Las regiones colombianas contarán con más recursos para la inversión social, con el presupuesto de regalías de $31,3 billones, que aprobó el Congreso de la República.
Esta Ley regirá desde el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y es superior 81% a los dos años anteriores, con un incremento de $14 billones, siendo el más alto asignado a los territorios desde la entrada en operación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2012, confirmó el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, presentado por el Gobierno del Cambio el pasado 15 de noviembre, la norma aprobada resalta la importancia de avanzar por una senda de transición energética segura, confiable y eficiente, que mantenga la soberanía energética y destine los recursos provenientes del sector minero-energético para financiar programas estratégicos de desarrollo en los territorios.
Para cumplir con el artículo 361 de la Constitución Política esta iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por $29 billones.
Su distribución será:
* $7,5 billones serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
* $3,8 billones se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.
* $10,1 billones serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos.
* $3 billones estarán orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $600.000 millones deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
* $3,4 billones financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios PDET.
* $694.000 millones serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rom o gitano de Colombia.
* $299.000 millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, propósito que será fortalecido por la inversión de $599.000 millones, que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas.
* Cormagdalena recibirá $150.000 millones para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
Es de destacar que para el ahorro se destinarán a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial $1,3 billones. Así mismo, $299.000 millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.
También se destinarán $598.000 millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.
Hidrocarburos, educación y gestión de riesgos
La norma aprobada contempla que la producción de hidrocarburos seguirá siendo la principal fuente de generación de regalías del país. En el próximo bienio, en promedio, 76% de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías serán generados por el sector hidrocarburos y el 18% restante por el sector minero. La devaluación del peso y el ciclo alto de los precios internacionales impulsarían el aumento de los ingresos.
Frente a la perspectiva mundial de una transición energética hacia energías renovables, el país afronta el reto de usar los recursos del Sistema para transitar, de forma gradual y ordenada, hacia la descarbonización de las economías regionales y locales, en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, sin poner en riesgo su seguridad energética.
Este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado, al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de sus comunidades, como en educación.
La articulación de los planes de desarrollo nacional y territoriales es un mandato legal que forma parte del sistema presupuestal del Sistema. Dentro de las disposiciones aprobadas se destaca una que habilita a los gobiernos departamentales y municipales para aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías con el fin de prevenir y mitigar las afectaciones que pueda sufrir la población en sus jurisdicciones por causa de los desastres naturales.
(Con información del Ministerio de Hacienda).
