Cuarta condena para William Pérez, ex gobernador de Casanare

William Pérez Espinel, foto archivo
La Corte Suprema le negó la casa por cárcel

BOGOTA/ EL ESPECTADOR

William Pérez Espinel fue gobernador del Casanare entre 2001 y 2003. Por irregularidades durante su gestión ha afrontado varias sindicaciones penales que han motivado cuatro sentencias en su contra de parte de la Corte Suprema de Justicia. Una, en 2009, a 15 años de prisión por peculado. Otra, en 2014, de 8 años y 4 meses por concusión interés indebido en celebración de contratos. Y una más de 4 años y 8 meses por enriquecimiento ilícito en 2016. Este martes el alto tribunal lo condenó otra vez.

La Sala Especial de Primera Instancia le impuso otra pena de 7 años y 5 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Este proceso tuvo origen en una auditoria realizada por la Contraloría General de la República en el 2004 en la gobernación en la que se encontraron sobrecostos en tres contratos del año 2002 que originaron un detrimento patrimonial de $107 millones.

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Se trata de los contratos 418 de octubre de 2002 para el suministro de alimentos para restaurantes escolares. El 533 de octubre 21 de 2002 para la adquisición de material didáctico y el 582 de noviembre 5 de ese año para el suministro de 4.000 textos escolares. Todos fueron suscritos con Karol Emilce Cano Garzón, sin que tuviera la capacidad, experticia técnica y de infraestructura para poder cumplir con esos convenios.

Para la Sala Especial de Primera Instancia es clara la responsabilidad del exgobernador pues se acreditó un completo desinterés de su parte para conocer las propuestas presentadas y por la acreditación de irregularidades en todo el proceso. “Como cabeza visible de la administración departamental para ese entonces, era el ordenador del gasto y como tal, le eran exigibles unas obligaciones y responsabilidades puntuales, encaminadas al correcto funcionamiento del servicio y de la administración pública”, dijo la Sala.

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“Como mínimo, debió realizar un control antes de firmar los contratos cuestionados, formulando simplemente unas preguntas básicas, como, por ejemplo: entre los oferentes, ¿quién era el de mayor experiencia? O ¿quién tenía mayor capacidad económica? No era mucho lo que se le exigía, ni siquiera máxima diligencia, simplemente, se reitera, un control básico, que, de haberlo hecho, muy seguramente no estaría en el compromiso penal que tiene en los actuales momentos”, agregó la Sala.

La Corte compulsó copias a la Unidad Nacional contra el lavado de activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, para que adelante los procesos de extinción del derecho de dominio de bienes de Pérez que puedan declararse como producto de sus delitos. Igualmente, se le impuso una multa de $92 millones de pesos. El exgobernador está preso en una cárcel de Acacías en el Meta.

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