Constreñimiento al elector por parte de grupos armados, acciones intimidatorias contra los jurados de votación o ataques a miembros de la fuerza pública son algunos de los escenarios de riesgos electorales en materia de seguridad que las autoridades han identificado en 99 municipios del país, de los cuales 15 se encuentran en los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira.
Así lo reveló a EL HERALDO el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, quien estuvo de visita la tarde del pasado miércoles en el Atlántico con la misión de verificar la implementación de los planes estratégicos en materia de seguridad y el despliegue del Plan Democracia 2022.
El uniformado detalló cómo se prepara la fuerza pública en la región Caribe, luego de que un subcomité de seguridad evaluó y determinó los niveles de riesgos electorales en esta zona del país.
Dichas reuniones, precisó el oficial, fueron estratégicas para “levantar un mapa” e identificar que en todo el país hay 50 municipios de especial atención prioritaria y 49 municipios de atención media por parte de los diferentes componentes de la seguridad nacional.
“Para la región Caribe, Bolívar, con sus municipios de Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, tienen atención prioritaria; mientras que Morales y Montecristo tienen una alerta media”, dijo el general Navarro, quien puntualizó que para el Cesar, en los municipios de Aguachica, Agustín Codazzi, Pailitas y Valledupar, existe también una alerta de riesgo medio.
El uniformado detalló que en Magdalena, el distrito de Santa Marta presenta un nivel de alerta media, así como Dibulla, Manaure y San Juan del César, en La Guajira.
“En estos municipios hay una atención prioritaria, es decir, que el dispositivo de seguridad está focalizado en estas regiones para evitar cualquier inconveniente que pueda poner el riego a la población antes, durante y después de las elecciones”, detalló el comandante de las FF. MM.
Este año electoral ha sido de especial interés para el Gobierno nacional, dijo Navarro tras destacar que el plan de seguridad se viene ejecutando desde noviembre pasado y se extenderá hasta el 7 de agosto, cuando tome posesión el nuevo presidente de la República.
El oficial indicó que para esta región del país hay desplegados 15.400 efectivos por tierra, mar, aire y río y estos mismos harán presencia en 773 puestos de votación “para proteger” el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos.
Precisamente con los que serán elegidos, el uniformado indicó que “no hay una seguridad focalizada” en algún candidato en específico, sino que por el contrario “todos están en igualdad de condiciones en materia de seguridad”.
“A través del subcomité de seguridad se evalúa y se determina los niveles de riesgos, los cuales recaen sobre los candidatos y las campañas. Estos aspectos se trabajan de manera articulada con todos los actores de la fuerza pública (UNP, Policía y FF. MM.) para que en cada movilización de los candidatos se refuercen los esquemas de protección con sus jefes de seguridad”, detalló Navarro.
Para determinar los niveles de riesgo, de acuerdo con el oficial, se estudiaron 28 variables que están asociadas con la convivencia y la seguridad ciudadana, transparencia electoral y temas relacionados con la influencia de grupos armados organizados, estos últimos de manera puntual “podrían actuar para entorpecer el proceso electoral”.
“Las alarmas y riesgos, en su mayoría, están asociadas a la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), de manera particular con el Clan del Golfo. Podemos decir que en el sur de Bolívar hay presencia también del Eln, en la Sierra Nevada están ‘los Pachencas’ y en La Guajira y Cesar tenemos presencia del Eln”, indicó el uniformado, quien añadió que los miembros de la fuerza pública se plantean los escenarios “más críticos” para que todos estén preparados para responder de la mejor manera a lo que pueda ocurrir.
Al tiempo que se ejecuta el Plan Democracia, hombres y mujeres de las Fuerzas Militares continúan desarrollando operaciones con las que se han golpeado las estructuras y las finanzas de los GAO que delinquen en esta región, además de proteger la infraestructura del Estado.
Precisamente dentro de estas acciones, en lo que va de año, en el marco de las operaciones militares conjuntas, coordinadas e interinstitucionales han sido capturados 170 integrantes de estas organizaciones en el Caribe, y han incautado cerca de 74 toneladas de estupefacientes.
Fuente: El Heraldo
