La Sarna, foto Las Chivas del Llano
Dentro de las sanciones impuestas en la sentencia, el presidente de la República o un delegado, deberá pedir perdón a las familias de las víctimas.
Los familiares de las víctimas de la masacre de La Sarna celebraron la sentencia emitida, el 29 de agosto de 2019, en la que el Consejo de Estado dejan en firme el fallo del Tribunal de Casanare en la que declara a la Nación responsable por las muertes perpetradas por paramilitares el primero de diciembre de 2001 en la vía que conduce de Sogamoso a Yopal, los familiares de las víctimas celebraron la decisión, aseguró W Radio.
Según el fallo, en esta masacre fueron víctimas directas Mercedes Rivera Sotabán y Herminda Blanco Quintero y Gonzalo Rincón Barrera, Isidro Alba Guío, Luis Ángel Gil Orduz, Luis Arturo Cárdenas, José Antonio Monguí Pérez, Luis Alejandro Pérez Fernández, Jhon Fredy Poveda Bayona, José Bertulfo Noa o Nova Rosas y Jairo Isidoro Peña Cárdenas.
El fallo ordena al Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa Nacional, componentes Ejercito Nacional y Policía Nacional a pagar a los demandantes los perjuicios materiales y extrapatrimoniales.
Con respecto a la decisión Anabel Cudris Duarte, familiar de Abel Cudris Rodríguez, asesinado en la masacre, dijo: “recibo esa sentencia con mucha felicidad porque vemos que va a ver justicia, se va limpiar el nombre de los familiares y vamos hacer reparados que es lo que esperamos después de esta cruel historia que le ocurrió a todos nuestros familiares”.
Dentro de las acciones impuestas en la sentencia el presidente de la República o su delegado, en nombre del Estado, pedirá perdón al país y a las familias de las víctimas de la Masacre de la Sarna, por las omisiones y complicidad de algunas autoridades, el acto deberá ser público en Labranzagrande o en Sogamoso, con transmisión en directo por los canales de radio y televisión del Estado.
En la sentencia también se precisa que deberán asistir los ministros del Interior y Defensa, así como los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejercito Nacional y de la Unidad Operativa mayor con jurisdicción en el lugar de la matanza, y el director general de la Policía Nacional.
Al acto deberán ser invitados el gobernador de Boyacá, los alcaldes y personeros municipales de Sogamoso, Aquitania, Labranzagrande, Pisba y Paya; el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo y los demandantes integrantes de los grupos familiares de las víctimas directas.
Sobre las determinaciones anteriores, Anabel Cudris Duarte, dijo que son extraordinarias para limpiar el nombre de su padre Abel Cudris quien se desempeñaba como comerciante de artículos naturistas. “Ese día mi padre se desplazaba hacía Labranzagrande a vender sus productos, él iba a trabajar”.
Al respecto, Luz Briceida Vega, secretaria técnica del Movice Capítulo Boyacá, la sentencia del Consejo de Estado es un logro que sobretodo permite devolver la dignidad a las víctimas, “las familias realmente están contentas. De alguna manera esto limpia el nombre de sus familiares y los libera de esa estigmatización de la que fueron objeto”.
La masacre
En la masacre registrada en la vía Sogamoso-Yopal donde 15 personas fueron asesinadas, estarían comprometidos paramilitares.
En esta masacre fueron víctimas directas Mercedes Rivera Sotabán; Herminda Blanco Quintero; Gonzalo Rincón Barrera; Isidro Alba Guío; Luis Ángel Gil Orduz; Luis Arturo Cárdenas; José Antonio Monguí Pérez; Luis Alejandro Pérez Fernández; Jhon Fredy Poveda Bayona; José Bertulfo Noa o Nova Rosas y Jairo Isidoro Peña Cárdenas.
El fallo ordena además, al Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa Nacional, componentes Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar a los demandantes los perjuicios materiales (daño emergente) y extrapatrimoniales (morales y alteración de condiciones de existencia).
