Una jornada de movilización nacional por el costo de vida terminó convertida en una verdadera batalla campal en Francia. El hecho más grave se registró en la ciudad de Limoges, al oeste del país, donde el histórico edificio de la alcaldía, construido en el siglo XIX y considerado monumento histórico, quedó destruido en casi un 100% tras un voraz incendio provocado de forma deliberada.
Según el reporte oficial de las autoridades locales, un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en las inmediaciones del ayuntamiento, atacó un vehículo policial y rompió los ventanales para ingresar al inmueble y prenderle fuego. Las llamas consumieron velozmente la estructura, provocaron el colapso del campanario y destruyeron por completo el tejado de la parte histórica.
El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, calificó lo sucedido como un ataque perpetrado por una «horda salvaje», precisando que los bomberos únicamente lograron salvar una sección moderna ubicada en la parte trasera del recinto.
Caos, saquéos y choque social a nivel nacional
Lo ocurrido en Limoges no fue un hecho aislado. De acuerdo con balances oficiales, la movilización contra la «carestía de la vida» reunió a cientos de miles de manifestantes en ciudades como París, Marsella, Lyon, Lille, Rennes y Toulouse.
La jornada concluyó con un saldo violento en todo el territorio francés:
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Detenciones masivas: Las autoridades reportaron más de 1.200 personas capturadas y al menos 150 miembros de las fuerzas de seguridad heridos.
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Ataques a sedes públicas: Además de Limoges, en Marsella manifestantes irrumpieron brevemente en la sede del Ayuntamiento, mientras que en Lyon fue incendiada una oficina de turismo.
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Saqueos e incendios: Comercios y tiendas del centro urbano de varias ciudades sufrieron destrozos sistemáticos y robos por parte de grupos radicalizados.
Tensión política de cara a las presidenciales
Este estallido de violencia se produce en un ambiente de alta crispación social, impulsado por el descontento ante el precio de la cesta básica y las medidas de ajuste fiscal impulsadas por el Gobierno de Emmanuel Macron de cara al presupuesto de 2027.
Mientras el Gobierno prometió «sanciones ejemplares» para los responsables de los actos vandálicos y la destrucción de patrimonio público, líderes de la oposición y de diversos sectores sociales defienden la legitimidad de los reclamos ciudadanos frente al ahogo económico de las familias.
A tan solo seis meses de las elecciones presidenciales en Francia, la quiebra del orden público en las calles refleja una fractura profunda entre la ciudadanía y las políticas gubernamentales, dejando al país en un escenario de altísima incertidumbre social.
