Este es un aparte del libro Guerras Recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia.
Una mirada política
Durante los últimos treinta años Colombia ha sido el escenario de un brutal conflicto armado. Grupos guerrilleros de diversas ideologías y orígenes han estado enfrentados al Estado en diferentes momentos. Los dos más viejos y endurecidos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército de Liberación Nacional (eln), fundados en 1964, aún están activos. Grupos paramilitares, con distintos nombres y matices, han surgido en todo el país, y en dos ocasiones, a comienzos de la década de los ochenta y al finalizar la de los noventa, se expandieron a diversos territorios y aspiraron a unirse en una poderosa y violenta alianza nacional. En este prolongado estado de guerra, las fuerzas de seguridad del Estado también han sido responsables por graves violaciones a los derechos humanos.
Este sangriento conflicto político, atizado con las arcas infinitas provenientes del tráfico ilícito de narcóticos desde finales de los años setenta, ha creado una de las peores catástrofes humanitarias que se han visto en el mundo en años recientes.
Algunas cifras ilustran la tragedia. Entre 1985 y marzo de 2013, según lo determinó el Centro de Memoria Histórica en su informe ¡Basta ya! sobre la violencia colombiana, 220 000 personas perdieron sus vidas en el conflicto armado colombiano y, de estos, 166 000 eran civiles.1 En esos últimos 29 años, en promedio, un colombiano fue secuestrado cada ocho horas y al menos cuatro murieron simultáneamente en una masacre cada semana. Este horror forzó a unos cinco millones de personas a dejar sus hogares entre 1985 y 2011.
Para mayo de 2014, la Fiscalía había encontrado los cuerpos de 5 551 personas que fueron desaparecidas a la fuerza3, y la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas había documentado 68441 casos.4 A más de la mitad de estas víctimas, actores del conflicto las llevaron contra su voluntad, las asesinaron y dispusieron de sus cuerpos en forma clandestina, según lo ha documentado la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Nadie sabía que podríamos tener tantas víctimas de este crimen como las que tuvo Argentina bajo la dictadura militar. Y aún no se conoce la mitad de la historia, pues solo si las guerrillas terminan confesando sus crímenes, se sabrá a cuántos ciudadanos de cuyo paradero sus familiares no tienen noticia sepultaron en la selva.
Los actores del conflicto se erigieron en el poder de hecho en regiones enteras. Por períodos largos y en territorios extensos, guerrillas y paramilitares suplantaron al Estado en sus tareas esenciales: el cobro de impuestos y la provisión de seguridad. Sin quién les pusiera límites, asesinaron colectiva y masivamente, reclutaron niños, extorsionaron sin control a cientos de miles de personas, obligándolas a rendirles cuentas de sus ingresos y a pagar un porcentaje sobre ellos, secuestraron, quemaron pueblos, y expulsaron a millones de campesinos de sus tierras, unos porque se querían quedar con ellas, otros porque las querían repartir entre sus simpatizantes, o simple-mente porque querían desalojar corredores de paso de la droga. Los auto proclamados liberadores del pueblo fueron sus mayores opresores, y la tranquilidad que prometieron acabó encontrándose solo en los cementerios.
El desangre ha mermado en los últimos años, pero no cesa. En 2012 huyeron de sus hogares para salvar sus vidas 256 000 personas. Escaparon de combates entre guerrilla y fuerza pública, de amenazas de las bandas criminales armadas que sobrevivieron después del paramilitarismo (el 43%) o para salvar a sus hijos del reclutamiento de estos o de aquellos.6 Y en los primeros cuatro meses de 2014, los combates dejaron heridos a 659 soldados y policías, muertos a 107 guerrilleros, y se registraron oficialmente cinco matanzas de civiles.
Lo singular en Colombia es que todo esto ocurre no bajo una dictadura, sino en simultánea con una democracia en funcionamiento. «Colombia es un orangután en sacoleva», había dicho en los años cincuenta el intelectual y político liberal Darío Echandía. Su apunte ha seguido siendo cierto hasta hoy. Este «orangután» de la violencia ha estado siempre vestido en el «sacoleva» de un régimen democrático formal, con elecciones regulares, tribunales judiciales independientes, reglas de juego progresistas frente a las libertades individuales y una mayoría de ciudadanos viviendo vidas comunes y corrientes en ciudades modernas.
