igualmente, Vizcarra había solicitado adelantar la fecha de la votación final para el viernes pasado, argumentando que el caso generaba «zozobra permanente». No obstante, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la solicitud y resolvió sostener la jornada para el 9 de noviembre, como finalmente ocurrió.
La iniciativa del juicio político fue presentada por el legislador José Vega Antonio, secretario general del partido nacionalista Unión por el Perú (UPP), quien argumentó que «el pueblo está cansado de presidentes corruptos» y llamó a iniciar «una gran cruzada para combatir la corrupción».
Así, el jefe de Estado no pudo salir airoso de dos intentos destituyentes en menos de dos meses. El anterior, desarrollado el 18 de septiembre, fue por una presunta contratación irregular al cantante Richard Cisneros, por parte del Ministerio de Cultura.
En aquella oportunidad, la moción de vacancia solo alcanzó 32 votos a favor y 78 en contra. Aunque no prosperó, incrementó sensiblemente la crisis política en Perú, uno de los países más afectados por la pandemia en la región.
Desde la reforma de la Constitución de Perú, en 1993, se activaron en total cuatro pedidos de vacancia presidencial. El primero se produjo en 2010 y derivó en la destitución de Alberto Fujimori, quien días antes había renunciado al cargo desde Japón. Otros dos se dieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, cuando el antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar ser destituido en el segundo intento.
Respuesta de Vizcarra
Ante la decisión del Congreso, Martín Vizcarra anunció este lunes que no tomará «ninguna acción legal».
«Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy día me voy a mi domicilio a pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión», manifestó el mandatario.
Por otra parte, Vizcarra agregó que durante su gestión enfrentó «sucesivas crisis» donde siempre respetó la «legalidad» y trabajó con la «Constitución en mano». Además, aseguró que no está de acuerdo con la decisión de los legisladores y saldrá del Palacio «con la frente en alto».
