La audiencia de imputación de cargos se adelanta este sábado, tras haberse entregado en Ciudad de México
El coronel Benjamín Núñez, excomandante de la Policía de Sucre, no aceptó haber cometido los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad que le imputó la Fiscalía General de la Nación por un caso de ejecuciones extrajudiciales ocurrido el 25 de julio de 2022, en el municipio de Chochó, en el departamento de Sucre, en el que fueron torturados y asesinados los jóvenes Carlos Ibáñez Mercado, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz Monterroza.
En medio de la audiencia de este sábado 10 de septiembre, que se da horas después de su llegada a Colombia tras entregarse este viernes en Ciudad de México, el fiscal del caso señaló que el coronel está en plena capacidad de sus funciones mentales y era totalmente consciente de que sus acciones contra los tres fallecidos eran ilegales: no podía detenerlos ni asesinarlos, incluso en el caso de que estuvieran involucrados en alguna actividad delictiva.
“Usted, pese al haber gastado al menos siete cartuchos, los repuso para torpedear la investigación, pretendiendo con ello eludir su responsabilidad por la muerte de los tres jóvenes. Es así como usted, conocía que estaba privando de la libertad a tres personas sin que mediara orden de captura, disparó con el fin de vengarse, lesionando la vida”, dijo el fiscal del caso.
Las muertes se registraron cuando los tres jóvenes presenciaban una carrera de motocicletas y de repente fueron abordados por efectivos de la Policía. De acuerdo con el testimonio de la hermana de Jesús David, varios patrulleros le pegaban patadas a su familiar y a los otros dos jóvenes en el operativo.
Según las necropsias, los jóvenes recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de su humanidad. Las otras heridas, dice el reporte, no tenían el propósito de causarles la muerte, pero sí de generar dolor intenso a los tres jóvenes.
“Se evidencian otras lesiones por trauma contundente (…) lo cual se interpreta como varios tipos de mecanismos de lesión, que no es lo esperado en el contexto de una intervención legal por agentes del Estado”, dicen los tres informes de necropsia, citados por el diario El Espectador.
Con respecto a los otros diez policías involucrados en el caso, cabe recordar que fueron enviados a la cárcel este miércoles 31 de agosto. La decisión fue tomada por una jueza con función de control de garantías de Sincelejo, misma que le imputó a los acusados los delitos de homicidio agravado, destrucción de elementos probatorios, privación ilegal de la libertad y tortura a los patrulleros que, en primera instancia, no aceptaron dichos cargos.
“En cada uno de los diez casos se configuran riesgos para la comunidad, así como un peligro de no comparecencia por la gravedad del daño y la actitud asumida después de la ejecución del ilícito”, expresó la jueza Primera Penal Municipal de Sincelejo, Aura Villalba.
La togada también estimó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es proporcional, necesaria y adecuada para el caso. No lo decidió por ser un caso mediático, de interés nacional o de repercusiones de toda índole, sino porque es un caso aberrante, grave, triste y preocupante, donde tres jóvenes humildes, presuntamente, resultaron víctimas de tortura, privación de la libertad y homicidio.
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