BOGOTA
Según un análisis de la Contraloría General de la República sobre la actual política pública para la expansión del sistema eléctrico nacional, las convocatorias realizadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para seleccionar proyectos de transmisión requerirían ajustes.
La primera de las modificaciones propuestas por la Contraloría fue la revisión de la norma que obliga a ISA a presentar ofertas aún en aquellos proyectos que no son técnica, financiera o ambientalmente viables. Esta obligación va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia.
Actualmente, según la Contraloría, ISA es una empresa en la cual el Estado solo conserva el 51,41% de su propiedad, mientras el resto de sus acciones están en cabeza de más de 20 mil accionistas, entre los cuales se encuentra el Fondo de Pensiones.
El segundo ajuste necesario según la institución reguladora, debe revisar el traslado de riesgos previsibles a inversionistas, pues requieren que se realice la tipificación, estimación y asignación de riesgos en esta clase de proyectos.
Así mismo, un comunicado de la Contraloría General de la República, afirma que la no revisión de estos riesgos ha llevado a que algunos inversionistas presentaran demandas contra la Nación y la UPME, pretendiendo cuantiosas indemnizaciones por circunstancias que se presentaron durante la ejecución de los proyectos y que podrían implicar un riesgo patrimonial para el Estado.
Finalmente la Entidad asegura que se debe evitar proponer proyectos sin que las entidades estatales, que tienen la respectiva competencia, hayan realizado los estudios y análisis previos que garanticen que los inversionistas puedan lograr la viabilidad técnica, ambiental y económica requerida, evitando retrasos en los proyectos.
“Pese a los esfuerzos de las autoridades que componen el sector eléctrico, en los proyectos de Transmisión en los últimos años se han presentado notables dificultades para los inversionistas adjudicatarios de las Convocatorias UPME, los cuales han acarreado mayores inversiones y retrasos en la fecha de entrada en operación, que han impactado el Sistema de Transmisión Nacional con restricciones”, concluye la Contraloría.
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