La sentencia determinó imponer a título de justicia restaurativa en pos de la relación de los principios de verdad, justicia y reparación integral, varias obligaciones entre las que se destacan:
Que el presidente de la República o su delegado, en nombre del Estado, pedirá perdón al país y a las familias de las víctimas de la Masacre de la Sarna, por las omisiones y complicidad de algunas autoridades; honrará su memoria y proscribirá la atrocidad cometida; hará solemne promesa de no repetición por acción u omisión de las autoridades; y de apoyar irrestrictamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial con todos los medios a su alcance para que se descubra integralmente la verdad, se vincule e impute a cuanto responsable pueda individualizarse se persiga el horrendo crimen en todas sus ramificaciones, conforme al ordenamiento jurídico que sea aplicable.
El acto institucional será público y tendrá que ser transmitido en directo por los canales de radio y televisión del Estado, siendo este anunciado con suficiente anticipación para que la comunidad nacional pueda observarlo, y se realizará dentro de los (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, preferentemente en Labranzagrande si las condiciones de seguridad que evalúe el Gobierno lo permiten, o en su defecto en Sogamoso.
Deberán asistir, sin lugar a delegación, los ministros del Interior y Defensa, así como los comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejercito Nacional y de la Unidad Operativa mayor con jurisdicción en el lugar de la matanza, y el director general de la Policía Nacional.
Serán invitados el gobernador de Boyacá, los alcaldes y personeros municipales de Sogamoso, Aquitania, Labranzagrande, Pisba y Paya; el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo y los demandantes integrantes de los grupos familiares de las víctimas directas.
La masacre del páramo de La Sarna ocurrió el primero de diciembre de 2001 en la vereda Las Cintas en zona rural del municipio de Sogamoso, cuando las víctimas se dirigían a la población de Labranza grande. Sobre las seis de la mañana de ese fatídico sábado, partió del Terminal de Sogamoso con destino a Labranza grande el bus de número interno 339, de la Empresa Cootracero, el cual se distinguía con las placas JYG-137.
Al momento de partir de la terminal lo hizo con tan solo tres pasajeros en su interior; sin embargo durante el trayecto fueron abordando otros 12 pasajeros, además en el bus viajaban dos niños, uno 7 años hijo del conductor y otro de 12 años cuyos padres eran dos profesores que también viajaban en el bus, además de una mujer de la tercera edad.
Cuando el vehículo transitaba por el sitio conocido como La Sarna, exactamente en el sector “Melgarejo”, un grupo de hombres armados se atravesó en el camino y detuvo la marcha del bus; posteriormente obligó al conductor a atravesarlo en la carretera y a sus ocupantes a descender.
Los dos niños y la mujer de la tercera edad fueron separados hacia un lugar cercano, mientras que los demás pasajeros, entre los que se encontraban 12 hombres y 3 mujeres, fueron obligados a tenderse boca abajo sobre la carretera y fueron asesinados en un acto macabro, propinándoles tiros de gracia.
En el hecho que causó total repudio en el país, fueron asesinados: Bertulfo Noa Rosas Arguello, agricultor de 50 años de edad; el ingeniero Luís Ángel Gil Orduz de 30 años; el ingeniero Gonzalo Rincón; Jairo Isidoro Peña de 42 años, quien desempeñó cargos públicos en Labranzagrande y su esposa Herminda Blanco, quien se desempeñaba como profesora; Mercedes Rivera de 22 años quien se desempeñaba como empleada de la Administración municipal de Paya.
Isidro Alba Guío de 50 años, profesor, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la UPTC; Tania Leonor Correa Pidiachi de 25 años, estudiante de Medicina de Uniboyacá; Luis Arturo Cárdenas de 20 años Zootecnista egresado de la UNAD director de la UMATA en Paya, en la época e los hechos.
Jonh Fredy Poveda Bayona, de 17 años de edad, estudiante de la Uptc en la Facultad de Ingeniería de Transportes y Vías; Abel Cudris Rodríguez, procedente de El Banco (Magdalena); Luís Miguel Melo Espitia de 17 años de edad, él era el auxiliar del bus.
Gonzalo Rincón Barrera, 31 años de Sogamoso, Ingeniero Sanitario y Ambiental egresado de Uniboyaca. Luís Alejandro Pérez Fernández, de 22 años, estudiante de Administración de Empresas de la Uptc; José Antonio Monguí Pérez, de 52 años, comerciante residente en Sogamoso y Hernando Gómez Garavito de 32 años, quien conducía el bus.
Fuente William Rodolfo Torres
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