La Contraloría General de la República ordenó una actuación especial de fiscalización sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con el fin de revisar de manera prioritaria cinco contratos que en conjunto alcanzan los $20.783 millones. La medida busca esclarecer la ejecución de los recursos y determinar si existió detrimento al patrimonio público.
El foco de la investigación está centrado en la adquisición de tecnología de alta complejidad y gastos administrativos:
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Contrato de helicóptero no tripulado: Se evalúa un convenio cercano a los $9.000 millones tras presuntas fallas técnicas e incumplimientos. Las alarmas se encendieron luego de que la aeronave sufriera un siniestro el pasado 15 de marzo de 2026, encontrándose que presuntamente contaba con una póliza de seguro de apenas el 10 % de su valor total.
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Sistemas antidrones: Está en la mira un contrato por $8.340 millones para la compra de tres sistemas de interceptación y neutralización de drones, donde se investiga si los equipos entregados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y si están prestando servicio operativo real.
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Biometría y amoblamiento: La fiscalización también incluye convenios para la implementación de sistemas biométricos que no habrían entrado en funcionamiento, así como compras de dotación y mobiliario con presuntos sobrecostos.
El ente de control precisó que, de hallarse pruebas que sustenten un daño patrimonial, se abrirán los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal. Asimismo, de encontrarse conductas con alcance penal o disciplinario, las evidencias serán remitidas de inmediato a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
