Buscan establecer si hubo irregularidades en deuda de Llanopetrol y liquidación de Fondo Ganadero.
Por: El Tiempo
El exgobernador del Meta, Alan Jara, tendrá que responder en un proceso disciplinario ante la Procuraduría por su presunta omisión «de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta (FGM)» y por irregularidades en la firma de un crédito de Llanopetrol.
El Ministerio Público pretende definir si en la administración del Fondo Ganadero, del que fueron socios el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Meta, hubo irregularidades.
Además de Jara Urzola, la indagación recae sobre el representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, quien también era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta. Y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del Fondo Ganadero.
De acuerdo con la Procuraduría, la falta de los accionistas mayoritarios tiene que ver con que no actuaron a tiempo para reestructurar la entidad y salvarla de la liquidación, que le causó un detrimento patrimonial al departamento.
Con respecto a Llanopetrol, se busca establecer si la Gobernación terminó asumiendo obligaciones de un crédito con dinero del departamento que realmente le correspondían a la petrolera.
Por este caso se investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño; exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
«Entre las pruebas que figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad. Según el informe de la auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se hubiera expedido certificado ni registro presupuestal», señala la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.
