BOGOTÁ D.C. — Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wilmer Castillo Duarte, conocido con el alias de ‘Cristóbal Pérez’, señalado como presunto cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’.
La decisión judicial se dio luego de que el hombre fuera capturado en vía pública del municipio de Caparrapí (Cundinamarca) por integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos investigados
De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, alias ‘Cristóbal Pérez’ habría asumido en mayo de 2023 el control de al menos 56 integrantes del grupo armado ilegal con injerencia en distintos municipios de los departamentos de Caquetá y Huila. Desde esa posición, presuntamente coordinaba acciones armadas, intimidaciones para ejercer control territorial y extorsiones dirigidas a comerciantes, empresarios, finqueros y pobladores mediante citaciones y amenazas.
Entre los crímenes que se le atribuyen figura la desaparición de un hombre ocurrida en noviembre de 2024 en zona rural de San José del Fragua (Caquetá), cuyo paradero aún se desconoce. Según la investigación, la orden se habría emitido bajo el señalamiento de que la víctima supuestamente colaboraba con las autoridades.
Asimismo, la Fiscalía lo vincula con la planeación de un ataque armado perpetrado el 25 de enero de 2026 en la inspección de Guayabal, zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), incursión en la que fueron asesinados un hombre y una adolescente de 15 años.
Imputación de cargos
Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Castillo Duarte los delitos de:
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Concierto para delinquir agravado.
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Desaparición forzada.
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Homicidio y homicidio agravado.
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Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
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Utilización ilegal de uniformes e insignias.
Aunque el procesado no aceptó los cargos endilgados, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.






