El diario El Espectador, edita en su página editorial un análisis sobre la situación que vive Yopal por la crisis de agua.
Por: Francisco Gutiérrez Sanín
Que la capital del departamento de Casanare, Yopal, no tenga agua potable, es una sinvergüencería. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en virtud de la economía petrolífera, los casanareños están sentados sobre un potosí. De hecho, el departamento es uno de los más ricos del país. Si mi memoria no anda muy descaminada, su PIB per cápita es muy, muy superior al de unidades territoriales como Antioquia o Bogotá. Y, sin embargo, los yopaleños carecen de agua potable y, lo que es peor, de perspectivas claras para tenerla. Sienten sed y rabia, no necesariamente en ese orden, y es muy fácil entender por qué.
Las razones detrás de este descalabro son claras. Un sector muy sustancial de la clase política casanareña está involucrado desde hace mucho tiempo en relaciones más o menos sistemáticas con agentes ilegales y/o con élites locales muy violentas y retrógradas. Tales relaciones han sido generosamente engrasadas con dineros de las regalías y otros recursos.
Entre 1992 y 2010 numerosos gobernadores fueron sancionados por malos manejos, para no hablar ya de los escándalos del nivel municipal (Aguazul, Tauramena, etc.). Sería más bien cínico imputar la culpa de esto a la “pobre cultura política” de los casanareños, por elegir siempre a los mismos con las mismas. Todo los estudios serios sobre dinámicas similares —y hay algunos ya clásicos— muestran que ellas constituyen equilibrios muy estables, y que se necesita mucho más que un simple acto de voluntad o de ilustración para dejarlas atrás. Más aún, el Estado hace presencia en la región principalmente a través de aquellos políticos, lo que les da numerosas ventajas estratégicas, comenzando por las asimetrías de información.
La tragedia de Yopal es un retrato de una elocuencia difícil de superar sobre el contraste entre riqueza y desarrollo. También es una especie de acusación pública contra el ordenamiento territorial vigente. Nuestra nación no cabe, afortunadamente, dentro de esquemas centralistas caducos. Necesitamos territorios vigorosos y con amplio margen de maniobra. Pero en un país como Colombia, con tantas y tan masivas capturas del Estado por numerosos agentes, ellas, las competencias territoriales, no pueden ser un derecho adquirido, al margen de cualquier responsabilidad y evaluación de desempeño.
Es un escándalo que, frente a una falla tan larga y masiva de gobierno como la que se observa hace rato en Casanare, no haya recursos legales como para que un buen tecnócrata del DNP pueda intervenir sobre proyectos estratégicos, tanto para la región como para el país, como por ejemplo la construcción del acueducto de una capital departamental. Así, nos quedamos con un discurso lindo, que satisface a todas las ortodoxias, pero sin carreteras ni agua. Y con el desmoralizante espectáculo de un peloteo entre distintas agencias y niveles territoriales, cada uno de los cuales cree —con razones que no suenan ni rebuscadas ni extravagantes— que la responsabilidad del acueducto es de los demás.
Es por pequeños detalles como estos que los problemas del ordenamiento territorial no se pueden poner en el formato simple de descentralización versus centralización. A veces, no siempre, el peor estorbo para el bienestar de las poblaciones son sus propios políticos locales. En esas ocasiones, el Estado central debe tener los incentivos y los poderes para intervenir. Ningún ordenamiento territorial serio, funcional para el desarrollo, podría dejar de incorporar esta decisiva última instancia.
