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Corte ordenó investigar a Helí Cala López por homicidio de un albañil

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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias para que se investigue al ex representante a la Cámara y exgobernador de Casanare Helí Cala López, por su presunta participación en el homicidio de un albañil, en hechos ocurridos en julio de 2005 en Trinidad, Casanare.

La investigación presume que la víctima había extorsionado al exgobernador y que Cala habría mandado hacer el encargo a un detective del DAS.

La solicitud quedó contemplada en la ponencia que hizo el magistrado Gustavo Enrique Malo Hernández ( con fecha 29 de julio de 2015), al resolver el recurso de casación interpuesto por el Fiscal 31 Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2012 por el Tribunal Superior de Yopal, mediante la cual se confirmó la del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué (Casanare), en el sentido de absolver a Álvaro Francisco Rojas Manjarrés por los delitos de homicidio agravado y peculado por uso.

El asesinato

El 28 de julio de 2005, hacia las 11 de la mañana, un hombre entró al sitio donde se encontraba laborando como albañil  Armando Hernández Chaquea y le disparó, causándole la muerte.

El hecho ocurrió en la carrera 8 No 9-11, barrio San Jorge, en Trinidad (Casanare). Los disparos atrajeron al detective del DAS, adscrito al Gaula Casanare,  Alvaro Francisco Rojas Manjarrés, quien se encontraba en la estación de gasolina El Lago.

A la bomba había llegado primero, pidiendo gasolina extra y luego hizo que le revisaran una supuesta falla al vehículo en que se movilizaba: una camioneta oficial Chevrolet Rodeo, color blanco, vidrios polarizados y de placas ZNA-250.

Cuando se escuharon los tiros que acabaron con la vida del albañil, Rojas Manjarrés corrió al sitio del homicidio, disparó tres veces al aire con su pistola oficial y recogió a un hombre (el que después fue identificado como el asesino) y juntos huyeron por la vía a Yopal.

Testigos alcanzaron a percatarse de la camioneta y las acciones de su conductor y por eso el 29 de julio de 2005 la Fiscalía 15 Local de Trinidad (Casanare) profirió resolución de apertura de instrucción en contra de Álvaro Rojas Manajrrés y  mediante indagatoria el 2 de agosto siguiente lo vinculó por el homicidio de Armando Hernández Chaquea.

La investigación

El 25 de marzo de 2009, la Fiscalía  le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de homicidio agravado  y el 30 de abril del mismo año lo privó de la libertad.   De igual forma vinculó al proceso a Héctor Goyeneche Rodríguez.

Un año después la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación por los delitos de homicidio agravado y peculado por apropiación y compulsó copias para seguir investigando a  Héctor Goyeneche Rodríguez y las demás personas que resultaran involucradas en los hechos.

Ya ejecutoriada  la resolución de acusación el 31 de agosto de 2010, el proceso fue remitido  al Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué (Casanare), despacho que le concedió la libertad provisional al sindicado el  4 de abril de 2011.

El 29 de julio de 2011, el juzgado absolvió al procesado y el Tribunal Superior de Yopal la confirmó el 14 de febrero de 2012.

A casación

Por esta razón la Fiscalía 31 de Derechos Humanos presentó el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo que quedó claro durante el proceso es que quienes se dieron cuenta del homicidio relataron las características del sicario y del hombre que lo recogió en la camioneta blanca, que a la postre resultó ser la que conducía el detective del Gaula.

Las pruebas de balística y otros acerbos inicialmente no fueron tenidos en cuenta, como su salida irregular y fraudulenta de Yopal el 27 de julio de 2005, los hechos ocurridos en la gasolinera, los disparos al aire, la huida con el sicario y la intimidación a testigos haciéndoles visitas nocturnas.

Igualmente ni el Juez ni el Tribunal tuvieron en cuenta las declaraciones del entonces fiscal jefe del Gaula Rodolfo Leal Galindo quien dijo que el subalterno había salido de Yopal el día del homicidio con el argumento de que iría a Paz de Ariporo a indagar por un guerrillero de las Farc.

Cara fea

Durante la investigación se supo que Alvaro Rojas sí conocía al albañil muerto, pues alguna vez le había preguntado a Leal si conocía o tenía alguna investigación contra alias Carafea (Armando Hernández Chaquea), y había antecedentes suyos por mal comportamiento, por lo que el jefe había solicitado removerlo del cargo junto a otro detective:  Gabriel Flórez.

