El alto tribunal les concedió la prisión domiciliaria a los sentenciados.
A una pena de 7 años y 5 meses de prisión y al pago de una multa de 380 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fueron condenados Roberto Suárez Oviedo y Mildred Suárez Oviedo, por el delito de fraude procesal.
El ente acusador demostró que los sentenciados, en septiembre de 2012, presentaron documentación inexistente para acreditar experiencia como la empresa de seguridad Segal Ltda, que licitó ante la Fiscalía Seccional de Meta, para prestar sus servicios de seguridad.
Esta decisión de segunda instancia, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio al resolver la apelación de la Fiscalía, indica primero, que no se puede dictar acción contra los procesados por el delito de falsedad en documento privado porque prescribió, pero a su vez los condena por el delito de fraude procesal y niega la suspensión condicional de ejecución de la pena.