Además, con un manejo económico responsable, la dirigencia nacional ha llevado a Colombia a pagar sus deudas externas, a desarrollar una institución independiente para regular la política monetaria, como es el Banco de la República, y últimamente a conseguir buenas calificaciones internacionales de riesgo financiero. Ha conducido a la economía colombiana a crecer modesta pero persistentemente desde los años treinta, con excepción de 1999, sin los trastornos hiperinflacionarios o las súbitas bancarrotas de otros países del continente. Y ha trazado políticas para que el Estado esté cada vez mejor financiado y sea capaz de ofrecer, a pesar de los problemas de calidad, crecientemente mayores coberturas en salud y educación a sus ciudadanos.
El hecho de que podamos, a la vez, prosperar y ser violentos, simultáneamente ampliar la democracia y vivir bajo tiranías, hace aún más difícil que los colombianos urbanos y modernos nos demos cuenta de la devastación humana que sufren nuestros compatriotas, que veamos el fracaso de esta sociedad en la construcción de una paz duradera, y que identifiquemos las razones.
¿Por qué a pesar de haber ensayado alternativamente acuerdos de paz, sometimientos a la justicia y aumentos billonarios en el presupuesto público de defensa y seguridad, este conflicto sangriento de Colombia no se detiene?¿Por qué instituciones y líderes relativamente sofisticados como los colombianos se han quedado tan cortos en conseguir este objetivo? ¿Cómo dejaron que les saliera competencia por todo el país a las tareas básicas del Estado? ¿Cómo permitieron semejante sufrimiento? ¿Por qué cuando ya creemos que amaina la violencia, esta vuelve a resurgir? ¿Qué le permite reciclarse? ¿Es la causa primordial el narcotráfico o surgen estos ejércitos ilegales de fracturas más profundas de la política colombiana? ¿Por qué tantos que han querido frenar a estos ejércitos de izquierda y de derecha apelando a la civilidad, a la ley, a las libertades consagradas en la Constitución, se han sentido abandonados?
Este libro busca iluminar las respuestas a estas preguntas contando una historia del paramilitarismo en Colombia.
María Teresa Ronderos es especialista en el conflicto armado de Colombia
Este fenómeno nació bajo el rótulo de autodefensas campesinas en los años ochenta. Alcanzó a proyectarse a varias regiones del país, pero luego entró en crisis: a algunos jefes los mataron, otros dejaron las armas, y los que quedaron en pie fueron la semilla de un nuevo paramilitarismo que brotó con fuerza hacia fines del siglo pasado. Con múltiples aliados construyó la flexible alianza nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, que en su mayor expansión sometió a su dominio de terror a casi toda la Costa Caribe y a parte de la Pacífica, de Antioquia, del Eje Cafetero, los Santanderes, los Llanos Orientales, Tolima, Caquetá y Putumayo.
Entre 2004 y 2006, se desmovilizaron tras una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, y el ciclo prontamente reinició: unos jefes se mata ron entre sí, otros fueron extraditados a Estados Unidos, otros encarcelados en Colombia, y los que quedaron en pie han sido la semilla de la que han germinado nuevas bandas criminales con variados alcances territoriales y no pocas veleidades políticas. Estas han seguido reclutando jóvenes y hoy, según reporte de la Policía, alcanzan 3900 integrantes que se mueven en 167 de los 1096 municipios colombianos.
Ese contrahecho proceso de desmovilización paramilitar, no obstante, nos permitió por primera vez conocer en detalle de qué estaba hecha esta trinca de grupos armados. Esto debido a que muchos de los 4000 exparamilitares postulados a un proceso de justicia transicional, conocido como Justicia y Paz, confesaron sus crímenes y entregaron bienes para la reparación de las víctimas, a cambio de que la justicia les impusiera penas de máximo ocho años de cárcel. Así mismo, las pesquisas de fiscales y magistrados de esta justicia transicional han esclarecido crímenes que estaban en la impunidad por décadas. También porque entre 2007 y 2011, la Corte Suprema de Justicia investigó y juzgó a decenas de congresistas y a algunos gobernadores y generales por los vínculos entre paramilitarismo y política.
Además, otros jueces han procesado a decenas de funcionarios públicos y de personas corrientes por su complicidad con el paramilitarismo, y los jueces de tierras han destapado centenares de casos de usurpación de fincas a campesinos.
