Casanare, que en el último año enfrentó la grave sequía causante de la muerte de 20.000 chigüiros, reses y caimanes, y en cuya capital desde hace más de cuatro años se sufre el desabastecimiento de agua, es el departamento que más dinero malgasta de las regalías que, se supone, están dirigidas a garantizar el líquido vital.
En el último año, 24.483 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de acueductos y mejoras en el servicio de agua potable se perdieron por causa de las malas administraciones de alcaldías en tres municipios.
Esa vergonzosa realidad de Casanare se extiende, por lo menos, a siete zonas del país. De las regalías que reciben las regiones, según la Contraloría, las que se deberían invertir para el agua son las que más se están desperdiciando, irónicamente, en los municipios más sedientos. La alerta es aún mayor teniendo en cuenta que, según el Ideam, el país vivirá en los próximos meses un intenso fenómeno del Niño que se podría prolongar hasta marzo del 2016.
En una evaluación que la Contraloría hizo sobre el manejo de regalías, con corte a junio del 2015, se evidenciaron 14 irregularidades con dineros del agua en Antioquia, Boyacá, Casanare, La Guajira, Meta, Sucre, Valle del Cauca y Vaupés. De los 112.000 millones de pesos de regalías que se perdieron en el último año en todos los frentes, el 28 por ciento (31.145 millones de pesos) eran dineros para el líquido vital, y el 22 por ciento, para educación.
Los manejos irregulares, según el órgano de control, se dan por el uso ilegal de esos recursos públicos, la mala gestión de las interventorías en los contratos, la baja calidad de las obras entregadas y sobrecostos.
En Tauramena (Casanare), uno de los municipios más afectados por la sequía, se perdieron 17.248 millones de pesos del agua en contratos que se pagaron pero que no beneficiaron a nadie. La Contraloría estableció que desde el 2009 ese municipio comenzó un megaproyecto para construir un acueducto y un sistema de suministro de agua potable que permitiera llevar el líquido vital a siete veredas de la región y conectara el río Chitamena con el río Caja. Se firmaron cuatro contratos con la Empresa Municipal de Servicios Públicos (Esmet), y aunque se le pagó por esos negocios las obras no fueron terminadas y “no cumplieron su fin social”.
Una situación similar vive Aguazul (Casanare), donde hace seis años la Alcaldía suscribió un contrato con la Unión Temporal Ingecasanare, en el que le dio un plazo de 6 meses para “optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales” en la región. A la fecha, las obras y equipos de este proyecto “se encuentran sin funcionamiento, en abandono, proceso de deterioro, sin prestar ningún servicio a la comunidad e incumpliendo con la normatividad ambiental vigente”, dice la Contraloría.
La construcción tiene decantadores y sopladores dañados que han impedido que funcione. Las pérdidas en esa fallida obra fueron de 7.156 millones de pesos.
Y en Yopal, la capital de Casanare, la Contraloría concluyó que, pese a que en el 2014 tuvo un presupuesto de 307.688 millones de pesos, incluidas regalías, “no se realizaron eficazmente inversiones en el sector de agua potable, y esto afectó notablemente el desarrollo social y la salud de la comunidad”, pues este municipio desde hace cuatro años no tiene acueducto. Por retrasos en la construcción del acueducto, la Procuraduría destituyó al alcalde de Yopal, William Enrique Celemín, por 13 años.
