SEMANA revela en exclusiva los detalles y las evidencias que incriminan a los nueve detenidos del MRP por el ataque al Andino y otros 14 atentados en Bogotá y Pereira. ¿Quiénes son los miembros de ese grupo y qué quieren?
Poco antes de la una de la tarde del viernes 30 de junio la juez 47 decidió enviar a prisión a los nueve capturados, cinco hombres y cuatro mujeres, por considerarlos un peligro para la sociedad. Fue el final de una agitada semana en la que los jueces también fueron protagonistas.
Y lo fueron debido a la indignación que generaron las revelaciones que hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien contó que dos de estos detenidos ya habían sido arrestados en flagrancia en marzo pasado cuando estaban instalando una bomba en el occidente de Bogotá. Como el artefacto no estalló, porque cayeron antes de detonarlo, un juez consideró que no era un acto de terrorismo y los dejó en libertad. Esto desató una aguda polémica sobre la posición de los jueces del país frente al terrorismo (ver Los jueces y el caso de los terroristas del MRP)
Sus secuaces fotografiaron a uno de los sospechosos en una prueba en la que utilizan una chaqueta falsa de una empresa de telefonía para camuflarse. En cámaras de video cerca a los sitios de algunos de los ataques aparece el mismo personaje rondando los sitios en donde estallaron los artefactos.
Los sindicados son en su mayoría abogados y sociólogos de universidades públicas. Esto se transformó también en un punto de debate para cuestionar las capturas. Rectores, decanos y asociaciones de estudiantes afirmaron que se trataba de un caso de persecución y estigmatización por el simple hecho de ser egresados de esas instituciones. Esto en realidad no es así. Es claro que se trata de un puñado de inadaptados extremistas que acudieron al terrorismo, pero también lo es que no representan a la comunidad de educación pública.
En un acto de cinismo, o extrema ingenuidad, el autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), expidió un comunicado en el cual afirmaba que los detenidos no pertenecían a ese grupo. Nadie espera que un grupo clandestino como ese vaya a reconocer públicamente que los detenidos, que hicieron estallar una bomba contra civiles inocentes, forman parte de su organización.
Disfraces para camuflase. Varios de los detenidos aparecen fotografiados y grabados probándose diferentes tipos de vestuario con el fin de pasar desapercibidos.
¿Qué son y qué buscan?
Los ocho capturados pertenecen al MRP, pero de ellos solo cuatro habrían participado directamente en el ataque al Andino. Los demás están relacionados con otras bombas instaladas por ese grupo, lo que es consistente con la forma como funciona esa organización terrorista.
Las armas y los artefactos incautados.
El MRP tiene un ideólogo y opera bajo el esquema de triadas, es decir pequeñas células conformadas cada una por tres o cuatro integrantes. Es común que aunque formen parte del mismo grupo los integrantes de esas células no se conozcan entre sí y cada una desarrolle misiones independientes. En total el MRP no supera las 40 personas. Como en todo grupo clandestino sus miembros llevan una doble vida. Generalmente son buenos estudiantes y profesionales respetados que mantienen relaciones normales con su círculo familiar y social.
El video en el cuarto. Un día después del ataque en el Andino el MRP difundió este video en el que una mujer niega cualquier responsabilidad. Al allanar la vivienda de una de las capturadas, las autoridades descubrieron que el video había sido grabado en uno de los cuartos del lugar. El sitio estaba acondicionado con elementos insonorizantes.
El MRP se gestó en algunas universidades públicas en donde forjaron lazos con las milicias urbanas del ELN. Allí reclutaban a sus integrantes, algunos de los cuales fueron a campamentos de esa guerrilla para aprender técnicas en explosivos. De hecho tres de los ocho capturados la semana pasada recibieron en 2015 instrucción en campamentos elenos en Venezuela.
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Se trata de un grupo anárquico de extrema izquierda que carece de cualquier tipo de ideología y que simplemente busca generar caos por medio del terrorismo. Aprovechan coyunturas específicas, como los diálogos de paz y la temporada de elecciones, para efectuar sus ataques. Critican a la derecha, al establecimiento, a los ricos, a las Farc, a las que llaman “traidores y arrodillados al gobierno”, y a facciones del ELN a las que acusan de ser “pasivos y blandos en la lucha revolucionaria”.
Las pruebas
Cuando estallaron las primeras bombas a comienzos de 2015 un nutrido grupo de integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Dijín y la Fiscalía antiterrorismo empezaron a investigar y documentar las actividades de los miembros del MRP. Parte de ese trabajo se presentó en las audiencias que se desarrollaron la semana anterior.
La mayoría de los detenidos desconocían que desde hacía más de un año los seguían agentes encubiertos que grabaron en video muchas de sus actividades. Algunos de ellos han negado conocerse. Sin embargo en las imágenes de las autoridades aparecen las reuniones que sostuvieron.
Armas, pasamontañas y banderas. Varios de los detenidos aparecen posando en videos con los rostros cubiertos y mientras entrenan con armas. Posteriormente en los allanamientos las autoridades encontraron en las viviendas de algunos de ellos pasamontañas y banderas.
