La auditorías son del 2012 al 2014: gobiernos de Mariño y Marco Tulio
La Contraloría General de la República estableció un presunto daño patrimonial por $6.921 millones de pesos en la Gobernación del Casanare, al evaluar la ejecución de los recursos de regalías transferidos a este departamento en las vigencias 2012, 2013 y 2014.
En auditoría realizada en el segundo semestre de 2015, el organismo de control estableció 4 hallazgos con posible connotación fiscal por dicho valor, 8 de carácter administrativo y 4 más con presunta incidencia disciplinaria.
Dos de los hallazgos fiscales detectados suman $6.718 millones. El primero, por $3.539 millones corresponde a un posible sobrecosto por este valor en la compra de un lote de terreno de 10 hectáreas para proyectos de vivienda de interés social y prioritario en el municipio de Yopal, cuyo objeto era beneficiar a 667 familias.
El otro hallazgo fiscal relevante asciende a $3.178 millones y se da a raíz de una inversión por esta suma que realizó la Gobernación del Casanare para suministrar a los 68 colegios oficiales del departamento textos y otros elementos para mejorar la enseñanza y aprendizaje del inglés, sin a que la fecha se le haya dado uso a este material.
En el caso de la compra del lote, se determinó que valor real del terreno por hectárea es de $5.053.610 y la Gobernación de Casanare compró a $390.040.000, lo que genera una diferencia por hectárea de $353.986.390, prestándose así el sobrecosto señalado.
Para la Contraloría, el valor estipulado por el perito evaluador no se ajusta al precio real del terreno de acuerdo a la normatividad establecida.
El organismo de control encontró que no se realizó un avalúo del predio ordenado por la administración departamental para conocer el valor real del mismo, previo a su adquisición, y se aceptó como válido el que practicó el vendedor.
La Gobernación de Casanare compró este terreno con base en un informe de avalúo comercial realizado por el perito evaluador, contratado por el vendedor (Agropecuaria Garzón López S.A.S.).
Además, se pagó como si fuera un predio urbano siendo rural, tal como aparece en el certificado de tradición, sin embargo más adelante mediante acuerdo municipal dicho lote fue incorporado como urbano, incumpliendo con el procedimiento establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Elementos comprados y que no prestan ninguna utilidad
Al evaluar la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 1133 del 17 de febrero de 2014, por $3.178 millones, que tenía por objeto implementar actividades para mejorar la enseñanza-aprendizaje del inglés de los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales de Casanares, la CGR estableció varias irregularidades.
Uno de los componentes del contrato era el suministro de 1.371 textos para docentes y de otros 11.000 para bibliobancos escolares de primaria y bachillerato, lo mismo que la dotación de canastas educativas para 68 sedes en preescolar, primaria y bachillerato.
La Contraloría General de la República realizó visitas a las instituciones educativas beneficiarias de este contrato, encontrando que efectivamente recibieron el material contratado, en el mes de septiembre de 2014, pero no se le ha dado uso.
Durante las visitas realizadas, el 80% de los profesores manifestaron no conocer el material.
Adicionalmente, rectores y profesores informaron que el material entregado se encuentra compuesto por CDS de audio y
DVDS, que no pueden usarse puesto que las instituciones educativas no cuentan con herramientas tecnológicas que permitan oír y visualizar los respectivos contenidos.
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que los elementos adquiridos no se encuentran prestando ninguna utilidad a las instituciones educativas beneficiarias, lo cual denota una evidente falta de planeación por parte de la Gobernación de Casanare puesto que la inversión realizada está siendo subutilizada, evidenciándose un presunto daño al patrimonio público que asciende a la suma de $3.178 millones.
