BOGOTÁ – Reacciones encontradas se presentaron en Colombia luego de que el informe de la comisión independiente nombrada en 2017 por la Cámara de Representantes de Estados Unidos estableciera que, a pesar de los más de 11.000 millones de dólares invertidos, en más de 20 años, por ese país para la lucha contra el narcotráfico, en el denominado, Plan Colombia, el objetivo ha sido un rotundo fracaso.
Sin que el gobierno del presidente Iván Duque se haya manifestado públicamente sobre el informe, su contenido ha enfrentado a defensores y detractores de la lucha antidrogas en Colombia.
Para el senador opositor, Antonio Sanguino, el informe corrobora los errores de la política antidrogas implementada por Colombia, con el apoyo de los Estados Unidos, basada en componentes militares y prohibicionistas.
“Colombia y el mundo deben revisar muy bien como se redirecciona esta lucha que debe ser global, pero que debe fundamentarse sobre otros paradigmas que superen el prohibicionismo y que superen este tratamiento militar a un fenómeno que es fundamentalmente económico y de salud pública”, indicó el congresista de izquierda, quien añadió que Colombia no puede continuar atada a políticas del pasado que han demostrado su nula eficacia.
Sin embargo, el analista señala que el error estuvo en la suspensión de esa estrategia y de la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos, decisiones adoptadas por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, producto de las negociaciones de paz con las Farc.
“Es a partir de ahí que empiezan los cultivos ilícitos a crecer exponencialmente y a partir de ahí si hay que reconocer que la lucha contra el narcotráfico fracasó, hoy en día somos los principales productores de cocaína del mundo, tenemos más de 200 mil hectáreas sembradas de coca, estamos produciendo más de 1200 toneladas de cocaína”.
Para Marulanda es fundamental, como lo ha planteado el gobierno del presidente Iván Duque, retornar a la aspersión con glifosato de los cultivos de coca, sin dejar de lado la erradicación manual.
No obstante, para la oposición es fundamental enfrentar el problema del narcotráfico desde la perspectiva planteada en los acuerdos de paz, que asumen una política social con los campesinos, productores de hoja de coca, basada en la sustitución voluntaria de cultivos y la implementación de proyectos productivos que corten de raíz su relación con el narcotráfico.
