Quedó evidenciado en debate de control político en la Asamblea.
El gerente de Empresa de Servicios Públicos Acuatodos, Jhon Miller Domínguez Liévano, dio a conocer en su informe que el 90 por ciento de los acueductos veredales, están en abandono y que es responsabilidad de las administraciones municipales definir la operación de los mismos.
Destacó el gerente que alrededor de 220 acueductos de las áreas rurales, (por recursos que superan los 300 mil millones de pesos) no estarían operando normalmente y que como consecuencia de ello, se ha generado un detrimento patrimonial.
Homero Abril Hurtado, presidente de la Asamblea, dijo que «los alcaldes deberían entregar la operatividad o a través de un convenio requerir a Acuatodos apoyo técnico y de estructura de esquema tarifario, a fin de garantizar la funcionalidad del sistema».
A lo que Domínguez agregó que “No hemos recibido ni un solo proyecto, iniciativa o requerimiento por parte de ellos”.
Las JAC operan acueductos
El presidente de la Asamblea manifestó no estar de acuerdo con que se deje la operación de acueductos veredales en manos de las Juntas de Acción Comunal porque » estas personas no cuentan con la idoneidad y no poseen los recursos para cuando se necesite algún tipo de mantenimiento o reparación”.
El diputado Manuel Albarracín dijo: «teniendo en cuenta que casi el 70 % de las cabeceras municipales del Departamento no cuentan con el servicio de agua potable y un 90 %, no cuenta con sistema de aguas residuales, se debería reforzar y trabajar en un diagnóstico más preciso, en aras de contar con un cubrimiento y un procedimiento efectivo».
Los diputados Felipe Becerra y Jaime Montañez solicitaron al gerente de Acuatodos, el ajuste de los subsidios tarifarios para beneficio de los sectores rurales.
La Asamblea pidió a los alcaldes y al Gobernador que realicen un trabajo conjunto.
Destacaron el hecho de que a través de su actividad misional, la empresa haya manejado recursos por alrededor de los 216 mil millones de pesos y concluyeron que aunque la entidad ha demostrado viabilidad financiera, la misma debe tener un capital autónomo para garantizar su continuidad.