Helí Cala

Al resolver el recurso de casación la Corte asegura que “Además, el juzgador desconoció pruebas que, por lo menos, de manera indiciaria destacan la posible vinculación del procesado y de otros agentes del DAS con grupos paramilitares, alianzas éstas que, entre otros fines delictivos, muchas veces tenían por objetivo, precisamente, exterminar a quienes consideraban delincuentes o desadaptados en el marco de políticas de -la mal llamada- “limpieza social”.

Así mismo, se omitió información probatoria que deja entrever que el procesado habría matado a Armando Hernández Chaquea cumpliendo un encargo del entonces gobernador del Casanare Heli Cala López, lo cual amerita que, por lo menos, deba investigarse la conducta de este último, por lo que se ordenará la respectiva compulsa de copias de la presente actuación.

En efecto, en el expediente reposa la declaración trasladada de Rodolfo Leal Galindo, omitida en la sentencia por un falso juicio de convicción según se vio, en la cual se testificó que un paramilitar desmovilizado, alias “Lucas”, confesó los vínculos de la organización ilegal con miembros del Gaula-Casanare, uno de los cuales sería el procesado a quien identificó con el alias de “Salomón”.

Esa imputación aparece respaldada por la existencia de un proceso penal en contra del último por el delito de concierto para delinquir, el cual fue revelado por la inspección judicial realizada en aquél, que también fue omitida. De otra parte, existen las pruebas que fueron trasladadas de un proceso penal por el delito de extorsión cuya víctima sería el exgobernador Heli Cala López, a quien se hacen los señalamientos delictivos ya referidos.

Ahora, se advierte que las citas probatorias anteriores no pretenden desconocer la presunción de inocencia de Álvaro Francisco Rojas Manjarrés en el delito de Concierto para delinquir, ni mucho menos la de Heli Cala López en el homicidio de Armando Hernández Chaquea, pues esos hechos ni siquiera constituyen el objeto de la presente actuación. Sin embargo, tal información probatoria fue legalmente recaudada y a partir de ella puede inferirse que, contrario a la conclusión del Tribunal, sí podían existir móviles en el procesado, inclusive en otros agentes del DAS para cometer el crimen que se juzga. En relación a la última hipótesis, recuérdese que al proceso bajo examen también se vinculó a Héctor Goyeneche Rodríguez, jefe del puesto de la agencia de inteligencia en Trinidad.

La sentencia

La investigación encontró que algunos ciudadanos fueron citados verbalmente para que concurrieran a las oficinas del DAS, donde  los detectives les interrogaban sobre los hechos y tal diligencia no constaba en documento alguno, por lo que fueron influenciados en sus respuestas.

La Corte constató, luego de revisadas las pruebas, que Alvaro Rojas fue coautor del asesinato del albañil Armando Hernández Chaquea y que utilizó la camioneta de propiedad del Fondo Rotatorio del DAS, además de la pistola con la que cometió el crimen. Por esto la Sala de Casación Penal lo condenó a 365 meses de prisión y ordenó su captura.

Y en relación con Helí Cala López ordenó compulsar copias  para que se investigue su eventual participación en el homicidio de Armando Hernández Chaque, quien al parecer lo estaba extorsionando, y por eso habría hehco el encagro a Alvaro Rojas.

 

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Chivas del Dia

¡Es el colmo! Docentes denuncian amenazas por dejar mucha tarea a los estudiantes

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Más de 20 docentes del Valle del Cauca habrían sido amenazados a través de mensajes intimidantes por redes sociales, según lo denunció el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV).

¿Quiénes son los autores? Aunque no se tiene claridad, se cree que las amenazas podrían provenir de grupos al margen de la ley o, incluso, de estudiantes y padres de familia.

«En lo corrido del año, aún en época de cuarentena y pandemia, se han presentado extorsiones, intimidaciones y amenazas a través de llamadas y mensajes por WhatsApp», dijo Luis Fernando Jaramillo, director de SUTEV.

Esta situación ha hecho que los docentes teman por sus vidas, pues las amenazas son varias y ya no se consideran casos aislados.

«Las causas son diversas. Entre ellas está hasta la censurable argumentación de que se están dejando muchos trabajos y tareas», añadió Jaramillo.

Entre tanto, los profesores les han pedido a las autoridades que empiecen las investigaciones que permitan descubrir quiénes están detrás de estas intimidaciones y tomar las medidas correspondientes.

