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Concepto del Consejo de Estado, ratifica que directora de Corporinoquia debe renunciar

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El portal suversion.com.co presenta la segunda entrega de la investigaciòn que adelanta sobre la posible irregularidad de la directora de Corporinoquia de mantenerse en el cargo.

Ante las denuncias formuladas por este medio de comunicación, sobre la inhabilidad sobreviniente que recae sobre la actual directora de Corporinoquia, la cual oculto al Consejo Directivo, y por ende continua en el cargo, logramos de manera exclusiva conocer el boletín de Responsables Fiscales SIBOR de la Contraloría delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, consultado el sábado 26 de mayo del 2014 a las 10:30:32 de la mañana, aparece REPORTADO en un  proceso la señora MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA.(documento anexo).

De igual manera, y ante el silencio de la Corporación, nos permitimos presentar los conceptos del Consejo de Estado sobre las inhabilidades sobrevinientes (documento adjunto), emitido el 24 de abril de 2012, con radicación interna 2099, sobre consulta elevada por el Ministro del interior en referencia: “Clase de falta generada por fallo de responsabilidad fiscal”, en el caso del gobernador del Valle Héctor Fabio Useche, define que “la decisión ejecutoriada de responsabilidad fiscal que se constituye en falta sobreviniente de acuerdo al artículo 38 de la Ley 734 de 2002, se configura falta absoluta del cargo, y dos, la inhabilidad sobreviniente , con ocasión del fallo con responsabilidad fiscal cesa hacia el futuro con el pago, pero no es subsanable”.

Con base en lo anterior la Sala insiste, en que cuando la inhabilidad sobreviniente fue originada por una conducta dolosa o culposa, procede el retiro inmediato del servidor, esta situación origina la vacante absoluta en el cargo.

De igual manera la sentencia de la Corte Constitucional No. C-038/96,  (http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-038-96.htm), en uno de sus apartes menciona que: Si la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, se originan en causas imputables al dolo o culpa del nombrado o al funcionario, no cabe duda de que la norma examinada es inconstitucional. Los principios en los que se basa la función pública, quedarían sacrificados si no se optara, en este caso, por el retiro inmediato del funcionario o la negativa a posesionarlo. Si en la inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, no se ha incurrido por el dolo o culpa del nombrado o al funcionario, y siempre que éstos en sus actuaciones se ciñan a la ley y eviten los conflictos de interés, puede considerarse razonable que se disponga de un término de tres meses para poner fin a la situación. De esta manera se preserva el derecho al trabajo, su estabilidad, y el acceso al servicio público, sin que por este hecho se coloque a la administración en trance de ver subvertidos sus principios medulares”

Como se puede evidenciar, los conceptos jurídicos están dados, y solo resta que el Consejo directivo de Corporinoquia determine separar del cargo a la actual directora por estar inmersa en inhabilidad, sumado a ello el fallo de la contraloría remitió copias a la Procuraduría General de la Nación, entre otros.

Extraoficialmente hemos conocido al cierre de este artículo, que la señora directora solicitó vacaciones, pero se ha podido confirmar ya que la oficina de prensa de la Corporinoquía no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

FUENTE  suversion.com.co

 

 

 

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Supremo venezolano en el exilio decreta la “continuidad” del actual Parlamento

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MARACAIBO, VENEZUELA. / VOA NOTICIAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), electo en 2017 por la opositora Asamblea Nacional y cuyos integrantes se encuentran en el exilio, declaró la nulidad de las elecciones parlamentarias de este domingo y determinó que los diputados del Parlamento escogido en 2015 deben continuar en sus cargos hasta que haya votaciones democráticas y libres.

La decisión, tomada y difundida este jueves, también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, como cabeza del gobierno interino de Venezuela.

La Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de Justicia decidió este jueves la “invalidez” del proceso electoral legislativo convocado con la venia del chavismo en julio pasado, como respuesta urgente a una petición formalizada el primero de diciembre por un grupo de diputados de la actual Asamblea Nacional.

La principal razón que dio el magistrado y presidente de esa instancia judicial, Domingo Javier Salgado Rodríguez, es que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es una facultad constitucional exclusiva del poder legislativo de Venezuela con la participación de la sociedad civil.

“Ese procedimiento de designación no puede abrogarlo para sí el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas”, reza el fallo del expediente SE-2020-0002.

Los actos electorales derivados del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) son, a juicio del TSJ venezolano en el exilio, carentes de validez “por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes”.

La decisión tacha la convocatoria a las elecciones de “fraudulenta” y acusa a los integrantes del nuevo poder electoral de usurpadores.

El máximo jurista de la Sala Electoral también anuló “las gravísimas violaciones del orden constitucional y orden legal” que observó por parte de las “autoridades usurpadas” en la aprobación del reglamento que regulará las elecciones indígenas a la AN y de las normas especiales para esas votaciones.

A man wearing a face mask amid the COVID-19 pandemic passes a mural of Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas,…

Desmitifican la oferta de Maduro de dejar la presidencia si pierde las parlamentarias

“Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Asumo el reto”, dijo el martes el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los 33 magistrados escogidos en julio de 2017 por el Parlamento residen actualmente en diferentes países, como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos. Suelen reunirse semanalmente mediante videoconferencias, si bien sus despachos han enfatizado en que sus salas operan a diario en las solicitudes que reciben mediante correos electrónicos y su página oficial en Internet.

Analistas y juristas independientes han puesto en entredicho el impacto real dentro del sistema de justicia venezolano de las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que eligió el Parlamento en 2017, sin embargo.

Guaidó, ratificado, por ahora

La Sala, en el numeral sexto de su fallo, declaró “ha lugar” a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, una votación que ganó abrumadoramente la oposición ante el chavismo.

La presunta comisión de un fraude electoral en la escogencia de tres diputados del estado Amazonas frustró la posibilidad de que la oposición ejerciera tal mayoría legislativa. El TSJ madurista emitió al menos 120 decisiones desde enero de 2016 que anularon legalmente todos los actos de ese Parlamento.

El poder judicial en el exilio, que el gobierno interino de Juan Guaidó llama “legítimo”, advirtió que no ha existido “una convocatoria legal” para elegir a los diputados que deberían ejercer sus cargos entre 2021 y 2026.

“Se acuerda que se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y juramentados el 5 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas”, indica la decisión.

Cuatro de sus siete magistrados fueron diputados, ministros, militares o embajadores leales al chavismo. Expertos la valoran como el órgano judicial más poderoso del país.

El ponente justificó su opinión en los artículos 63 y 333 de la Constitución venezolana para “evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria”.

La Sala Electoral también certificó la continuidad de la junta directiva parlamentaria, liderada por Guaidó, “quien, además de presidente de la Asamblea Nacional, ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tanto la directiva como las comisiones legislativas continuarán en sus funciones a partir del 6 de enero de 2021 hasta tanto la Asamblea Nacional decida “lo conducente” en los términos del artículo 194 de la Constitución, que establece que el Parlamento escogerá los cargos directivos de la institución por un año.

También, se exhorta a la AN a que continúe con el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE que puedan generar la “confiabilidad” de los votantes en el sistema electoral venezolano.

“El pueblo, en el ejercicio de su soberanía, eligió a sus representantes a la Asamblea Nacional en fecha 6 de diciembre de 2015, y por tanto solo él, mediante un nuevo sufragio, podrá elegir sus nuevos representantes dentro del marco constitucional”, añade el fallo.

El magistrado pidió, por último, que la decisión se comunicara a los poderes públicos de Venezuela, así como a las secretarías generales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea.

 

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