Una de las novedades punibles tiene que ver con las penas de hasta 6 años de cárcel para quienes obstaculicen en servicio de salud.
El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, resaltó la iniciativa legislativa al sostener que con ella se personaliza y se da cara a los responsables de irregularidades en la prestación del servicio de salud.
“Aquí hay una trascendencia que es diferente que es la imposición, no a la entidad, es el servidor, se particulariza en el individuo: ‘usted es quien estaba en urgencia, usted se responsabiliza’. Esto particulariza, individualiza, la falta en la prestación de servicio”, explicó.
Con el proyecto de Ley, los organismos de control buscaN reducir el llamado ‘paseo de la muerte’, que anualmente cobra la vida de decenas de colombianos.
El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, enfatizó que las penas irán hasta los 96 meses en centro penitenciario.
“El que niegue, retarse u obstaculice los servicios de salud, cuando se trate de atención de urgencia incurrirá por ese solo hecho y sin prejuicio de la pena que le corresponda, en prisión de 48 meses a 96 meses. Se agrava la pena cuando no se presta a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres en estado de embarazo, a los enfermos de enfermedades huérfanas, a los desplazados, a las víctimas de violencia, a la población adulta mayor”, sostuvo Carrillo.
