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“Ahí empieza mi carrera de asesinatos»: militares colombianos asumen sus horrores

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La audiencia se centró en el subcaso Costa Caribe, de militares que pertenecieron al batallón de artillería Nº 2, conocido como La Popa.

VOZ DE AMÉRICA

En el segundo día de audiencia pública organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 12 militares colombianos -pertenecientes al batallón de La Popa- continuaron con la confesión de crueles relatos en los que manifiestan su responsabilidad en 127 asesinatos de personas inocentes que hacían pasar por bajas en combate.

El sargento primero Efraín Andrade Perea, uno de los 12 militares comparecientes, afirmó que al llegar el teniente coronel Hernán Mejía Gutiérrez a La Popa, «lamentablemente se dio un cambio». «Se inicia la popular ley de cooperantes del expresidente Álvaro Uribe», explicó.

«Hoy ante los señores magistrados, las víctimas, ante el mundo y ante mi país, reconozco y acepto mi responsabilidad por mi contribución esencial en el plan macrocriminal que llevamos a cabo algunos miembros del batallón La Popa», reconoció Perea, quien quiso confesar a los familiares de las víctimas que eran campesinos que murieron injustamente y no guerrilleros.

Por su parte, el teniente Andrés Lora Cabrales, excomandante del grupo especial Trueno Lora, confesó que participó en el asesinato de civiles por primera vez en marzo de 2003 y relató cómo participó en la simulación de un combate.

«Cuando llegamos al batallón hay una especie de agasajo, un asado y me felicitan (…) Ahí empieza mi carrera de asesinatos», dijo Lora.

Confesó cómo asesinó a varios inocentes, como el señor Juan Daza, quien «no era ningún guerrillero. Él venía de enseñarles a sus hijos el trabajo del campo», señaló.

Otro de los comparecientes, el mayor Guillermo Gutiérrez Riveros, confesó que debido a la presión por obtener resultados, «alentamos a continuar con esta barbarie y a producir esos resultados operacionales que nos trajeron nefastas consecuencias».

Y pidió perdón a las víctimas, «a las comunidades indígenas por haberle causado daño a su territorio, sus creencias y sus costumbres. Me comprometo a hacer lo que la JEP disponga. Su batallón La Popa, de la época, les falló. No cumplimos con nuestra misión”.

Durante el evento, también fueron escuchadas las víctimas, como Neila Arias, hija de Enrique Arias, un indígena kankuamo asesinado en junio de 2004.

«Soy indígena kankuama, nosotros no éramos ningunos guerrilleros, éramos perseguidos por el solo hecho de ser indígenas», aseguró la mujer.

Así como Abelardo Daza, indígena kankuamo, quien relató cómo retuvieron a su padre y lo señalaron de ser guerrillero: «Él no traía armas, simplemente traía una mochila y dos limones».

«No podíamos hablar. Los apellidos Arias, Oñate, Daza éramos como los malos del pueblo, porque fuimos señalados». «Quiero que el compareciente Lora aclare y diga que mi papá no era ningún guerrillero y que él dio la orden de quitarle la vida», agregó.

Los señalados por la JEP como responsables son Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.

Durante el primer día de audiencia, llevada a cabo el lunes, también se escucharon a los comparecientes y a las víctimas de las comunidades indígenas.

 

 

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