La Unidad para las Víctimas realizó dos jornadas de alistamiento comunitario con los resguardos Nasa.
Estas comunidades que son de difícil acceso terrestre están localizadas sobre la cordillera oriental y las estribaciones de la serranía de La Macarena con una extensión de más de 6.000 hectáreas a una altura que supera los 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Sobre el contexto histórico de esta comunidad, Bresna Sánchez Becoche, líder de una de las familias más grandes del asentamiento de Villa Lucía, relató que “nuestros mayores llegaron del Cauca hace muchos años, desplazados por la violencia e impulsados por la búsqueda de tierras en donde poder vivir de la siembra. Aquí empezamos de nuevo como resguardo indígena alrededor de la producción del café”.
En las jornadas de trabajo, los delegados del grupo de apoyo y acompañamiento se reunieron en las instalaciones de la escuela. De fondo el paisaje montañoso contrasta con los cafetales que surcan y se entrelazan con los cauces de los ríos.
En su intervención en la actividad, Sánchez, expone que “en los años 90 por nuestros caminos empezaron a aparecer personas armadas, se presentaron casos en los que se llevaban a los niños y niñas de las comunidades, llegaron las amenazas, las presiones, desplazamiento y finalmente el asesinato de líderes de la comunidad, teníamos miedo y temor por nuestras familias”.
Libia Omaira Epe, gobernadora Nasa del Resguardo de Villa Lucía y una de las voces femeninas más destacadas de la comunidad, expresó que “siempre hemos estado organizados por fundos a grandes distancias unos de otros, con la violencia no salíamos de las casas, fueron tiempos difíciles para todos. Con el proceso que adelanta la Unidad para las Víctimas iniciamos una etapa de recordar lo vivido a través de los ejercicios que se han realizado en el alistamiento, siendo además motivo para empoderarnos en la defensa de nuestros derechos”.
“La entidad lleva varios meses acompañando a estas comunidades, orientándolos sobre el marco normativo y el procedimiento para la ruta de atención que viene. Uno de los puntos más importantes es el deseo comunitario de recuperar su identidad indígena, su determinación es ser reconocidos como un territorio de paz y reconciliación que además se proyecta productivamente con la apuesta por el café como una forma de relacionamiento y pervivencia”, expresó Edith Rozo, profesional étnico de la entidad para el Meta.
Por su parte el director territorial para Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, Carlos Pardo Alezones, destacó que “se avanza satisfactoriamente en la socialización del marco jurídico que vela por la protección y garantía de los derechos de las víctimas que pertenecen a los grupos étnicos de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, y el decreto Ley 4633 para pueblos y comunidades indígenas”.
El funcionario recordó que “el municipio de Mesetas hacía parte de los territorios de mayor fuerza militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siendo el lugar escogido el año pasado para la entrega simbólica de armas en cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana. Este hecho les dio esperanza a estas comunidades tan afectadas por la violencia. Ahora con el alistamiento como sujetos de reparación colectiva podremos conocer y resarcir las afectaciones que las más de 40 familias indígenas que habitan esta zona vivieron por tantos años en silencio”.
“La Agencia de Cooperación Alemana -GIZ-, por medio del Programa de Apoyo a la Construcción de la Paz en Colombia (ProPaz), ha permitido avanzar en temas operativos y técnicos con estos casos en el Meta, en dónde la paz es una realidad”, recalcó el director territorial.
