El presidente, Iván Duque, anunció este jueves que el Gobierno radicará un nuevo proyecto de ley que elimine el beneficio de arresto domiciliario para políticos acusados de corrupción y que el Congreso debe debatirlo de manera «urgente».
BOGOTA
«El próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto donde le podamos decir a los corruptos que le vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano», dijo el jefe de Estado a periodistas en Berna, Suiza, donde se encuentra de visita oficial.
Una polémica se desató en Colombia luego de que un proyecto de ley que buscaba eliminar beneficios penales como la prisión domiciliaria para los servidores públicos condenados por corrupción fuera eliminado este miércoles de la agenda legislativa en el Congreso.
A la iniciativa, que había sido presentada por la Fiscalía, solo le faltaba ser conciliada por el Senado y la Cámara de Representantes, que ya la habían aprobado después de sendos debates, y tras ello iba a ser enviada al presidente Duque, para que la sancionara y con ello se convirtiera en ley.
El gobernante insistió en que se buscará fortalecer otras medidas de la lucha anticorrupción, como el mecanismo de extinción de dominio (expropiación).
«Vamos a insistir en tener mecanismos de extinción de dominio rápidos para quitarle a los corruptos y a sus testaferros los bienes que le han quitado al pueblo colombiano. Necesitamos mejorar los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos», explicó Duque.
El presidente Duque radicó ocho proyectos de ley concertados con diferentes partidos políticos para combatir la corrupción, que no han tenido un buen paso por el Congreso, informa Efe.
Al respecto, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde, quien promovió la consulta anticorrupción, aseguró este jueves que cuatro de los siete proyectos para combatir ese delito «fueron hundidos, negados de frente por el actual Congreso».
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