El Centro Democrático, en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe y del senador Gabriel Velasco, radicó el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Garantías.
BOGOTA
“Queremos agradecer a la Secretaría del Senado que nos abre este espacio para radicar este proyecto. La llamada Ley de Garantías tuvo razón de ser durante el periodo de la reelección presidencial, hoy, sin reelección presidencial, simplemente se convierte en un factor más para que las administraciones no puedan avanzar”, dijo el exmandatario.
Por lo anterior, anotó que ”los actuales alcaldes y gobernadores tuvieron Ley de Garantías este año, prácticamente tuvieron muy afectada su posibilidad de gobernar por esos periodos largos de Ley de Garantías y volverían a tener Ley de Garantías el año entrante, lo cual es injusto con ellos. En un periodo de cuatro años, prácticamente dos años con bastantes limitaciones para gobernar”.
Y agregó: “Aquí se eliminan unas restricciones, por ejemplo, que los contratos entre el Gobierno Nacional, los alcaldes y los gobernadores puedan darse no así convenios interadministrativos entre entidades del mismo nivel, se permite, por supuesto, que todos los procesos de licitación pública con toda transparencia puedan avanzar”.
“Ahora muchos colombianos han dicho: ‘bueno, pero esto es facilitar la corrupción’. De ninguna manera, lo que necesitamos nosotros es que todo gobierno, local, departamental proceda con toda transparencia y esto va acompañado de muchas normas de todo ese proceso normativo que está avanzando en el Congreso de leyes contra la corrupción”, puntualizó.
Por su parte, el senador Gabriel Velasco, dijo que “esta iniciativa legislativa busca levantar unas restricciones en la contratación pública que tenían su origen en la reelección presidencial misma que ya no está vigente”.
“En síntesis lo que se busca con este proyecto de ley es darle las herramientas suficientes a las administraciones departamentales y municipales para que puedan cumplir con sus planes de gobierno sin estar sometidos a las restricciones temporales y de contratación contempladas hoy en día en la ley, que en suma, limitan casi a dos años las posibilidades de contratación y ejecución de las políticas públicas deseadas por los administradores del orden territorial”, puntualizó Velasco.
