Todo el que quiera ser conductor deberá demostrar sus capacidades y será evaluado por el Centro de Apoyo Logístico de Evaluación.
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Quienes aspiren a obtener su licencia de conducción tendrán que cumplir nuevos requisitos a partir de ahora. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, hizo dos anuncios que cambian las reglas de juego tanto para los aspirantes como para los centros de enseñanza.
Sacar el documento pasará de ser un “simple trámite a ser un logro” según los planes del Ministerio. Por tanto, la licencia de conducción estará condicionada al resultado de una prueba teórico práctica por parte del aspirante que quiera recategorizar u obtener por primera vez el permiso.
“Vamos a evaluar a las personas que fueron capacitadas. La ciudadanía tendrá unas evaluaciones teóricas, pruebas de 30 preguntas de la Agencia de Seguridad Vial que deberá responder. Y si aprueba el 80 por ciento pasará a un examen práctico. Ahora los actores viales tienen que estar formados y capacitados para poder manejar un vehículo o una moto en la calle, y más si hablamos de un servicio público”, explicó Rojas Giraldo.
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¿Quién los evaluará? Para tal fin comenzarán a operar, en un plazo máximo de un año, los Centros de Apoyo Logístico de Evalución (Cale). Los nuevos organismos deberán estar acreditados ante el Ministerio y “van a tener unas vías internas en donde el usuario le va a poder demostrar al evaluador que sí tiene pericia, que sí sabe hacer reversa, todas las exigencias que piden las pruebas internacionales”, agregó Rojas.
El otro cambio lo deberán asumir los centros de enseñanza. En la resolución del 5 de mayo expedida por el Ministerio se ajustan las tarifas que cobran los establecimientos a los aspirantes. Los centros de enseñanza que cobren valores diferentes a los autorizados incurrirán en sanciones, se advierte en el documento.
“El rango es para los centros de enseñanza que va entre 150 mil pesos y un millón de pesos. Un rango ilógico, insensato. No podemos permitir que a las personas les den un certificado fraudulento. Lo que hicimos es que con la nueva resolución se cobre un rango coherente para que ninguna academia pueda cobrar menos o más de acuerdo a esos rangos. Haremos un control muy juicioso con la Policía y con la Fiscalía para saber qué centros de estos entregan certificados sin hacer el curso”, explicó el ministro.
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Se espera que con estos cambios se logre mejorar la seguridad vial y garantizar la idoneidad de los nuevos conductores de vehículos, así como evitar que los centros de enseñanza cobren más de lo permitido.
