Robert Jaramillo administra finca vecina a donde ocurrió la tragedia, que sería propiedad de narco.
El domingo 6 de septiembre ocurrió una de las ocho masacres registradas este año en el país. Ese día asesinaron en zona rural de Orocué (Casanare) a cuatro miembros de la familia García Camejo, entre ellos a dos menores de 7 y 17 años. Sus cuerpos fueron hallados en la finca San Martín, donde solo una pequeña de 4 años logró salvarse.
Dos meses después de la tragedia, una comisión especial de la Policía de Casanare y de la Dijín capturó a cinco personas por ese crimen, cuya hipótesis más fuerte era una retaliación por un caso de hurto de ganado en el que supuestamente estaba relacionado alguien cercano a las víctimas.
El 22 de septiembre pasado fueron capturados los dos sicarios y otros dos cómplices. Las armas que les incautaron fueron usadas en al menos otros cuatro homicidios, según el análisis de balística.
La finca registrada como propiedad de la empresa Ganadería Primavera del Amazonas, hoy Sociedad Santa Sofía de los Ganaderos, también está en problemas. Esa firma fue incautada al narcotraficante Vicente Wilson Rivera González, quien fue capturado en el 2001, pagó siete años de cárcel y se salvó de ser extraditado a Perú y Panamá. En el hato había 5.000 cabezas que, supuestamente, pertenecían a un arrendatario.
Investigarán el hato
Aclarado el crimen que sacudió a Casanare, la Policía y la Fiscalía trabajan en otra línea de investigación: ¿por qué el hato Perros de Agua seguía en poder de un narco?
Fuentes cercanas al proceso explicaron que indagan si hubo corrupción en la ocupación de los 65 bienes (entre ellos 19 sociedades) sobre los que en su momento el juzgado primero penal del circuito especializado de Bogotá ordenó aplicar extinción de dominio por tener origen en plata del narcotráfico.
Una de esas sociedades era Santa Sofía de los Ganaderos, que tiene entre sus bienes el hato Perros de Agua, de 12.600 hectáreas.
EL TIEMPO