Fuente, Publimetro

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Colombia

Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares

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Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Colmenares.

Estamos a tres días de que se cumpla el décimo aniversario de la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares.

La muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes retumba en los colombianos que se dividen entre una muerte accidental y un asesinato.

Una de las protagonistas de esta historia es Laura Moreno, la amiga de Colmenares que fue sindicada como la primera sospechosa y que tuvo que pasar una año y un mes en casa por cárcel.

La vida le cambió y de ella se volvió a saber hasta el año pasado, cuando se lanzó la serie de Netflix sobre la muerte de Colmenares.

Para esa época se conoció que Moreno contrajo matrimonio y se le vio muy feliz usando el vestido blanco.

Esto generó polémicas en la familia Colmenares que aún la señalan con algo de culpabilidad.

En entrevista con Semana, la mujer contó que luego de volverse famosa, su vida se convirtió en un infierno y que versaba entre audiencias en la Fiscalía y estudiar.

«Tuve que abstenerme de muchas cosas. Y después de 13 meses con casa por cárcel empezó a tener un papel importante la justicia. Me dieron mi libertad. Pero el calvario no terminó: no podía salir tranquila, era una persona conocida en las calles, una persona a la que la gente no le dio el beneficio de la duda, sino todo lo contrario, me juzgaron por lo que vieron en los medios. Ha sido difícil, las miradas inquisidoras y un maltrato permanente hacia mí», señaló Moreno.

Así es la vida de Laura Moreno tras 10 años de la muerte de Colmenares:

Dice que empezó a dedicarse “a estudiar mi carrera y a atender el caso. Me dediqué a vivir lo que venía del caso judicial, a asistir a las audiencias, a estar pendiente de todo. Este caso se volvió mi prioridad, tanto que a veces me tocaba faltar a la universidad, porque tenía asuntos a los que debía asistir en los juzgados de Paloquemao. Los abogados se han ocupado de adelantar mi defensa, pero he estado muy encima del caso, saber qué pasa, entender, porque es mi vida la que está en juego”.

Sé que la sociedad está polarizada en mi contra y culpa de ello es de los medios. La gente me juzga sin conocer el caso, sin tener argumentos válidos. Sin embargo, también me alegra que hay personas que no me conocen, que han reflexionado un poco, que miran más allá de lo que les presentan y pueden ver que soy inocente. Eso me ha hecho ver que hay gente buena. Es bonito ver que gente que no te conoce está contigo y te manda un mensaje de aliento. Eso lo agradezco enormemente”, dijo la mujer al medio de comunicación.

Fuente, Publimetro – Semana

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Boyaca

Por corrupción imparten nueva condena contra el exalcalde de la Victoria, Boyacá

El exfuncionario público se encuentra pagando una pena de 33 años de prisión por homicidio. 

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) condenó a 35 meses de cárcel al Desiderio Bohórquez Bustos, exalcalde del municipio de La Victoria, Boyacá, (periodo 2008 – 2011). La decisión se da luego de encontrar al exmandatario responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La decisión se da luego de que el exfuncionario público aceptara, mediante preacuerdo, las conductas punibles endilgadas por el ente acusador.

En la decisión, el juzgado ordenó el cumplimiento de la sentencia en establecimiento carcelario teniendo en cuenta que el hoy condenado está purgando una pena de prisión a más de 30 años por homicidio.

El caso por corrupción

La investigación que termina con la condena por corrupción inició luego de que una veeduría ciudadana del municipio La Victoria denunciara presuntas irregularidades en la celebración (en 2008) de un contrato para la adecuación de una caseta utilizada en la clasificación de residuos sólidos y basuras. Dicho contrato fue suscrito por 2’669.000 pesos y fue liquidado y pagado sin verificar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

En las indagaciones periciales realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Boyacá se determinó que se ejecutó solamente el 89% de la obra contratada, quedando un faltante de ejecución del 11%, lo cual representa un detrimento patrimonial para las finanzas del Estado por 440.027 pesos.

Como parte del preacuerdo, el procesado aceptó su responsabilidad en los delitos endilgados por el ente acusador; y realizó el pagó el valor total del detrimento patrimonial acreditado con una consignación efectuada en junio de 2020, a cambio del beneficio en la pena, que resulta de la degradación de las conductas, al cambiar el título de responsabilidad de coautor a cómplice.

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