Además, desde su nacimiento en 2008, he liderado al equipo del portal VerdadAbierta.com que se especializa en la cobertura de estos procesos de justicia transicional y en la investigación de las verdades del conflicto colombiano. Y por eso, porque en los últimos años le hemos podido ver el corazón a este actor armado, es que he escogido como centro de este libro la historia del paramilitarismo, una manera de ver la guerra colombiana desde adentro.
La esperanza es que al seguir al paramilitarismo y observarlo, escuchan do las voces de víctimas y victimarios, cruzando sus relatos con los documentos que hemos conseguido junto al equipo de VerdadAbierta.com, el libro pueda aportar luces sobre las fuerzas que permitieron que este se formara, floreciera y perdurara por más de 30 años. Son estas mismas fuerzas, seguramente, las que han moldeado a las guerrillas y les han permitido sostener su guerra durante medio siglo: si las autodefensas tuvieron el espacio para matar a miles de personas y construir, a la vez, bienes públicos ilegales e incluso desarrollar movimientos políticos propios, también lo tuvieron las guerrillas. Y entendiendo cómo resultaron teniendo ese espacio favorable, podremos saber más sobre por qué en Colombia la guerra se sigue reciclando.
Entre más claro veamos cuáles son las debilidades de la democracia colombiana de las que se alimentó el paramilitarismo, mejor podremos identificar qué se debería cambiar para evitar aun otra fase expansiva, como la que ya se vislumbra; o para evitar que la paz que el gobierno Santos está negociando con las guerrillas de las farc y el eln no termine en motivo para renovar la guerra.
Otras sociedades latinoamericanas con modelos de gobernabilidad similares al colombiano están enfrentando en la última década una creciente violencia criminal. Quizás a los ciudadanos de esos países también les venga bien esta reflexión sobre los fracasos de Colombia en desmontar para siempre sus ejércitos ilegales.
Siguiendo la historia del paramilitarismo, profundizando en los detalles, desentrañando información que ha sido deliberadamente distorsionada, el libro observa cómo se expandieron estos grupos. También busca hacer evidentes sus contradicciones: masacres y obras sociales; odio al comunismo y a la oligarquía; desprecio por los políticos tradicionales con los que se casaron, para mencionar algunas.
No encontrará aquí el lector la historia completa de este fenómeno en todo el país. He seleccionado sí episodios centrales que permiten hilar su larga historia: cuentan cómo el paramilitarismo mantuvo el sello con que nació, cuáles fueron las influencias internas e internacionales que lo forjaron, cómo lo tejieron los hilos ideológicos de la fuerza pública y su Guerra Fría importada y también la ambición y los cálculos políticos del narcotráfico; y cómo justificó sus motivos con un mito fundacional deliberadamente exagerado para ganar legitimidad y conseguir que el liderazgo de un país medianamente civilizado aceptara niveles de barbarie intolerables en cualquier otra sociedad. El libro también explora cómo usaron a los para militares desde arriba y cómo los resistieron desde abajo, y cómo, cuándo estuvieron en trances críticos, los gobernantes les arrojaron salvavidas, no necesariamente porque fueran sus cómplices, sino por la miopía con la que construyeron su gobernabilidad.
Esta narración periodística buscar aportar una mirada no judicial del paramilitarismo. No quiere señalar cómplices o culpables, ni pontificar sobre moral: separar buenos de malos. Claro está que en toda guerra, cada individuo toma decisiones éticas, y esto lo convierte en héroe o en villano, pero las circunstancias que han rodeado a los colombianos de las zonas de conflicto han sido tan apabullantes, el condicionamiento tan brutal y generalizado que borrajeó las fronteras entre víctimas y victimarios, y nubló inclusive las diferencias entre bien y mal. La mía es más bien una mirada política que intenta entender cómo pasaron las cosas, por qué pasaron y, sobre todo, aportar a la discusión de por qué Colombia ha reciclado las guerras.
Espero que el lector encuentre iluminador este relato periodístico, que le ayude a desbaratar teorías conspirativas y a deshacerse de prejuicios (odios) ideológicos, y en cambio le permita ver con mayor claridad cuáles son los cambios de fondo que deben hacer nuestros líderes, cuáles son las exigencias que les podríamos hacer los ciudadanos para que los ejércitos de «salvadores» sean cosa del pasado y de una vez por todas podamos vivir en paz.
María Teresa Ronderos
Agosto de 2014
TOMADO DE KIEN Y KE
