Según fallo, elección en 1996 de Miguel Pérez, fue mal anulada.
Miguel Ángel Pérez, que fue gobernador de Casanare y que en el 2006 se convirtió en el primer condenado por el escándalo de la ‘parapolítica’ en Colombia, recibirá una indemnización de la Nación de más de 300 millones de pesos.
Por decisión del Consejo de Estado, esa es la suma que deberá recibir del Tesoro por la anulación de su primera elección como mandatario departamental para el periodo 1996-1999. En esa oportunidad, Pérez fue elegido en reemplazo de Emiro Sossa Pacheco, quien había perdido la investidura.
El mismo tribunal había determinado que Pérez debía cumplir el mandato de Sossa y no un nuevo periodo y anuló su elección.
Ahora, el Consejo de Estado echa por tierra tal decisión y ordena pagarle la millonaria indemnización a Pérez, uno de los políticos más cuestionados de los Llanos Orientales y quien, además, perdió su cargo y pagó una condena de seis años de prisión por el famoso video en el que aparece recibiendo dinero de los ‘paras’ de ‘Martín Llanos’.
En ese encuentro ilegal, según determinó la Corte Suprema, Pérez recibió 500 millones de pesos en efectivo, que se los habría entregado a mediados de octubre del 2003 (dos semanas antes de la elección) Luis Martín Sacristán, alias ‘Fox’, ficha de ‘Martín Llanos’.
Los mismos ‘paras’ grabaron la entrega del dinero para tener ‘amarrado’ al gobernador.
La Sala Penal dictó fallo por enriquecimiento ilícito y lo condena también al pago de 200 millones de pesos de multa.
Aunque este diario intentó que la Dirección Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informara si ya había realizado el pago, esa dependencia negó la información con el argumento de que supuestamente se trataba de un asunto con reserva legal.
Según la decisión del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, Pérez sufrió “perjuicios materiales y morales” derivados de un error judicial.
Agrega que “independientemente de la jerarquía, en el Estado Social de Derecho toda autoridad pública está potencialmente expuesta a generar daño antijurídico, que ningún asociado está obligado a soportar. En ese sentido, que el daño provenga de una alta corporación no constituye una razón suficiente para exonerar al Estado de responsabilidad”, por lo que el Consejo de Estado se rectificó a sí mismo, finaliza.
No pagan para el Fondo de Víctimas
Como lo reveló este diario en octubre pasado, la deuda de los ‘parapolíticos’ con el Fondo Nacional de Reparación de las Víctimas llega a los 110.000 millones de pesos.
Aunque casi todos los condenados por nexos con las Auc han recuperado la libertad, la mayoría no paga las multas, algunas de las cuales pasan de 6.000 millones. Y los pocos que han buscado un acuerdo dicen que solo pueden pagar en cuotas irrisorias.
JUSTICIA/ EL TIEMPO