También está documentado cómo varios ingresaban a locales a comprar elementos para armas explosivas como nitrato o circuitos electrónicos. Se ve también cómo antes de instalar una bomba se dividían tareas. Antes del ataque uno de los integrantes de la célula efectuaba labores de inteligencia. Se ubicaba en los alrededores para llevar un registro de las horas en las que pasaban las patrullas de Policía o para determinar rutas de escape. Luego suministraba esa información al encargado de instalar la bomba.
A lo largo de los meses los investigadores grabaron cómo los integrantes de esas células cambiaban totalmente su apariencia física después de cada explosión. También cómo se mudaban de apartamentos que alquilaban para las reuniones en las que planeaban los ataques. Esas técnicas de evasión funcionaron, por lo que lograron eludir las vigilancias y cometer los atentados.
En más de seis oportunidades esos seguimientos de la Policía también permitieron desactivar las bombas, casos que la opinión pública nunca conoció. El único de esos ataques frustrados escasamente divulgado ocurrió el pasado 16 de marzo cuando dos de esos terroristas cayeron en manos de las autoridades justo cuando instalaban una bomba en el occidente de la capital. A pesar de la flagrancia un juez los liberó.
Operación Andino
Parte de todo ese arsenal de evidencias fue revelado durante las audiencias reservadas de la semana pasada. Allí también se conocieron las declaraciones de varios testigos. Uno de ellos fue el vigilante del edificio de la sede de la Dian, en donde detonaron una bomba en enero de este año. Los terroristas amordazaron al hombre pero alcanzó a ver a los dos que instalaron el artefacto, quienes hacen parte de los nueve capturados. Otro de los testigos fue el dueño de un apartamento al que también secuestraron y amarraron mientras instalaban el artefacto. La víctima igualmente reconoció a los dos delincuentes en el grupo de arrestados.
Cada una de estas triadas o células estaba bajo investigación y vigilancia. El objetivo de las autoridades siempre fue desarticular a toda la red, no solo una célula, por lo cual la labor se prolongó por meses. Tres días antes de que estallara la bomba en el Andino los investigadores que monitoreaban a dos de esas mujeres notaron que en un café internet ellas realizaron una extraña búsqueda de planos y geolocalizaciones específicas en el norte de la ciudad, cerca del Centro Andino.
Las siguieron y encontraron que se reunieron con otro de los integrantes de la red terrorista, uno de los que el juez liberó en marzo. Sospechaban que podían estar planeando un ataque, por lo que reforzaron la seguridad en diferentes lugares y calles aledañas. Ante la inminencia de un ataque el viernes 16 de junio el fiscal del caso solicitó a un juez una orden de captura contra ese terrorista. El togado no la autorizó y 24 horas más tarde explotó la bomba en el baño del Andino.
Tras el devastador atentado otro juez sí autorizó las órdenes de allanamiento y captura contra 11 integrantes de esa célula del MRP. En las casas encontraron un arsenal de comprometedoras evidencias. Tenían planos de ataques perpetrados en distintos lugares de la capital, entre ellos los del centro comercial. En un cuaderno estaba una relación de horarios de las rondas de las patrullas de Policía del sector, así como una descripción detallada de los movimientos de la vigilancia privada del Andino. Banderas, pasamontañas, comunicados y panfletos de ese grupo terrorista también aparecieron en algunas de las viviendas de los detenidos (ver fotos).
Otros tenían manuales detallados para armar bombas. Había bultos de nitrato, componente usado para fabricar explosivos; celulares acondicionados con circuitos electrónicos utilizados como detonadores y órdenes de puño y letra de los detenidos con instrucciones para fabricar y detonar bombas aparecieron en estos allanamientos.
No menos impactante fue lo que apareció entre los dispositivos electrónicos, como USB, celulares y computadores incautados. Allí se observa a varios posando con los pasamontañas y simulando prácticas de disparo con una pistola, la misma que le encontraron a una de las mujeres detenidas.
En otras imágenes se observa a uno de los terroristas con una peluca y un bigote que posteriormente se pone. En otros videos se ve a este hombre ya disfrazado grabando un video en uno de los baños del Andino. Esa imagen del terrorista disfrazado aparece en las cámaras de seguridad del centro comercial el día del atentado.
Lluvia de bombas
La investigación de la Policía y la Fiscalía duró 18 meses. Sindican al grupo de detenidos de formar parte del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP-. Los señalan de participar en 14 ataques con explosivos en Bogotá entre 2015 y 2017. El último de estos tuvo lugar en el baño del Centro Andino.
Es comprensible que los familiares y abogados insistan en la inocencia de los detenidos que tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, hurto, porte ilegal de armas y secuestro. Incluso algunos recordaron que podía tratarse de un caso similar al de Alberto Júbiz Hasbún, señalado de ser el autor del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989, quien permaneció cinco años en prisión hasta que se demostró que no tuvo nada que ver con el crimen.
Sin embargo, es muy poco probable que eso suceda en esta oportunidad. No solo por la contundencia de las pruebas, sino porque el fiscal y el director de la Policía se están jugando su prestigio en este caso y cualquier error tendría consecuencias negativas enormes en contra de ellos.
Esta célula del MRP quedó por fuera de circulación. No obstante, la amenaza sigue latente ya que aún están en las calles otros integrantes de ese grupo. El reto de las autoridades es evitar nuevos actos de terrorismo y detener lo más pronto posible a esos delincuentes.
