Así lo dio a conocer Danitza Toca, secretaría de Planeación municipal.
La Oficina Asesora de Planeación Municipal de Yopal dio a conocer que frente al denominado proyecto “Mi Nueva Jerusalén” o similares proyectos masivos de urbanismo promovidos por el señor Jhon Jairo Torres Torres u otras personas, no ha autorizado ninguna actividad de remoción de tierra, apertura de vías, loteo, urbanismo, adecuación de tierras o actividades relacionadas como las que se han empezado a difundir en las redes sociales y medios de comunicación, al parecer en el sector de Llano lindo o vía a Morichal.
El despacho señaló que dichas actividades, al no contar con licencia expresa, son ilegales y serán sujetas del control policivo y penal por el tipo de infracción que configuran, situación que ha sido puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes y a quienes solicitamos inmediata respuesta.
Ante la oficina asesora no ha sido radicado formalmente ninguna solicitud de aprobación de proyecto urbanístico, sea licencia o plan parcial, denominado Nueva Jerusalén con las características relacionadas o similares.
Igualmente, que con dicha caracterización no han autorizado a ninguna persona natural o jurídica, bajo ninguna de las tipologías de licenciamiento o actividades relacionadas, para que inicie trabajos de parcelación o construcción dentro o fuera del perímetro urbano de yopal.
No sobra recordar la tipificación del artículo 318 del Código Penal Colombiano, urbanización ilegal, el cual rige que “el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
La Oficina Asesora de Planeación y la Alcaldía Municipal de Yopal invitan a la comunidad a no hacerse partícipe y les advierte para que no sean víctimas de la ilegalidad sino a denunciarla para que las autoridades puedan reprimirla. El derecho a la vivienda de los menos favorecidos no se garantiza con la ilegalidad, con esta se atenta contra la dignidad de los seres humanos y el futuro de la ciudad y sus hijos.
