La Contraloría General de la República, en su labor de control y vigilancia, realizó una solicitud a las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) sobre el inicio de la prestación del servicio de alimentación escolar, detectando una preocupante falta de oportunidad en el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varias regiones del país. A nivel nacional, más de 781.000 estudiantes se han visto afectados por estos retrasos, y en Casanare, la situación no es distinta.
Retrasos en Casanare
Según el informe, 13 municipios no certificados del departamento de Casanare (Tamara, Tauramena, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Villanueva, Trinidad, Maní, Nunchia, Orocue, Pore, San Luis de Palenque y Monterrey) no han iniciado el servicio de alimentación escolar en diversas instituciones educativas, a pesar de haber firmado actas de bolsa común con el departamento. Este retraso ha dejado sin alimentos a alrededor de 5.526 niños y adolescentes, afectando su derecho a una alimentación adecuada y equilibrada.
Problemas a nivel nacional
A nivel nacional, el informe de la Contraloría revela que cerca de 307.000 estudiantes de siete ETC no están recibiendo los complementos alimentarios. En los casos de Neiva y Magdalena, que iniciaron el calendario escolar el 20 de enero, más de 167.000 estudiantes no han sido atendidos adecuadamente por el PAE mayoritario. La situación es similar en otros departamentos como Cauca, Sucre, La Guajira y Riohacha, donde miles de estudiantes, especialmente de poblaciones indígenas, han quedado sin el servicio de alimentación escolar.
Llamado a las autoridades
Ante esta alarmante situación, la Contraloría hace un llamado urgente a las Entidades Territoriales Certificadas para que cumplan con los compromisos adquiridos y garanticen el suministro oportuno de alimentos a todos los estudiantes. Además, insta al Gobierno Nacional a asegurar la disponibilidad de recursos suficientes para que el PAE funcione de manera efectiva y sin demoras.
Un derecho fundamental
La falta de alimentación escolar no solo afecta la nutrición de los estudiantes, sino que también pone en riesgo su desarrollo académico. La Contraloría recordó que la alimentación escolar es un derecho fundamental de los niños y niñas en edad escolar, y que su correcta implementación es clave para garantizar la equidad en el acceso a la educación.
Conclusión
El llamado de la Contraloría es claro: las autoridades locales y nacionales deben actuar de manera inmediata para resolver los retrasos en el Programa de Alimentación Escolar, especialmente en regiones como Casanare, donde miles de estudiantes siguen esperando la atención adecuada. La educación y la alimentación son fundamentales para el bienestar y el futuro de los niños y adolescentes del país.
