Yopal vive en constante tensión, pues sus habitantes se cansaron de no ver soluciones a problemas. De siete gobernadores elegidos desde 1992, seis fueron destituidos o están presos.
Los disturbios que a principios de la semana sacudieron a Yopal, y durante los cuales varias entidades fueron atacadas con piedras, son la punta del iceberg del creciente inconformismo que hay en Casanare por la interminable cadena de hechos de corrupción e ineficiencia de mandatarios y funcionarios por más de dos décadas.
La mecha que encendió la protesta ciudadana fue la prolongada emergencia por la falta de un acueducto –llevan 22 meses surtiéndose de carrotanques, pozos, ríos y chorros de las montañas aunque la ciudad tiene 180.000 millones de pesos para acueducto rentando en cuentas– y la mala calidad del líquido que de vez en cuando les llega por la tubería. Pero detrás de la asonada también estuvo el desespero ante los continuos escándalos por el manejo de los dineros públicos y de las regalías. (Lea: Las obras que están en ruinas en el Casanare).
Desde que Casanare dio el paso a departamento (en 1991) ha tenido siete gobernadores elegidos en las urnas y seis de ellos no han concluido sus períodos porque fueron destituidos o enviados a prisión. Incluso, varios de los encargados han corrido la misma suerte. Ellos se apropiaron de más de 190.000 millones de pesos, según los procesos por los que fueron condenados penal y disciplinariamente. Y es que el saqueo es el mal de esta región, una de las más ricas del país: entre 2009 y 2012 recibió 1,5 billones de pesos en regalías petroleras.
El último gobernador elegido hoy está destituido e inhabilitado para ocupar cargos por 14 años. Nelson Ricardo Mariño (quien ganó para el período 2012-2015) solo alcanzó a estar un año en el cargo. El 25 de enero, la Procuraduría lo sancionó por haber contratado directamente (sin licitación), con la Caja de Compensación Familiar de Casanare el suministro para los restaurantes escolares. (Lea también: El prontuario de los recientes gobernadores del Casanare).
Mariño, tras ser conductor del exgobernador Miguel Ángel Pérez –primer mandatario condenado por ‘parapolítica’ en el país por sus nexos con el jefe paramilitar ‘Martín Llanos’–, ascendió en la política rápidamente. Fue concejal, diputado y alcalde de Yopal, antes de llegar a la gobernación. De esa cadena de corrupción también hizo parte Whitman Porras, quien reemplazó a Pérez y también siguió sus pasos.
A él, la Corte Suprema lo condenó a 18 años de cárcel y a inhabilidad de por vida, porque invirtió 63.000 millones de pesos de excedentes de las regalías en seis patrimonios autónomos, operaciones no autorizadas por la ley. Parte de esas inversiones (10.000 millones) se hicieron en la Green Mountain Consulting, para financiar la exploración y explotación de esmeraldas. En el primer caso el departamento apenas recuperó 9.000 millones de pesos y en el segundo, 3.407 millones. La Contraloría General acaba de confirmar una condena fiscal por 9.055 millones contra Porras, exdirectivos de Fiduagraria y la compañía Green Mountain.
La bolsa de empleo
Julieta Gómez, actual gobernadora encargada –ya completa tres designaciones en ese departamento– confirma que la corrupción, la ineficiencia y el pago de favores siguen siendo el pan de cada día en Casanare. Esta quindiana que es asesora del Ministerio del Interior retornó el 26 de febrero al departamento y en el poco tiempo que lleva ha encontrado que en la administración de su antecesor (Nelson Mariño) se contrataron 1.547 personas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), con mensualidades de entre 1,3 y 6 millones de pesos, y que a muchos de ellos ni siquiera los conocen en las entidades para las cuales fueron vinculados.
“Esas OPS se hicieron en sólo dos meses (entre enero y febrero pasados) en todas las secretarías, cuando ni siquiera se firman en un Ministerio en todo un año”, le dijo Gómez a EL TIEMPO. Uno de esos casos es el de un conductor que fue contratado para manejar una volqueta del Banco de Maquinaria de la Secretaría de Obras que lleva un año varada.
El operario fue ‘enganchado’ durante 10 meses y una mensualidad de 1’380.000 pesos. En situación similar están otros 85 conductores. También está el caso del Instituto de Cultura de Casanare, en el que la nueva directora, Adriana Sofía Triana, quien apenas lleva 15 días en el cargo, debió buscar a un asesor del área jurídica que nadie conoce, pero sí cobra 6 millones de pesos mensuales por sus servicios.
La directora devenga poco más de 5 millones. Ese instituto, al que solo le quedan 40 millones de pesos para el resto del año, contrató a otras 45 personas para servicios administrativos, aunque la mayoría aún no sabe sus funciones.
Paradójicamente, un número similar de instructores en casas de cultura no serán vinculados, por falta de plata. Pero no solo los políticos han saqueado al Casanare. También los paramilitares, según las investigaciones de las autoridades, llegaron a cooptar hasta el 20 por ciento de la contratación de los municipios y de un departamento que ha dilapidado su riqueza en ‘elefantes blancos’ que valieron miles de millones y que hoy están abandonados, como el parque Las Aguas y el Museo del Hombre Llanero, en Yopal, y el Coliseo Cubierto de San Luis de Palenque .
Las obras que están en ruinas en el Casanare
En el almacén y en el nuevo hospital de Yopal están arrumados camas y modernos equipos para cuidados intensivos en los que se invirtieron 60.000 millones de pesos en el 2010.
Cerca de 3.000 millones de pesos fueron invertidos desde el 2002 en el sofisticado parque temático Museo Homenaje al Hombre Llanero, que nunca funcionó y que hoy está en ruinas.
Equipos para una escuela sin luz
Según la gobernadora (e.), Julieta Gómez, el alcalde de Nunchía encontró computadores y aires acondicionados arrumados hace 3 años. Los compró la Secretaría de Educación en el pasado gobierno departamental para una escuela que no tenía energía eléctrica.
El prontuario de los recientes gobernadores del Casanare
De siete, elegidos desde 1992, seis fueron destituidos o están presos.
Nelson Mariño: Gobernador (2012-2012)
Destituido e inhabilitado 14 años para ocupar cargos públicos. La Procuraduría lo encontró responsable por sobrecostos en un contrato de 1.200 millones de pesos.
Raúl Iván Flórez: Gobernador (2008-2010)
La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó 11 años por irregularidades en 3 contratos por 14.000 millones de pesos. Ha recibido otras 2 sanciones.
Whitman Porras: Gobernador (2006-2007)
La Corte Suprema lo condenó a 18 años de cárcel y lo inhabilitó de por vida por irregularidades en contratos por 63.000 millones de pesos.
Miguel A. pérez: Gobernador (2004-2007)
Fue el primer gobernador condenado por parapolítica. Recibió 500 millones de pesos de los paramilitares para financiar su campaña; fue condenado a 6 años.
William Pérez Espinel: Gobernador (2001-2003)
Por concierto para delinquir y peculado en contratos por 6.000 millones de pesos, la Corte Suprema lo condenó a 15 años de cárcel.
Óscar Wilches: Gobernador (1992-1994)
La Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 7 años de cárcel por concierto para delinquir, debido a vínculos con los ‘paras’ de ‘Martín Llanos’.
