Destituida Dora Belkis Gómez, exalcaldesa de Chita (Boyacá)

Chita, Boyacá (Archivo particular)
Chita, Boyacá (Archivo particular)

TUNJA

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años de la exalcaldesa de Chita – Boyacá, Dora Belkis Gómez Cetina, al encontrarla responsable de transgredir el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al incurrir en el delito de peculado por apropiación.

La Procuraduría Regional de Boyacá señaló que la exmandataria incurrió en falta disciplinaria al apropiarse en favor de terceros de la suma de $15.899.994, al incluir a nueve personas que se desempeñaban como contratistas particulares, para que participaran en una capacitación hecha en la Isla de San Andrés.

El órgano de control estableció que Gómez Cetina utilizó recursos destinados exclusivamente para capacitar a funcionarios del municipio, para pagar el viaje de contratistas con orden de prestación de servicios, que legalmente no podían beneficiarse con estos recursos, vulnerando los principios de responsabilidad, transparencia y probidad que deben representar el actuar de los funcionarios públicos.

El Convenio de Asociación No. 05 del 14 de mayo de 2015, firmado por la alcaldía de Chita, tenía como objeto la «aunar esfuerzos entre el municipio de Chita y la Fundación Apasiónate de Colombia para llevar a cabo la capacitación Seminario Taller en implementación de acciones para mejorar el ambiente laboral; comunicación organizacional, comunicación asertiva, mecanismos de resolución de conflictos y actividades de bienestar contempladas en el programa anual de capacitación y bienestar dirigido a los funcionarios de la alcaldía de Chita – Boyacá – para dar cumplimiento y desarrollo al conjunto de actividades y cometidos que asigna la ley, de conformidad con las especificaciones técnicas dadas en los estudios previos y la propuesta económica los cuales hacen parte integral del presente convenio», actividad que se realizó del 27 de mayo al 01 de junio de 2015 en la Isla de San Andrés, y que tuvo un valor de 53 millones de pesos.

En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público afirmó que la disciplinada incurrió en un descuido y desatención elemental de sus deberes, al no salvaguardar los recursos encomendados como representante del municipio por lo que la falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

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